La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue citada hoy por un juez que investiga denuncias de corrupción en su contra y que dictó la inhibición general de sus bienes.
El juez Julián Ercolini emitió este lunes un fallo de 29 páginas sobre la causa que investiga la adjudicación de millonarios contratos de obra pública a Lázaro Báez, empresario y amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner, detenido en abril pasado.
En el documento, el juez convocó a Fernández para que acuda a los tribunales el próximo 20 de octubre, y citó a otros 33 exfuncionarios y empresarios para diferentes fechas.
Según los fiscales de la causa, Kirchner y Fernández “insertaron” a su amigo Báez en el negocio de la construcción de obra pública, lo que permitió al empresario aumentar su emporio en la patagónica provincia de Santa Cruz y expandirlo al resto del país.
Según el fallo de Ercolini, así se diseñó “un esquema de beneficios exclusivos a favor de la empresa Austral, del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del estado”.
El juez agregó que los fiscales denunciaron que los expresidentes enriquecieron “a una persona de su confianza”, o sea Báez, a través de la canalización de fondos públicos otorgados de forma discrecional y sin cumplir con las normas legales.
De esta manera Santa Cruz, la provincia que Kirchner había gobernado de 1991 a 2003 se convirtió, ya con él en la presidencia, en la más favorecida con recursos para obra pública, un 11.2 del presupuesto nacional.
La sospecha de los fiscales y plasmada por el juez es que en realidad Báez les pagaba a los Kirchner “retornos” de los millones que recibía por las obras públicas que se le adjudicaban de manera irregular.
Desde que Fernández terminó sus ocho años de gobierno, en diciembre pasado, se aceleraron las investigaciones judiciales en su contra, en la mayoría de los casos por denuncias de corrupción que la expresidenta achaca a una persecución política, mediática y judicial en su contra.
