MÉXICO.- María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, estimó que podrían pasar más de 20 años para que el nuevo mecanismo de impartición de justicia opere de manera efectiva en en México.
En entrevista con Noticias MVS, puso como ejemplo a países como Chile y Colombia, que dice, han tardado de 15 a 20 años para que su nuevo sistema funcione de manera óptima, sin embargo, destacó que en México el reto es mayor dado que hay temas pendientes como la ley de justicia para adolescentes que está en curso y la discusión de la ley de ejecución penal que implica una transformación no solo de procedimientos sino de fondo en el sistema penitenciario.
De igual forma, mencionó que faltan los cambios al sistema de justicia militar que tendrá que adecuarse al nuevo sistema acusatorio adversarial.
“Estamos en la ruta pero estamos ciertos que vamos a dejar las bases pero necesitamos todavía la consolidación, el fortalecimiento y el perfeccionamiento de ese sistema, los países han tardado de 15 a 20 años para lograrlo, México verdaderamente ha hecho una transformación en ocho años pero de ahí todavía hay camino que recorrer”, señaló.
Si bien es cierto que el plazo se vence el 18 de julio de 2016, admitió que para esa fecha solo se cumplirá con el mandato, pero eso no significa que el sistema vaya a operar al cien por ciento.
Admitió que durante el Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia que se lleva a cabo en la Ciudad de México, apenas se analizará cómo se le dará seguimiento a la implementación para que el nuevo mecanismo no pierda su esencia y pueda ser perfeccionado conforme la marcha.
“Estamos dejando las bases, el 2016 estará operando pero la reflexión es qué sigue y qué vamos a hacer después de esto para que el sistema no pierda su esencia, que podamos perfeccionarlo y lograr el objetivo de la Constitución”, indicó.
Fromow Rangel expuso que a menos de un año de vencer el plazo, hay entidades que están prácticamente en cero en su implementación tal es el caso de Sonora y Baja California, y solo se cuenta con un 60 por ciento de avance a nivel nacional.
La titular de Setec aseguró que no se ha encontrado con reticencias de los gobernadores por cuestiones políticas sino que la mayoría de las entidades argumentan que es por falta de recursos que no se ha podido completar la implementación.
“Cada estado es un ambiente diferente, con retos distintos que nos implica un esfuerzo conjunto entre la federación y el estado para completar la implementación”, sostuvo.
Por último, mencionó que durante el Foro de Seguridad y Justicia que se lleva a cabo, se analizará qué falta por hacer a 395 días que venza el plazo constitucional, esto a través de disoluciones que serán encabezadas por representantes de los tres poderes, académicos y sociedad civil cuyo objetivo será generar acciones para que el resultado pueda darse.
