México atraviesa una de las crisis humanitarias más profundas de su historia reciente: las desapariciones. La cifra, que supera ya los 130 mil casos, no es un número frío, sino el reflejo de miles de familias rotas, vidas suspendidas y un dolor que el Estado ha sido incapaz de atender con seriedad y responsabilidad.
El incremento es alarmante. Entre 2015 y 2025, los casos de personas desaparecidas y no localizadas crecieron un 213%, según México Evalúa. Lejos de contenerse, la tragedia se ha intensificado, particularmente en los últimos dos sexenios morenistas, donde la política pública ha fallado en garantizar lo más básico: la vida y la seguridad de las personas.
Las cifras oficiales evidencian esta realidad. Durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron 17 mil 054 casos; con Enrique Peña Nieto, 34 mil 557; con Andrés Manuel López Obrador, 52 mil 574; y en apenas 18 meses de Claudia Sheinbaum, ya suman 17 mil 868. La tendencia es clara, y de continuar así, el actual sexenio podría cerrar con más de 70 mil casos.
Sin embargo, lo más preocupante no es sólo el crecimiento, sino la respuesta institucional. En lugar de reconocer la magnitud del problema, el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por minimizarlo. La reclasificación de expedientes para reducir artificialmente la cifra a poco más de 43 mil casos vigentes representa una estrategia de simulación que invisibiliza a las víctimas y sus familias.
La gravedad de la situación ha trascendido fronteras. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha solicitado llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU, con el fin de que se activen mecanismos internacionales de apoyo.
No se trata de una intromisión, sino de un llamado urgente ante una crisis que el Estado no ha podido resolver.
Los hallazgos son contundentes. La comisión encontró indicios fundados de desapariciones forzadas, incluso con posibles responsabilidades de agentes del Estado, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.
Además, refirió el descubrimiento de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, donde se han encontrado unos 6 mil 200 cadáveres y alrededor de 72 mil restos humanos no identificados, lo que revela un patrón sistemático de violencia contra la población civil, que podría equivaler a crímenes de lesa humanidad.
Frente a ello, resulta lamentable la postura del gobierno federal, que ha rechazado los señalamientos de la ONU.
Más grave aún es la actitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha optado por respaldar la narrativa oficial en lugar de defender a las víctimas. Negar la existencia de desapariciones forzadas no las borra; sólo profundiza la impunidad.
México no puede seguir negando su realidad. Reconocer la crisis es el primer paso para enfrentarla. La colaboración internacional no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado y garantizar justicia.
Porque mientras las autoridades discuten cifras, hay miles de familias que siguen buscando a sus desaparecidos. Y para ellas, el tiempo no es estadística: es vida.
Noemí Luna
Diputada Federal
