FRANCISCO RODRÍGUEZ
Todo tiene que ver con la creciente debilidad de Morena y el riesgo que los cuatroteros ya perciben: que perderán muchos de los comicios federales y 17 estatales que se celebrarán en 2027, por el mal gobierno, la inseguridad, la corrupción, la carestía, la falta de servicios, el deterioro de la infraestructura… etc.
Primero fue la absurda legislación, aprobada por un espurio Congreso de la Unión –por la sobrerrepresentación y la compra de voluntades– para anular elecciones a causa de la mínima sospecha de que haya habido “influencias extranjeras” adversas al reinecito de Cuarta… justo cuando desde Estados Unidos casi a diario se enderezan acusaciones sobre la “intolerable alianza” de los seguidores de López Obrador con la delincuencia organizada que asuela a los habitantes del país. Estos últimos son quienes en realidad gobiernan, han dicho desde allá en repetidas ocasiones.
Y ahora van en contra de la radio y televisión abierta, al tiempo que la señora Claudia Sheinbaum advierte o amenaza de que medidas similares podrían ser aplicadas a los medios impresos, a las plataformas en la internet y a las, ahora, “malditas” redes sociales.
Sheinbaum no entiende que no entiende, como escribió The Guardian en relación con Peña Nieto: Que el rol de los medios de comunicación y de quienes nos desempeñamos en ellos no es el de ser la oposición, sino informar con verdad e investigar al poder… pero, para los seguidores de López Obrador –de los cuales Sheinbaum es la primera– nos ubican erróneamente somo enemigos.
En regímenes populistas, como el que aquí instauró AMLO, y en Estados Unidos con Donald Trump, se ha vuelto frecuente la estigmatización o desprestigio de los periodistas desde el poder.
Audiencias públicas, ignoradas
AMLO fue mucho más lejos al exponer datos sensibles de periodistas como Carlos Loret de Mola, tras atacar a muchos de ellos de manera casi consuetudinaria, lo que incluso motivó el intento de asesinato, por fortuna frustrado, de Ciro Gómez Leyva.
Los populistas sostienen ante su electorado que la prensa se ha vuelto el enemigo del pueblo.
Lo hace reiteradamente también Trump, descalificado a reporteros incómodos, a quienes ha dicho que son “terribles” en su trabajo, “deshonestos”, “estúpidos”, “odiosos”, “antipatriotas”. Y ha demandado por vía civil a varios medios de comunicación, lo mismo a periódicos que a cadenas de televisión.
Allá aún no llegan a imponer una ley censura. Pero aquí los intentos no cesan por legislarla y ponerla en práctica cuanto antes.
Esas intentonas se dieron hace no mucho con reformas a la legislación que regula las telecomunicaciones, estableciendo lineamientos de derechos de las audiencias en México, impulsados por el gobierno federal a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la cada vez más empoderada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Sobre los derechos de las audiencias, se crearon lineamientos para distinguir entre información y opinión, publicidad y contenido, además del derecho de réplica.
Y aunque el gobiernito del “segundo piso” del régimen de Cuarta… niega que se trate de una medida de censura, pues arguye que busca garantizar información veraz, evitar noticias falsas y fomentar la autorregulación de los medios mediante defensorías internas, organismos civiles y partidos de oposición han advertido riesgos a la libertad de expresión, argumentando que la intervención de un ente regulador administrativo para evaluar contenidos y aplicar sanciones podría abrir la puerta al control de la narrativa pública.
Las autoridades sin autoridad abrieron periodos de consulta pública para debatir los lineamientos generales y recibir propuestas de la academia, la ciudadanía y los concesionarios, pero ya todos sabemos en qué bote de basura arrojaran los cuatroteros las opiniones ahí vertidas.
Las primeras objeciones
Sheinbaum dice que el objetivo de sus “lineamientos” para supuestamente defender los derechos de las audiencias de la radio y televisión abierta son para protegerlas. Es una falsedad. El objetivo es censurar a los críticos de su terrible pésima gestión.
Sheinbaum al parecer ignora que no engañar es la base fundamental del acuerdo democrático entre el mandatario y el mandante.
Las mentiras y las evasivas, profanas o moralinas sólo son, en el mejor de los casos, drogas dulces, simplemente engañifas.
Lo peor para ella, es que una mentira lleva a otra, en una cadena interminable. Cuando se profiere la décima, ya no se recuerda la primera. Pero así actúa a diario esta señora.
En un país en el que los ciudadanos gocen de libertades, la prensa juega un papel crucial. Tiene sus defectos, claro, pero es preferible a una que esté bajo el escrutinio y control de un puñado de burócratas que, además de ideologizados, han demostrado con creces su ineptitud.
Como escribió este martes el colega Andy S. K. Brown, la inquilina de AMLO en Palacio Nacional miente y vuelve a mentir cuando apenas ha dicho que sus “lineamientos” al respecto, dados a conocer a inicios de la semana, se hicieron “de acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, lo que evidentemente resulta falso de toda falsedad.
“Y es que en un comunicado divulgado la tarde del martes, la propia CIRT cree que en esos “lineamientos” podrían existir ‘errores y excesos’, toda vez que el proyecto permite al gobiernito definir que es información falsa o descontextualizada, lo que desvirtúa los mecanismos de autorregulación y anula al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad. Y eso es ¡censura gubernamental!
“La misma Cámara expone que las multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador son excesivas y que, además, van más allá de la ley vigente que solo castiga cuando no se designa defensor de audiencias; y, por no emitir códigos de ética. Son sanciones al margen de la ley.
“Los radiodifusores también apuntan que con el establecimiento de un “recurso de inconformidad”, los cuatroteros terminarán decidiendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no. ¡Censura!
“Y, a reserva de encontrarle todavía más defectos y efectos nocivos a los ‘lineamientos’, los concesionarios también piden aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas, pues delo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales.
“Como se ve esta nueva intentona de ‘ley censura’ no se hizo de acuerdo con la CIRT, como este miércoles dijo la señora Sheinbaum.
“¡Mintió! Para no variar…”
Indicios
Desde este pequeño espacio –que usted engrandece con la lectura de este—este escribidor plantea una pregunta a los connotados juristas que por fortuna tenemos en México: ¿Puede un derecho individual, como es el derecho a ser bien informado, sin tergiversaciones gubernamentales, ser legislado como si fuese un derecho social? Los cuatroteros están actuando conforme a la teoría marxista, un instrumento de dominio y opresión, determinado por intereses clasistas que responden siempre a los de quien detenta los medios de comunicación, por tanto ellos lo categorizan en el contexto de la “verdadera, la única y real contienda: la lucha de clases”. ¿La información es un derecho fundamental de la persona o es de la sociedad? Un tip: En 1979, cuando se legislaba el derecho a la información contenido en la primera gran Reforma Política, creatura de don José López Portillo y don Jesús Reyes Heroles, el maestro Ignacio Burgoa sentenció que una legislación como la que ahora pretende imponer el decadente reinecito de Cuarta… pretende garantizar un derecho individual, la libertad de expresión, agrega simultáneamente una garantía social que implicaría una contradicción, pues mientras la primera establece un límite a la acción gubernamental, la nueva adición sustenta una intervención de la autoridad en el círculo de las relaciones privadas, para dominar en el futuro la vida de las personas. No sólo entrarían en conflicto las diversas expresiones y contenidos del artículo 60., sino que al aplicarse a los medios de comunicación choca con lo señalado en el artículo 7°. Las garantías individuales aludidas establecen las libertades para expresarse y publicar, lo mismo por escrito que a través de otros medios. La garantía social, en cambio, implicaría a la facultad de utilizar la ley “como instrumento para obligar o para prohibir, para convenir o para autorizar, para concertar, o para estimular, o para tantas cosas”, según expresión del licenciado López Portillo. * * * Mi agradecimiento permanente a usted que se tomó el tiempo para leer este Índice Político. Reciba también mis deseos de que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
