Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
En cascada caen las acciones y videos que evidencian la descomposición en la impartición de justicia y la ineficacia del Estado Mexicano para evitar el deterioro institucional de sus instancias fiscalizadoras y de persecución del delito.
Quizás no sea un problema de asesoría en el gobierno mexicano el cúmulo de cuestionamientos sociales, sino la saturación de una problemática que empieza a asfixiar no solo a la imagen presidencial sino a la sociedad en general.
Fuere lo que fuere, el general secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda ofreció una disculpa a la sociedad mexicana, por los actos de tortura que cometieron dos miembros del Ejército y una mujer integrante de las fuerzas federales, en contra de una joven en la comunidad de Ajuchitlán, Guerrero, en febrero de 2015.
El video que fue filtrado a las redes sociales y después a los medios de televisión abierta del país, evidenció las viejas prácticas de gobiernos autoritarios y que forman parte de la literatura y de las leyendas urbanas en un México, en donde la democracia es una fase aspiracional de muchos que preocupa a pocos.
La disculpa pública del general secretario es una muestra también del desgaste de las fuerzas armadas, de la fallida lucha del Ejército Mexicano en contra de la delincuencia organizada y de la ausencia de una estrategia integral en contra de la violencia que continúa azotando al país.
El incremento de las fuerzas federales y castrenses, el aumento de cuarteles militares y las reformas constitucionales, no han podido frenar, atemperar y menos erradicar, a las células del crimen organizado en sus diferentes expresiones.
En cambio, el deterioro de las instituciones de combate al delito, de impartición de justicia e investigación, mantiene su sólida carrera hacia el deterioro, lo que lejos de ocupar a los políticos mexicanos, es un arma de combate electoral en la disputa por el poder.
La ineficacia de unos fortalece las estrategias de otros, pero el país se sumerge en las aguas de la incertidumbre y de la inestabilidad.
Apenas el jueves pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su reporte anual de Derechos Humanos en el mundo; en él dio a conocer, en el capítulo México, que en nuestro país es recurrente la impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos, y que ello constituye un problema desplegado en todo el país.
En el citado informe se da a conocer que continúan las violaciones de fuerzas policiales y militares, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones.
También la semana pasada el gobierno mexicano sufrió otro revés: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, interrumpirán sus funciones, y en su lugar se creará un mecanismo especial para lograr que se dé cumplimiento a las recomendaciones de los expertos.
El argumento es contundente: la CIDH estima que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo. El presidente de este organismo, James Cavallaro, lamentó que el Estado mexicano no diera su anuencia para prorrogar la permanencia de expertos de este organismo protector de los derechos humanos en el continente.
Cuando los medios de comunicación del país nos dan a conocer sobre jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, estado en donde han sido asesinados 11 periodistas durante la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa; ejecuciones y asesinatos a la alza como en Zacatecas y otras entidades del país, no vemos una respuesta eficaz del Estado Mexicano para frenar este tipo de acciones delictivas que lastiman a la sociedad en general.
Pero también es preocupante enterarnos que la conocida popularmente como la reforma sobre el mando único, iniciativa de Dictamen enviada hace un año por el Presidente Enrique Peña Nieto, tenga más de un año “congelada” en el Senado de la República, por problemas presupuestales aparentes.
Si el gobierno mexicano no es capaz de resolver a fondo la crisis de inseguridad que escala en distintos ámbitos de las instituciones públicas y privadas y en la sociedad en general, seguiremos escuchando las “disculpas” de las instituciones castrenses que nos anuncian una crisis social mayor.
Quiero estar equivocado.
Al tiempo.
