Por Juan Gómez
En la comunidad universitaria de la Máxima Casa de Estudios de Zacatecas se viven momentos de gran preocupación, debido a los antecedentes financieros, los paros académicos constantes, la crispación entre distintas corrientes académicas, el crecimiento exponencial de una deuda impresionante con el ISSSTE y la detención de un rector por presunta violación agravada contra una menor.
Pero si usted que lee estas líneas cree que lo anterior es lo más grave que registra la Universidad Autónoma de Zacatecas, está levemente equivocado, porque pende una notificación en contra de la candidata a la rectoría, Jenny González Arenas, por denuncia de presunta administración fraudulenta interpuesta por un grupo de docentes afines a la rectoría.
El escenario es un coctel de inestabilidad no solo para la Máxima Casa de Estudios del estado, sino para el gobierno morenista, debido a que estos factores confluyen al final del proceso de elección de autoridades en la UAZ, aspecto que seguramente no está midiendo adecuadamente el gobierno estatal.
Este fin de semana la población estudiantil del sistema semi escolarizado votó en las distintas unidades académicas que ofertan este modelo educativo, de lo cual la Comisión Electoral Universitaria no ha dado ningún reporte sobre el comportamiento de la participación.
El próximo miércoles emitirán su voto el resto de la comunidad universitaria del sistema escolarizado, maestros, estudiantes y administrativos, y ese mismo día, la Comisión Electoral emitirá el resultado.
Por otro lado en las próximas horas el juez de control que preside el juicio en contra del rector Rubén “N” valorará las pruebas que aporten tanto los padres como la representación legal de la víctima, así como los argumentos de la defensa jurídica del rector, para que esté en condiciones de emitir o no, la vinculación a proceso.
Rubén “N” protagoniza un escándalo mayúsculo que le ha dado la vuelta al país y que ha sorprendido en el ámbito universitario y de la intelectualidad, pero el tema no se estanca solamente en este tipo de especulaciones, sino que en el primer plano existe también una presunta víctima que es menor de edad y una familia que demanda justicia y la aplicación de la ley.
Estacionarnos meramente en la posible constitución de un delito, es solamente ponderar el morbo de un hecho o denuncia que golpea en el ámbito académico universitario, y no dimensionar el daño emocional y las repercusiones que tendrá en la víctima y en sus padres.
El segundo factor en esa escala de importancia es el político. El gobernador David Monreal Ávila está obligado a respetar la decisión de los universitarios en la elección de sus autoridades y representantes. No hacerlo, pondría en riesgo la estabilidad de su administración cuando está a poco más de tres meses de rendir su cuarto informe de gobierno, la antesala de su sexenio.
Monreal Ávila ha cultivado una pésima relación con el sector educativo en Zacatecas. Es evidente la confrontación que ha tenido con los sindicatos magisteriales de educación básica y media superior y con los institutos tecnológicos, pero agregar un conflicto con la UAZ sería la finalización prematura de un gobierno que no tiene un saldo positivo hasta el momento en el estado.
Este contexto es el que acompaña al citatorio emitido por la Fiscalía de Justicia del Estado, motivado por una denuncia de presunta administración fraudulenta de la candidata a la rectoría, Jenny González Arenas, la ex dirigente del Sindicato de Personal Académico de la UAZ, quien ha mantenido una postura independiente y crítica en su desempeño.
Los ojos de los universitarios y de la ciudadanía, están puestos en la acción que determine el fiscal de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya.
La decisión que tome el fiscal deberá ser apegada a derecho y no a otros fines de carácter político, lo que también marcará su desempeño en el estado y contribuirá a evitar una mayor alteración del orden público y de confrontación.
¿Qué decidirá?
Al tiempo.
@juangomezac
