Por | Gabriel Contreras Velázquez
Han pasado 7 años, 5 meses y 23 días desde que David Monreal Ávila presentó ante el pleno del Senado de la República un proyecto de decreto con el que pretendía adicionar una fracción al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la figura de revocación de mandato aplicable a representantes de elección popular.
Presumió, con cierta negligencia, que sólo Zacatecas y Sonora eran los dos estados de todo el país que hasta entonces habían reconocido esta figura de participación ciudadana. Como se explicó en una entrega anterior, la revocación de mandato existe desde 2003 en la constitución local como letra muerta pues Ricardo Monreal Ávila nunca propuso su ley reglamentaria.
De aquellos días como legislador de la Cámara Alta con una dieta de 263 mil 67 pesos, poco o casi nada queda, más allá de los ingresos. Y es que, durante su última campaña política al gobierno estatal, David Monreal se refirió al ejercicio de revocación de mandato en una sola ocasión. Eso el 4 de junio del 2021, hace ya 294 días.
Instalado en el ejecutivo estatal, el excoordinador de Ganadería al que le preceden ocho líneas de investigación en la Secretaría de la Función Pública federal, volvió a proponer el tema el 12 de septiembre, durante su toma de protesta en el Palacio de Convenciones. De aquella fecha, a la actualidad se suman otros 194 días sin hablar de ninguna revocación de mandato.
Indirectamente, a través de un desplegado que firmaron gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación, el 13 de febrero apareció el nombre de David en una imagen que fluyó de manera viral en redes sociales con este pronunciamiento. Sin embargo, su voz nunca hizo eco a un tema prioritario en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si bien es cierto que sólo las autoridades electorales, así como la ciudadanía a título personal, pueden promover este ejercicio de participación ciudadana, el periodo de difusión inició el 8 de febrero y concluirá hasta el próximo 6 de abril con la finalidad de dar a conocer los resultados de las urnas y los pasos a seguir con los votos recabados.
Son exactamente 57 días en que la nueva gobernanza pudo haber demostrado que mantiene aceitados sus vasos comunicantes en grupos de WhatsApp, Facebook y Twitter, como lo hicieron en campaña, pero nadie movió un solo dedo para difundir la revocación que sí es prioritaria en Palacio Nacional. Desde sus perfiles personales, nada les impedía divulgar este ejercicio.
En sentido contrario, a última hora, y ya sin mucho sentido, siete diputadas y diputados de las bancadas oficialistas interrumpieron sus labores en la LXIV Legislatura con la finalidad de “promover” lo que no hicieron desde el 8 de febrero, un día después de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la jornada de revocación de mandato de este 28 de marzo.
Y nadie mejor que Maribel Galván Jiménez (ahora “coordinadora” de los davidistas) para retratar el desinterés real de salir a las calles a hablar de revocación. Sucede que la fresnillense pidió se registrara su asistencia a minutos de acabar la sesión legislativa del miércoles, y así evitar que le descontaran el día en el que realizó funciones ajenas a su encargo popular.
Entre Jerez y Río Grande, distritos a los que ni siquiera pertenecen, se repartieron el “trabajo de difusión” entre Armando Delgadillo Ruvalcaba, Violeta Cerrillo Ortiz, Analí Infante Morales, Sergio Ortega Rodríguez, Roxana del Refugio Muñoz González, y Nieves Medellín Medellín. Luego el desinterés cundió, y aprovecharon la apatía más legisladores.
José Luis Figueroa Rangel, Priscila Benítez Sánchez, Imelda Mauricio Esparza, Susana Barragán Espinosa y Georgia Fernanda Miranda Herrera mejor se tomaron otro día de asueto y la sesión de ayer jueves terminó en tres llamadas al pleno de parte de José Xerardo Ramírez Muñoz que no completaron el quórum.
¿Por qué disimular el supuesto apoyo a la revocación que solicitaron los seguidores de López Obrador (donde no se cuentan los monrealistas), a escasos días de que la gente salga a las urnas? Esa una pregunta a la que sólo pueden responder David y sus muchachos. Lo cierto es que después de 7 años, al de la nueva gobernanza se le borraron las memorias de su trayectoria política.
Ni siquiera existió una agenda legislativa de los guindas que marcara los puntos centrales del proyecto de la nueva gobernanza, en la que se incluyera la misma iniciativa de la que se ufanaba en sus ayeres, ahora para aplicarse en el anhelado cargo de “gobernador” (así le dicen) que entiende como una sucesiva aparición en videos de Facebook.
Por cierto, en el proyecto de decreto que propuso al Senado aquel 2 de octubre del 2014, David exponía que sólo se necesitaría el 30% de los votos que hubiera obtenido el representante popular en la votación correspondiente para que procediera su destitución. O sea que, si aplicamos su misma fórmula, tan sólo 100 mil votos nos separan de desaparecer su “nueva gobernanza”. Regalado.
#Casualidades: David Monreal no va solo en eso de presentar tremendas iniciativas de cosas que no le quedan muy claras. También está el diputado Ernesto González Romo que cobra 103 mil pesos mensuales por argumentar disparates.
Con dedicatoria, aunque no queda muy claro a quién, dice que la Comisión de Asuntos Electorales deberá de resolver su iniciativa de reforma para arrancar de sus curules a todos y todas las plurinominales que renuncien a su bancada de origen.
A decir de González Romo, sus dos cuartillas van para Enrique Manuel Laviada Cirerol. Aunque, si el disparate tuviera futuro alguno, a quien más afectaría es precisamente a Ricardo Monreal Ávila, que de plurinominal en plurinominal ha mudado cuatro veces de partido.
Primero renuncia al PRI para candidatearse en el PRD, al que abandona para mantener vigencia electoral en el PT. Después encuentra salida en Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y finalmente salta al barco de Morena.
Empero, estos delirios del diputado distorsionan en unos cuantos teclazos los derechos a votar y a ser votado. Ernesto piensa que la representación popular se da en función únicamente de la militancia a un partido, y no de la fuente de toda legitimidad: el voto.
Es tan absurdo como pensar que si no se es militante de un partido ni se puede votar ni se puede pedir el voto. Los institutos políticos son sólo medios para un fin, y no órganos que obstaculizan la vida política y los derechos ciudadanos. Pero, explíquenle a un necio
