Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Ninguna de estas reformas te quitó el sueño cuando apareció, y quizá ahí estuvo su mayor virtud política; ninguna llegó vestida de tiranía, nadie anunció desde Palacio Nacional que había llegado el momento de vigilar más al ciudadano, facilitar su encarcelamiento, conocer mejor sus movimientos, tocar su patrimonio y complicarle la defensa frente a la autoridad, habría sido una campaña publicitaria desastrosa. Llegaron con nombres bastante más amables, democratización de la justicia, combate a la delincuencia, seguridad, modernización, identidad digital, fiscalización, prevención de operaciones ilícitas, defensa del interés público; palabras decentes, algunas incluso necesarias, porque el poder ha aprendido una cosa que los viejos dictadores nunca entendieron del todo, los excesos entran mejor cuando vienen acompañados de una exposición de motivos.
Una reforma llevó a jueces, magistrados y ministros a las urnas, otra amplió los supuestos de prisión preventiva oficiosa; después llegaron la CURP biométrica, el registro obligatorio de líneas telefónicas y una mayor interconexión de información, mientras la autoridad fiscal obtuvo nuevas posibilidades de acceso a sistemas digitales; por otro carril avanzaron facultades administrativas capaces de afectar cuentas bancarias y, al mismo tiempo, la suspensión en el juicio de amparo recibió nuevas restricciones. No ocurrió todo el mismo martes ni salió publicado bajo el título de “Manual para aumentar el poder del Estado”, cada medida tuvo su discusión, sus defensores, su urgencia y su enemigo favorito; delincuentes, evasores, corruptos, jueces privilegiados, empresas incumplidas, extorsionadores. Así resulta mucho más sencillo, porque mientras discutimos cada árbol nadie pregunta quién está comprando el bosque.
Conviene tampoco caer en el juego contrario y anunciar el fin de la República para el próximo jueves, México sigue teniendo elecciones, periódicos críticos, oposición, tribunales, universidades, organizaciones civiles y ciudadanos capaces de mandar al gobierno a lugares que difícilmente aparecen en la Constitución; tampoco hay elementos para afirmar que cada una de estas facultades vaya a utilizarse para perseguir a quien critique al poder. El asunto merece más seriedad que eso, porque una Constitución no debe juzgarse únicamente por las intenciones del gobernante que hoy ocupa el despacho, también debe preguntarse qué podría hacer con esas mismas herramientas alguien menos escrupuloso mañana; las instituciones se construyen precisamente para ese personaje, para el gobernante que todavía no conocemos y al que quizá jamás invitaríamos a cenar.
Los viejos constitucionalistas desconfiaban del poder por una razón bastante elemental, conocían a los seres humanos; sabían que quien manda suele encontrar argumentos magníficos para seguir mandando y que ningún gobernante se despierta pensando que hoy cometerá un abuso, normalmente cree que está salvando a la patria, poniendo orden, defendiendo al pueblo o corrigiendo una injusticia histórica. Por eso inventamos divisiones, procedimientos, jueces, recursos y controles, no porque gobernar fuera necesariamente perverso, sino porque gobernar sin límites termina siendo demasiado tentador; nosotros parecemos estar ensayando una versión más optimista, entregar facultades y esperar que nadie tenga jamás la mala educación de abusar de ellas.
Hasta hace poco habíamos discutido otra cara del mismo problema, los poderes conservan mecanismos bastante eficaces para defenderse entre ellos; existen controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y procedimientos capaces de corregir invasiones competenciales, incluso en Zacatecas hemos visto cómo la Suprema Corte interviene cuando el diseño institucional rompe el reparto constitucional entre autoridades. Todo eso importa, claro que importa, pero el ciudadano común no presenta una controversia constitucional porque una autoridad le arruinó la vida, tampoco reúne a una minoría parlamentaria antes del desayuno para promover una acción de inconstitucionalidad; tiene otra herramienta, mucho más modesta y mucho más importante para él, el juicio de amparo, ese extraño invento mexicano que todavía permite que una sola persona se coloque frente al aparato público y diga, con papeles en la mano, que el Estado cruzó una línea.
Ahí la suspensión nunca fue un lujo procesal ni una cortesía del juzgador, servía para algo más sencillo, evitar que cuando llegara la sentencia ya no quedara nada que proteger; ganar después de perder la casa, el negocio, la libertad, el tratamiento, el patrimonio o aquello que originó el juicio puede producir una sentencia preciosa y una vida destrozada. El derecho tiene esa mala costumbre, necesita llegar a tiempo; una ambulancia que aparece seis meses después podrá traer la mejor tecnología del mundo, pero difícilmente recibirá aplausos. Si las posibilidades de intervención de la autoridad aumentan mientras la capacidad de detener provisionalmente sus actos disminuye, la discusión deja de ser asunto exclusivo de especialistas y empieza a tocar una pregunta bastante sencilla, quién puede frenar a quién.
Hay otra parte de esta historia que provoca una sonrisa menos alegre, el ciudadano más fácil de localizar no siempre es quien vive del delito, es quien vive obedeciendo formularios; tiene RFC, CURP, teléfono registrado, cuenta bancaria, tarjeta, domicilio fiscal, nómina, firma electrónica, recibos, declaraciones y probablemente una contraseña de dieciséis caracteres que cambia cada vez que el sistema se lo ordena. Si además tiene un negocio, factura, registra trabajadores, paga contribuciones y deja detrás de sí una huella administrativa digna de Hansel y Gretel; encontrarlo resulta extraordinariamente sencillo. El delincuente profesional, en cambio, suele cometer la descortesía de no facturar sus actividades, utilizar efectivo, identidades prestadas, teléfonos ajenos y otros métodos poco compatibles con la eficiente administración pública.
No estoy proponiendo volver al papel carbón ni criar palomas mensajeras (aunque no sería malo), un país necesita bases de datos, tecnología, inteligencia financiera y herramientas capaces de perseguir delitos que también se han vuelto tecnológicos; justamente por eso habría que ponerse un poco más quisquillosos con las garantías. Cuanto mayor sea la capacidad estatal para conocer nuestra vida, mayor tendría que ser la dificultad para utilizar esa información fuera de su finalidad; quién entra, qué consulta, por qué lo hace, quién autorizó, cuánto tiempo conserva los datos y qué ocurre cuando abusa deberían ser preguntas aburridas, técnicas y obsesivamente contestadas. La privacidad sirve poco cuando depende de la buena educación del curioso.
Lo mismo sucede con el dinero, bloquear una cuenta puede escribirse en un expediente como una medida administrativa y sonar casi limpio, hasta que recordamos que dentro de esa cuenta alguien paga comida, renta, colegiaturas, medicamentos, proveedores o salarios; entonces el tecnicismo adquiere refrigerador, hipoteca y niños que cenan. La prisión preventiva produce una ilusión parecida, resulta facilísimo defenderla cuando imaginamos al peor criminal posible, nadie piensa en el expediente equivocado, en la imputación defectuosa o en el inocente hasta que el apellido escrito en la carpeta se parece demasiado al nuestro; los derechos fundamentales tienen esa desagradable manía de parecer excesivos cuando protegen a otro y absolutamente indispensables cuando nos toca estrenarlos.
Y todavía queda una facultad que ningún decreto necesita publicar, quizá la más barata de todas, conseguir que la gente se cuide sola; un gobierno tendría que ser bastante torpe para censurar cada periódico, amenazar a cada empresario o perseguir a cada crítico, basta con que algunos sepan lo que puede pasar y el resto aprenderá mirando. El periodista relee una investigación antes de publicarla, el empresario calcula si conviene firmar un desplegado, el servidor público guarda una denuncia para mejor ocasión, el ciudadano borra una frase antes de subirla; nadie recibió una orden, nadie clausuró el periódico, nadie prohibió expresarse, técnicamente todos siguen siendo libres y además el Estado se ahorró el trabajo de callarlos.
Ésos son los detalles que deberían preocupar más que cualquier etiqueta, una democracia puede conservar elecciones, partidos, periódicos, jueces y discursos constitucionales mientras sus ciudadanos empiezan a medir demasiado cuidadosamente hasta dónde conviene enfrentarse con la autoridad; las instituciones siguen abiertas, las libertades siguen escritas y cada funcionario puede jurar, sin necesidad de mentir, que jamás ordenó censurar a nadie. La libertad permanece intacta en el catálogo, solamente empieza a salir un poco cara ejercerla; curiosamente, cuando algo se vuelve demasiado caro la gente suele consumir menos.
Sería cómodo convertir esto en otra pelea entre Morena y sus adversarios, porque entonces bastaría escoger bando, repartir culpas y regresar tranquilos a casa; sería también un error. Una facultad estatal no desaparece cuando pierde las elecciones quien la creó, pasa a las manos del siguiente, y el próximo presidente, fiscal, secretario, ministro o funcionario puede tener una idea completamente distinta sobre quiénes son los buenos y quiénes estorban. Antes de entregar una herramienta al gobierno que uno apoya convendría imaginarla durante cinco minutos en manos del político que más detesta; pocas técnicas de interpretación constitucional aclaran tanto la mente.
Tal vez todas estas facultades terminen utilizándose con prudencia, tal vez los controles funcionen, los jueces conserven independencia, los datos permanezcan protegidos y ninguna autoridad convierta una herramienta excepcional en rutina; deseo que así ocurra. Pero dos siglos de constitucionalismo no se escribieron apostando a la bondad del gobernante, se escribieron suponiendo exactamente lo contrario, que algún día llegaría uno convencido de que sus buenas intenciones justificaban casi cualquier cosa; poner límites al poder cuando gobierna nuestro adversario no tiene ningún mérito, la prueba empieza cuando toca limitar al nuestro.
Por eso quizá la frase más inquietante de estos años no sea “dictadura”, “autoritarismo” ni “Estado policiaco”, palabras enormes que provocan inmediatamente trincheras y dejan de permitirnos pensar; puede ser una mucho más aburrida, mucho más jurídica y bastante más difícil de combatir: todo perfectamente legal. Habrá decreto, reglamento, autoridad competente, expediente electrónico, sello digital y hasta número de folio para consultar cómo avanzó el asunto; después, cuando alguien pregunte en qué momento dejamos crecer tanto al Estado mientras achicábamos al ciudadano, buscaremos desesperadamente la reforma culpable y no la encontraremos, porque ninguna construyó por sí sola el problema. Lo hicimos por partes; y hasta nos dieron comprobante.
