Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Los mexicanos somos pacientes. Hacemos filas, soportamos trámites interminables y hasta aceptamos que una autoridad nos diga que una obligación comenzará en una fecha… para después anunciar una prórroga. Eso ocurrió otra vez con el registro obligatorio de líneas telefónicas. El calendario cambió, el problema constitucional no.
La prórroga debería encender una alarma. No porque el registro vaya a desaparecer, sino porque demuestra que la política pública nació con un problema de origen. Cuando millones de personas no registran su línea, la primera explicación no siempre es la irresponsabilidad ciudadana; a veces significa que el Estado no logró convencer a la sociedad de que entregar más datos personales realmente hará más segura su vida.
La promesa parece irresistible. Vincular cada número telefónico con una CURP permitirá combatir la extorsión, el fraude y el secuestro virtual. Nadie discute que esos delitos deben perseguirse con toda la fuerza del Estado; lo que merece discusión es otra cosa. ¿De verdad la solución consiste en identificar previamente a toda la población?
Hace unos años México ya recorrió ese camino con el PANAUT y terminó estrellándose contra la Constitución. Parecía que habíamos aprendido la lección, pero el entusiasmo por construir grandes bases de datos tiene la extraña costumbre de regresar con distinto nombre y el mismo argumento; ahora sí funcionará.
La diferencia es que hoy existe un elemento nuevo. Hace apenas unos días el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito habló de un concepto que probablemente marcará el futuro del derecho constitucional mexicano, la soberanía digital personal. La idea es poderosa porque recuerda algo que con frecuencia olvidamos; nuestra identidad digital también forma parte de la libertad. No basta con proteger una fotografía o una huella digital; lo que merece protección es el derecho de cada persona a conservar el control sobre la información que permite reconstruir su vida.
Y vaya que hoy dejamos huellas. El Estado conoce nuestra información fiscal, nuestros bienes registrados, nuestra seguridad social, nuestros documentos de identidad y, cuando la ley lo autoriza, puede acceder a información que obra en poder de particulares. No porque exista una conspiración, sino porque así funcionan muchas instituciones modernas. El problema aparece cuando cada nueva crisis parece resolverse pidiendo otro dato, creando otro registro o ampliando otro sistema de identificación.
George Orwell imaginó un gobierno que observaba a todos a través de pantallas. Se equivocó en un detalle. No imaginó que algún día cargaríamos esas pantallas en el bolsillo y que nosotros mismos las convertiríamos en el centro de nuestra vida; banco, oficina, escuela, fotografías familiares, conversaciones, ubicación, trabajo y hasta la persona de la que nos enamoramos pasan, de una u otra forma, por un teléfono celular.
La respuesta oficial es inmediata; el gobierno no almacenará directamente esos datos, serán las empresas telefónicas quienes los conserven. Es cierto, pero constitucionalmente eso no cambia el fondo del asunto. Esa base existe porque la ley ordenó crearla y existe para que, cuando una autoridad investigue un delito, pueda identificar al titular de una línea. El debate nunca ha sido dónde está el servidor; el debate es si un Estado constitucional puede obligar a millones de personas a integrarse en un sistema de identificación preventiva bajo la amenaza de suspender un servicio que hoy resulta indispensable para trabajar, estudiar, recibir atención médica o simplemente comunicarse con la familia.
Hay otra ironía que rara vez aparece en los comunicados oficiales. El comerciante, la maestra, el estudiante o el trabajador registrarán disciplinadamente su línea. Las organizaciones criminales seguirán utilizando teléfonos robados, chips obtenidos con identidades falsas, servicios cifrados, plataformas especializadas y cualquier tecnología que les permita mantenerse un paso adelante. La carga vuelve a recaer sobre quien ya respetaba la ley.
Combatir la extorsión exige fiscalías que investiguen, inteligencia financiera, control efectivo de las cárceles, policías capacitadas y tecnología aplicada contra las organizaciones criminales. Ninguna de esas tareas se sustituye construyendo una base de datos más grande. Confundir cantidad de información con calidad de investigación suele ser un error muy costoso.
Si esto continúa así, quizá convenga desempolvar las cartas escritas a mano o empezar a entrenar palomas mensajeras. No porque sean más rápidas, desde luego, sino porque todavía nadie les ha pedido vincular sus alas con la CURP para autorizar el vuelo.
Las democracias no pierden libertades de un solo golpe; normalmente las van entregando trámite por trámite, registro por registro y prórroga tras prórroga. El día que dejamos de preguntarnos si el poder realmente necesita saber un poco más de nosotros, descubrimos que el verdadero registro ya no estaba en el teléfono; estaba en nuestra costumbre de aceptar que cada problema se resuelve renunciando a otro pedazo de libertad.
