Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online.
Aún y cuando el panorama económico nacional no es nada optimista y las finanzas del estado se encuentran en una etapa de contingencia financiera, el escenario para el próximo año no es nada negativo para el gobierno zacatecano si tomamos en cuenta que el congreso federal aprobó aproximadamente 25 mil millones de pesos –tres mil millones de pesos más- para el ejercicio fiscal 2017.
A pesar del incremento presupuestal el gobernador Alejandro Tello Cristerna propuso la creación de nuevos impuestos de carácter ecológico por remediación ambiental en la extracción de materiales, de la emisión de gases a la atmósfera y de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.
Asimismo propuso en la iniciativa de Ley de Ingresos aumento del 100 por ciento al impuesto de contribución financiera a la Universidad Autónoma de Zacatecas y elevación de 2 a 2.5% en la contribución del impuesto sobre nómina.
La iniciativa de Ley de Hacienda del estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017 fue aprobada por mayoría (18 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones) el pasado jueves y con ella se estiman ingresos propios por el orden de los 2 mil 278.2 millones de pesos el próximo año.
Asimismo otra de las iniciativas que levantó polémica pero que fue aprobada por la 62 legislatura por mayoría, es la iniciativa de decreto por la que se autoriza al gobierno del estado contraer uno o varios créditos para el refinanciamiento de la deuda heredada por la administración de Miguel Alonso Reyes. Dicho dictamen fue aprobado con 19 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
En este contexto los ingresos brutos para el estado de Zacatecas serían del orden de los 35 mil millones de pesos, de los cuales el 69% provendría de la federación, el 10% de ingresos propios, el 21% de financiamientos (deuda) y menos del uno por ciento por concepto de intereses obtenidos mediante valores, créditos o bonos.
En números macros Zacatecas tendría un presupuesto extraordinario en un ambiente enrarecido por la incertidumbre generada en el contexto mundial por la política proteccionista del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, la caída dramática de los precios del petróleo, la progresiva debilidad de la paridad del Peso frente al Dólar; la creciente deuda mexicana y los pobres resultados de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto.
En este escenario el gobernador Alejandro Tello Cristerna privilegió la política económica sobre la política social; sacrifica también su relación con el sector empresarial al afectarlo con una mayor carga impositiva y vulnera su interlocución con la sociedad que ahora pagará más contribuciones.
Desde la campaña electoral por la gubernatura del estado y una vez que rindió protesta como gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello afirmó que no endeudaría al estado pese a la situación de “asfixia” financiera en la que tomó a la administración pública, pero al no encontrar el respaldo de la federación, tuvo que recurrir a este instrumento de financiamiento para liberar la presión sobre las finanzas estatales. No hubo de otra.
En la audaz toma de decisiones se valoró la seguridad de las finanzas para darle viabilidad financiera al estado, a pesar de que ello tenga un efecto negativo en cuanto a la imagen del gobierno estatal.
Imponer nuevas cargas fiscales y aumentar contribuciones a los ciudadanos y empresas generan una gran inconformidad y enojo social y empresarial, sobre todo cuando muchos pronósticos colocan a México en una recesión económica para el próximo año.
Este ambiente de inconformidad podría perdurar y causar sus efectos negativos en las elecciones del 2018, porque su aplicación y vigencia se realiza muy cercanamente al proceso electoral presidencial, período en el que en Zacateas se renovarán también los 58 ayuntamientos, el congreso estatal y las candidaturas al senado y diputaciones federales.
El problema que se observa en los términos de la conformación y aprobación de la Ley de Ingresos 2017, es que la carga económica se le impone a la sociedad contribuyente y a cierto sector empresarial, pero no se deslindan responsabilidades en contra de quien o quienes causaron el deterioro de las finanzas estatales durante la administración de Miguel Alonso Reyes.
El actual director de Fonatur (Fondo Nacional para el Fomento al Turismo) ha superado parcialmente el primer vendaval mediático, pero el inejercicio de alguna acción de carácter administrativo o penal en su contra, contribuirá a la percepción de impunidad política, lo que será seguramente un boomerang en el próximo proceso electoral.
La sociedad zacatecana también está molesta porque una parte del saneamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas se lo cargarán a sus bolsillos, a pesar de que hasta este momento la rectoría no ha dado a conocer un plan de reestructuración de sus finanzas.
Sin que exista un compromiso de reingeniería firmado por el rector Antonio Guzmán Fernández, el ciudadano zacatecano tendrá que pagar 100% más de su contribución económica a la UAZ, al pasar de cinco a 10 por ciento el impuesto actual.
En la autorización de incremento porcentual a la contribución universitaria se condiciona la traslación del recurso a la Máxima Casa de Estudios del estado, al cumplimiento de sus contribuciones que se establezcan en la Ley y demás disposiciones estatales, pero ¿cómo creerle a una institución que siempre ha incumplido con sus compromisos pactados y firmados con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y el Issste?
El gobernador Tello tendrá suficiencia de recursos económicos para enfrentar los retos de carácter económico el próximo año y por lo tanto, estará obligado a dar mejores resultados y hacer un gobierno más eficiente y transparente.
La audacia financiera y el pragmatismo mostrado en la aprobación de la Ley de Ingresos 2017, tendrá que replicarla no solamente en el ejercicio eficaz de su gobierno el próximo año, sino también en el ámbito político.
Asimismo tendrá que implementar una nueva estrategia en el manejo de su imagen pública, debido al deterioro que le ha causado la implementación de la política económica que ha puesto en marcha.
Al tiempo.
