Por Juan Gómez
La última década en Zacatecas ha mostrado no solamente la debilidad de los gobiernos, tanto priistas como el actual morenista, para enfrentar el deterioro social de un estado cuyo signo principal es el estancamiento financiero, la prevalente inseguridad y violencia y en especial, la debilidad institucional y la falta de liderazgo político.
Zacatecas es un estado con aproximadamente Un millón 650 mil habitantes, en donde las oportunidades de empleo y desarrollo económico son muy escasas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, lo que sumerge a los zacatecanos en un estado de frustración y desánimo.
Lejos de tener un gobernador que tenga no solo la sensibilidad para detectar este estado de ánimo de sus gobernantes, el mandatario estatal montó en la tequedad de pretender construir un segundo pido en el bulevar Adolfo López Mateos, el cual ha sido rechazado sistemáticamente por la población.
Ante esta situación, la sociedad civil a través de la organización Ciudadanía Participativa AC, el despacho jurídico Rada y Asociados y el partido Movimiento Ciudadano, han ganado los amparos de suspensión definitiva interpuestos ante el Poder Judicial de la federación, pero el gobernador David Monreal Ávila se ha negado a respetar.
Zacatecas tiene un gobernador que no respeta la ley, lo cual es muy grave en una sociedad democrática, pero sobre todo, en un estado vulnerado por la impunidad y la violencia.
Ante este escenario el mandatario estatal ha perdido el liderazgo político, en un Zacatecas en donde los bloqueos de carreteras y avenidas por organizaciones de productores del campo, por maestros del SNTE, Cobaez, CECYTEZ, se han vuelto vida cotidiana.
A este escenario de movilizaciones habría que sumar las manifestaciones de madres buscadoras y de distintas organizaciones sociales, que exigen la presentación de sus hijos, hijas, que han desaparecido y que, ante el aumento del delito, la Fiscalía General de Justicia ya no publica en su red social de X las fichas de búsqueda.
Inexplicablemente desde hace varias semanas la Fiscalía dejó de publicar las fichas de las y los desaparecidos, lo cual era un instrumento importante en la búsqueda y hallazgo de las personas.
Aunado a lo anterior se suma a este escenario la descomposición que se vive en la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuyo rector fue aprehendido por la Policía de Investigación el pasado 09 de mayo por el delito de violación agravada equiparada y el 14 de mayo se le reclasificó el delito por el de abuso sexual agravado, lo que le permitió salir en libertad, al obtener una sentencia de solo cuatro años.
En la reclasificación del delito por el procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad, el rector de la UAZ pudo salir del CERESO escoltado por patrullas de la Policía estatal, lo que muestra su estrecha relación con el poder en turno.
Pero además en pleno proceso de elección por la rectoría para el periodo 2025-2029, la Fiscalía de Justicia giró orden de presentación en contra de la candidata a la rectoría de la UAZ, Jenny González Arenas, quien se presentó de manera voluntad para responder por a la denuncia de Administración fraudulenta, formulada por un tres universitarios, lo que derivó con la vinculación a proceso de la Juez de Control, quien desestimó la argumentación que con solidez hizo su defensa jurídica.
Este último escenario ha sido interpretado no solo por universitarios opositores a la actual administración rectoral, sino por un amplio sector de la sociedad zacatecana, como una burda intervención del gobierno del estado, el cual durante el rectorado de Rubén Ibarra Reyes, mantuvo sometida a la Máxima Casa de Estudios, a la que utilizó para pretender validar, mediante una encuesta, la realización del segundo piso en el bulevar López Mateos.
Este es el escenario que se vive en un Zacatecas asediado por la impunidad, la falta de empleo tanto en el campo como en las zonas urbanas, con una caída en la actividad turística; con un aumento de jóvenes desaparecidos, con una universidad pública con crisis institucional, presa del intervencionismo estatal y el tráfico de influencia, lo que ahonda un escenario de descomposición social.
Al tiempo.
@juangomezac
