Para lograr cambios profundos en nuestro país, son necesarias las reformas, sin embargo se anteponen al bien común de todos los mexicanos las fuerzas externas e intereses mezquinos. Cuando Benito Juárez impulsó significativas transformaciones en su época, luchó por años en contra de los poderes fácticos, particularmente del clero. Y gracias a su visión, tenacidad y congruencia, exterminó los privilegios de unos cuantos.
La clave para que México sea más próspero está en manos de quienes toman las decisiones en nuestro país y vislumbren que el interés supremo somos todos los mexicanos, especialmente a quienes se les ha negado la justicia social.
Hoy nos ocupa hablar de la Reforma Político Electoral y las leyes secundarias contempladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos. (Al momento de realizar este escrito, en la Cámara de Diputados aún se debatía este tema).
Con la Reforma Político Electoral, se sientan las bases para el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), las funciones para los organismos estatales, el nuevo modelo de fiscalización de gastos de partidos, la obligación de dos debates presidenciales, el acceso a medios electrónicos en tiempos de campaña, además de otros temas transcendentales como candidaturas ciudadanas, voto en el extranjero y equidad de género.
De acuerdo a lo que hemos seguido a través de los medios informativos, he podido detectar ciertas omisiones, ambigüedades e inexactitudes que nos ponen en alerta, aunque las máximas autoridades electorales en nuestro país, la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) y el INE, se pronunciaron que la legalidad en los comicios del 2015 está garantizada.
No sabemos aún como operará el INE, pero todo parece indicar que tendremos un instituto centralista, pues será el órgano encargado de organizar las elecciones federales y no solo eso, también las estatales y las locales, esto significa un retroceso, pues se atenta contra la soberanía de las entidades federativas.
Incongruente a la vez, que los consejeros del INE tengan que hacer cumplir la nueva Ley Electoral cuando la gran mayoría fueron integrantes del Instituto Federal Electoral (IFE). ¿Cómo confiar en que ahora sí aplicarán la ley con todo su rigor?
Nos preocupa particularmente, que se pretenda eliminar a los partidos ‘emergentes’ o pequeños elevando el porcentaje de votación a un 3% para que pueda conservar su registro y accedan a prerrogativas (actualmente es del 2.5%).
En la Ley General de Partidos Políticos hay una clara intromisión en la manera de organizarse cada instituto político, pues el documento busca sustituir los estatutos de cada partido político.
En este nuevo ordenamiento legal a través de la Ley General de Delitos Electorales se prevén sanciones más severas como 200 a 400 días de multa y hasta nueve años de prisión a los servidores públicos que coaccionen o prohíban votar por determinado partido o candidato, de igual forma, para quien condicione programas gubernamentales. Otra de las sanciones más severas que incluso ya fueron avaladas por la Cámara de Diputados, impone hasta cinco mil días de multa y hasta quince años de prisión para quien destine dinero a favor de algún candidato o partido político. Caso similar para el precandidato, candidato, funcionario u organizaciones que desvíen fondos, bienes o servicios a favor de algún partido o candidato.
No necesitamos más leyes ni sanciones a los delitos electorales, pues los órganos son obsoletos, como la FEPADE, que desde su creación nunca consignó un delito electoral.
En el tema de la difusión de los medios, los concesionarios de televisión de paga deberán difundir los mensajes de los partidos políticos y la autoridad electoral sin alteración alguna. Falta ver si se cumple, pues en varias ocasiones TV Azteca ha actuado en contra de las disposiciones del órgano electoral.
En cuanto a la propaganda en medios de comunicación, la organización Fundar, recordó que recientemente la Reforma Constitucional establecía la regulación de la propaganda gubernamental, la vigencia de este mandato sería hasta el 30 de abril, lo cual nunca ocurrió. Es indignante que en 2013, Enrique Peña Nieto gastó en publicidad 4 mil millones de pesos. Nos cuestionamos si el INE tendrá la voluntad de regular los gastos millonarios en las campañas para no afectar la equidad en las contiendas electorales.
Respecto a los espacios informativos o noticiosos, la reforma establece que no se debe presentar publicidad que influya en los votantes y que sea encubierta como un ejercicio periodístico, porque ello, pudiera derivar en la nulidad de la elección. Falta conocer los criterios y mecanismos que tendrá la autoridad electoral para detectar la propaganda disfrazada.
El contenido de las candidaturas independientes, tiene un impedimento: el aspirante tendrá que recolectar el 1% de firmas de la lista nominal de electores de al menos 17 entidades federativas. Tan solo en Zacatecas, este porcentaje equivale a 11 mil 095 electores. Imaginemos el mismo universo de 17 estados, la cifra sería 188 mil 615. Una suma exorbitante.
Justamente el prorrateo de los gastos de campaña fue uno de los temas que ocupó las últimas negociaciones en el Senado. En el artículo 83 del dictamen de la Ley General de Partidos Políticos se establecen doce puntos sobre los gastos de campaña entre dos o más candidatos que sintetizaré brevemente, ya que considero, vale la pena su reflexión:
En el caso del candidato a presidente de la República y un candidato a senador, el gasto de campaña será de un 40 y 60% respectivamente. La misma fórmula se aplica cuando el candidato es el presidente y el candidato a diputado federal. Cuando se trate de candidatos a presidente, senador y diputado federal, el gasto se distribuye en un 20%, 50% y 30% respectivamente. En el caso de candidatos a presidente, senador, diputado federal y candidato local, la distribución del gasto de campaña será 15%, 35%, 25 y 25% respectivamente. Otro ejemplo más, en caso de que participe un candidato a presidente y uno local, se divide los gastos en un 40% y 60% respectivamente.
Con estos parámetros, se pretende evitar lo sucedido en las elecciones de 2012, cuando el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, dividió sus gastos de campañas a otras candidaturas y pudo cómodamente evadir los topes. Por tal motivo, nos cuestionamos si el INE tendrá la capacidad y voluntad para detectar los excesos en el uso del dinero en tiempos electorales.
Concuerdo con los especialistas, quienes opinan que la fiscalización de gastos de partidos, debe ser durante las campañas y el proceso electoral para sancionar al candidato o partido político que incurran en el rebase de gastos. Y por otro lado, debemos vigilar que la propaganda utilitaria (camisetas, cachuchas y diversos artículos) sea estrictamente regulada para evitar la compra del voto. Esta reforma contempla de igual manera, la prohibición en la entrega de dádivas o materiales en especie o en efectivo, durante las campañas electorales. ¿Cómo tener la certeza de que se erradiquen estas prácticas?
En el papel, la Reforma Político Electoral pude ser una excelente propuesta para trazar una nueva ruta hacia la democracia, sin embargo, tengo mis reservas, pues vivimos en un país donde las raíces de la corrupción son ancestrales y profundas. Para lograr un verdadero cambio, hace falta más que una Reforma Político Electoral.
