En las últimas semanas distintas oficinas del Senado de la República han sido blanco de extorsionadores que en repetidas ocasiones han llamado para exigir al personal la transferencia de recursos a diversas cuentas mediante amenaza o engaño.
Por ello, a través de un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, senadora Geovanna Bañuelos y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, solicitan a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informar qué acciones se han tomado al respecto.
Diversos medios de comunicación han dado cuenta del intento de extorsión que se ha registrado al interior del Senado, en específico en oficinas de los legisladores.
Desde finales de diciembre del 2019 y principios del mes de enero de 2020, se han registrado llamadas de los números 35 32 04 95 15 y 35 32 04 91 15, en los cuales se ha extorsionado al personal que labora en la Cámara Alta utilizando dos Modus Operandi.
En uno de los casos, los extorsionadores se hacen pasar por personal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para informar sobre una supuesta multa a la que es acreedor el senador de la oficina en cuestión e informan que esta sanción podría evitarse si en ese momento se realiza la transferencia.
En la segunda forma preguntan por el senador diciendo que llaman a nombre de otro senador o senadora quien pide su apoyo para la recepción de unos paquetes.
Posteriormente, solicitan el de celular de quien contesta la llamada y al mismo tiempo otra persona marca al número haciéndose pasar por el legislador para pedir un préstamo que cubra la entrega de los paquetes.
La mayoría del personal se ha dado cuenta de que se trata de una estafa; sin embargo, algunos trabajadores han caído en el engaño y fueron extorsionados hasta con un monto de 38 mil y 60 mil pesos.
Por ello, Geovanna Bañuelos urgió a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República informar sobre las estrategias y acciones que se han tomado para combatir las llamadas de extorsión ante su constate aumento.
Además de proporcionar información sobre la base de datos nacional de los números donde proceden las extorsiones, así como las cifras y los datos con los que se cuenta sobre este ilícito y cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación con otras instituciones.
