Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
La libertad de expresión tiene una extraña capacidad para enamorar a los gobiernos cuando los elogian y para irritarlos cuando los cuestionan; es probablemente el derecho más citado en los discursos oficiales y uno de los más incómodos cuando alguien decide ejercerlo de verdad.
El hecho se repite con una constancia casi religiosa. Cuando los medios publican aplausos, cuando las entrevistas son cómodas y cuando las redes sociales replican el mensaje correcto, la libertad de expresión es presentada como una conquista democrática; cuando aparecen preguntas incómodas, investigaciones periodísticas o críticas que rompen la armonía del coro, entonces comienzan las explicaciones sobre la responsabilidad, la prudencia y la necesidad de poner ciertos límites. Curiosamente, esos límites casi nunca aparecen para quienes aplauden.
Por supuesto que este derecho no es absoluto; ninguna democracia seria sostiene semejante cosa. Existen límites legítimos frente a expresiones que promueven violencia o discriminación contra grupos vulnerables, precisamente ahí aparece la discusión sobre el discurso de odio. El problema comienza cuando el concepto deja de ser una categoría jurídica y se convierte en una herramienta política, porque entonces la línea entre proteger derechos y proteger susceptibilidades gubernamentales se vuelve peligrosamente delgada.
Y México conoce bastante bien esa tentación, somos un país donde todavía hay periodistas que salen a trabajar sin saber si regresarán a casa, donde la impunidad parece disfrutar de mejor salud que muchas instituciones públicas y donde cada cierto tiempo surge alguna propuesta para regular las redes sociales, combatir la desinformación o proteger a la ciudadanía de los peligros de internet; casi siempre se trata de iniciativas tan bondadosas que uno termina revisando la cartera para asegurarse de que todavía la trae consigo.
La censura también aprendió a modernizarse, ya no siempre aparece vestida de uniforme ni clausurando periódicos; ahora suele llegar acompañada de contratos de publicidad oficial, convenios institucionales, campañas digitales y recursos públicos distribuidos con una precisión admirable. Quien repite el mensaje correcto recibe apoyo, quien pregunta demasiado descubre las virtudes del aislamiento financiero. Es una forma elegante de censura porque permite negar que existe mientras produce exactamente los mismos efectos.
La libertad de expresión no se viola únicamente cuando alguien prohíbe hablar; también se deteriora cuando el costo de hablar se vuelve demasiado alto. Cuando una investigación desaparece antes de publicarse, cuando una crítica se guarda en un cajón o cuando el silencio comienza a parecer una estrategia razonable de supervivencia, la censura ya ganó una parte importante de la batalla sin necesidad de emitir una sola prohibición.
Y quizá por eso la discusión es mucho más profunda de lo que parece. La democracia en América Latina no se está muriendo de golpe; nadie está cerrando congresos ni sacando tanques a las calles. Lo que vemos es algo más sofisticado y por eso mismo más peligroso. Siguen existiendo elecciones, partidos políticos y campañas electorales; pero cada vez más ciudadanos votan sin sentirse representados, opinan sin sentirse escuchados y observan cómo derechos que aparecen con enorme claridad en la Constitución desaparecen misteriosamente cuando llega el momento de hacerlos efectivos.
El verdadero riesgo no es únicamente el autoritarismo abierto. El riesgo es una democracia de utilería, una democracia donde el escenario sigue en pie pero los actores principales ya no son los ciudadanos; una democracia capturada por el dinero, por el crimen organizado, por la polarización permanente, por la desinformación y por instituciones cada vez más débiles. Se conserva el ritual de votar, pero se pierde lentamente la posibilidad real de decidir.
Y cuando la democracia se vacía, la libertad de expresión empieza a vaciarse con ella. Una ciudadanía que no confía en las instituciones participa menos; un periodista amenazado investiga menos; una sociedad dividida escucha menos. Poco a poco las voces siguen ahí, pero cada vez influyen menos. Es el equivalente político de esos restaurantes que mantienen el letrero de abierto mientras ya están levantando las sillas.
Por eso defender la democracia no consiste únicamente en defender elecciones. También significa defender jueces independientes, organismos autónomos, árbitros electorales confiables, prensa libre, seguridad pública y derechos sociales efectivos; porque sin esos elementos la democracia deja de ser poder ciudadano y se convierte en escenografía institucional, muy útil para las fotografías oficiales y bastante menos útil para resolver los problemas de la gente.
En este contexto vale la pena reconocer a las comunicadoras y comunicadores de Zacatecas; a quienes informan desde la radio, la televisión, los periódicos, los portales digitales y las redes sociales. A quienes piensan distinto entre sí, porque la libertad de expresión no existe para proteger únicamente a quienes coinciden con nosotros. Podemos discrepar de sus ideas, de sus posiciones políticas o de sus opiniones; precisamente por eso debemos defender su derecho a expresarlas.
La democracia no necesita periodistas obedientes ni comunicadores domesticados. De esos siempre han estado llenos los regímenes autoritarios. Lo que necesita son voces libres, diversas e incómodas, porque las preguntas difíciles suelen ser mucho más útiles para una sociedad que los aplausos fáciles.
Por eso debemos decir que cuando una sociedad comienza a creer que ciertas opiniones deben callarse porque resultan incómodas, el problema ya no es la opinión. El problema es el poder que decide cuáles voces merecen ser escuchadas y cuáles deben desaparecer del debate público. Y la historia tiene una mala costumbre: cada vez que el silencio se instala como política de Estado, tarde o temprano termina pidiendo más silencio del que originalmente prometió.
