Por Juan Gómez
Director de Pórtico.mx
La captura del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, luego de más de dos años de haber huido del país por las denuncias sobre actos de presunta corrupción en su contra, abre la posibilidad de que otras denuncias interpuestas desde hace cuatro años ante la Fiscalía General de la República y la de Justicia de Zacatecas, se reactiven en contra del ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes.
Durante la primera visita que hizo a Zacatecas el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Alejandro Tello Cristerna le planteó la necesidad de apoyar al estado con obra pública (los proyectos de la carretera cuatro carriles a Aguascalientes y el de la presa Milpillas), además del financiamiento para el pago de sueldos y prestaciones para el magisterio zacatecano, ante lo cual, el mandatario le respondió que ahí tenía entre sus recursos lo que demandaba.
López Obrador no se refería a algún ahorro interno del mandatario estatal, sino a los recursos que habría que requisitarle a su antecesor Miguel Alonso Reyes, que habrían causado un daño a la hacienda pública estatal.
La presidencia de la República tiene información sobre el quebranto a la hacienda pública zacatecana, y probablemente conoce los pormenores de las transacciones y tráfico de influencia que se hicieron durante la administración priista de Alonso Reyes.
El ex gobernador tiene dos factores que obran en su contra: su acercamiento personal y político con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari que le protegió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-1018) y que le abrió el camino para llegar a la dirección del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) y su “desempleo” en la política nacional.
En política no hay “suerte” ni casualidades, todo obedece a la lógica de la negociación, los acuerdos y los compromisos; a los tiempos y circunstancias.
Y en ese contexto se dio el nombramiento del ex gobernador Miguel Alonso Reyes a la dirección de Fonatur el 29 de noviembre de 2016 por el entonces secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, designación que fue criticada por el entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que el ex mandatario, al asumir el cargo en la administración estatal zacatecana, registraba un déficit de 600 millones de pesos y que al concluir su mandato quedaba en 12 mil millones de pesos.
Es incorrecto que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya puesto sus ojos en un político como Alonso Reyes para una responsabilidad como esa, sobre todo por la serie de indicios que existen respecto a que durante su gubernatura, Alonso Reyes se enriqueció, publicó en sus redes sociales el actual presidente de la República.
El entonces aspirante a la presidencia de la República publicó el 30 de noviembre de 2016 lo siguiente: Es mucho el cinismo, mucha la corrupción, afortunadamente ya la gente sabe que esto va a terminar, ya falta poco, 19 meses, ánimo.
Cabe mencionar que el pasado 13 de noviembre de 2019 se dio a conocer el nombramiento del ex gobernador zacatecano como secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, noticia que fue celebrada por el presidente del comité estatal priista, Gustavo Uribe Góngora y por sus simpatizantes e incondicionales.
Sin embargo al revisar este día el directorio nacional del CEN del PRI el nombramiento de Miguel Alonso Reyes no aparece en su página digital, lo cual significaría que quedó sin efecto dicho nombramiento honorífico, y que el ex mandatario estatal se encuentra sin empleo y sin red de protección política.
El jueves pasado (09 de julio) la senadora por Morena, Soledad Luévano Cantú, apuntó en la entrevista con Pórtico.mx dos señalamientos que son importantes:
1.- Que el gobierno estatal de Alejandro Tello Cristerna le presta protección al ex mandatario.
2.- Que entabló una conversación con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para reactivar el expediente de denuncias en contra de Alonso Reyes.
En el primer punto al actual gobernador priista Tello Cristerna le ha resultado muy incómoda la sombra de su amigo Miguel Alonso, por el cúmulo de señalamientos en su contra por presuntos actos de corrupción, por el quebranto de las finanzas estatales que llegaron a niveles de “asfixia” presupuestal y por su pretendida intromisión en asuntos de política interna.
Lo anterior significaría que Tello Cristerna estaría a un tris de quitare la red de protección a su antecesor, cuando las presiones arrecien, sobre todo, cuando inicie la sucesión gubernamental. En ese período el presidente López Obrador pondrá en juego todos los instrumentos del poder para doblegar al priismo nacional para lograr la mayoría en lo que será la integración de la LXV legislatura federal.
En la entrevista con Informativo Pórtico (Pórtico.mx) la legisladora Luévano Cantú subrayó que en la FGR (Fiscalía General de la República) habían “perdido” el expediente en contra de Miguel Alonso, pero que ya lo habían encontrado, lo que apunta que en perspectiva, la indagatoria tendrá seguimiento y que el gobernador priista podría ser citado a declarar en su favor ante los alegatos jurídicos en su contra.
Desde el 17 de septiembre de 2019 El Universal informó que el 27 de mayo de ese año la delegación de la PGR (Procuraduría General de la República) en Zacatecas había abierto una carpeta para investigar a Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado a la sazón, por acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado.
En aquel momento se dio a conocer que el expediente número FED/ZAC/0000243/2016 adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador B había integrado la carpeta de investigación en contra de Miguel (Alejandro) Alonso Reyes, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, y lo que resulte.
La denuncia la había interpuesto la entonces diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) Bibiana Lizardo y otros legisladores, quienes ofrecieron pruebas por la supuesta compra de terrenos hecha por prestanombres del gobierno de Alonso Reyes en zonas protegidas que serían convertidas en fraccionamientos o residencias.
No todo quedaba ahí. El 06 de diciembre de 2016 la entonces ex candidata de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) a la capital zacatecana a quien el PRI le había arrebatado el triunfo en tribunales electorales por supuestos actos anticipados de campaña, presentó una denuncia ante la PGR por el presunto desvío del erario público por al menos de 307.4 millones de pesos del 2012 al 2016 durante la administración de Miguel Alonso Reyes, recién nombrado director de FONATUR.
De acuerdo a la denuncia de 121 fojas, al menos 24 empresas fantasma habrían sido utilizadas para triangular recursos con la participación del ex gobernador, así como los ex secretarios de Infraestructura, Mario Rodríguez Márquez (hermano del actual representante del gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México, Raúl Rodríguez Márquez y de la diputada por el Partido Verde Ecologista de México en la LXIII legislatura zacatecana y dirigente de este partido en el estado, Susana Rodríguez Márquez) y del ex secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, por proporcionar adjudicaciones directas en las convocatorias publicadas para obra pública y servicios.
Ante los medios de comunicación la actual senadora declaró que “fuimos a verificar físicamente los domicilios de las empresas y no existen, inclusive nadie sabe de ellas. Hay solamente dos empresas que sí existen, pero el tipo de operaciones que realizan están siendo investigadas por lavado de dinero”.
Existe otra denuncia presentada por el abogado Alberto Gaytán, ex director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas durante el gobierno de la gobernadora Amalia García Medina (2004-2010), ante la entonces procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez González, actual contralora del Poder Judicial federal.
También existen numerosos correos electrónicos cuyo contenido parcial fue publicado por el diario El Universal en el que se consigna la participación del hermano mayor del ex gobernador, Juan Alonso Reyes, en donde se presume tráfico de influencia en la asignación de obra pública de las convocatorias publicadas por la administración alonsista.
El arresto del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez abre la posibilidad de que el caso Miguel Alonso sea revisado en el mediano plazo, y que la Fiscalía General de la República lo cite a comparecer, en un escenario propicio en el combate del gobierno federal en contra de la corrupción.
Al tiempo.
