Lo anterior luego de que el ejecutivo presentará una iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública a la 60 legislatura que establece la desaparición de los organismos autónomos: Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, Instituto de la Juventud Zacatecana, Instituto Estatal de Migración e Instituto de Desarrollo Artesanal Zacatecas, para subsumirse a una secretaria de nueva creación, la Secretaría de Desarrollo Social.
“No hay que perder de vista lo que son los derechos constitucionales, las atribuciones y las facultades de cada uno de los poderes, es mi facultad como gobernador, ósea no necesito, y no es, digamos, en ese sentido, un tema que tenga que someterse a una votación pública, ósea, sino, no habría, no habría operatividad de los gobiernos, habría digamos, se estarían politizando todos los temas, si es un asunto de politizar pues creo que siempre habrá buenos temas y habrá buenos pretextos, pero acá lo que se busca es estructurar.”
Miguel Alonso Reyes argumentó también que una Ley no debe consensarse cuando es en favor de la población “cuando las áreas se fortalecen me parece que no hay necesidad de hacer una consulta pública, cuando los organismos vienen a verse reforzados, vienen a verse con más posibilidad de que las acciones se instrumenten, se implementen, me parece que es un tema que debe sobretodo verse con optimismo.”
En contraposición, Martin Hernández Dones, representante social civil ante el Consejo Nacional en Contra de la Discriminación, denunció que el gobernador estatal debió tomar en cuenta a las aproximadamente 80 mil personas que cuentan con algún tipo de capacidad en Zacatecas al señalar:
“Precisamente si él (gobernador) esta argumentando la eficiencia, pues en este caso tendríamos que haber sido tomados en cuenta, sobre todo las personas con discapacidad, tendrán limitaciones pero pueden manifestar cuales son sus intereses, cuales son sus necesidades y como se pueden satisfacer. Las personas que están al margen de la discapacidad no pueden decidir por ellas, incluso a partir de la Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) las personas con discapacidad tienen personalidad jurídica y pueden gozar y ejercer sus derecho, nosotros lo que queremos ahorita es que se ejerza el derecho y que no se deje al margen a este grupo.”
