Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se colocaron en la mesa de la polémica en los últimos días en Zacatecas, donde una serie de informaciones, declaraciones y resoluciones, intentaron cerrar conflictos, pero lo único que hicieron fue abrir una puerta enorme de las deficiencias y debilidades institucionales en materia de derechos de los niños y adolescentes.
Preocupados más por las filtraciones en medios de comunicación, las autoridades no han mostrado el profesionalismo y conocimiento en el manejo de los temas que, no solo impactan a la sociedad, sino que preocupa la falta del respeto de los protocolos legales e institucionales.
Dos casos ocuparon los espacios de atención social: la filtración de un audio en el que se escucha a la entonces directora de la Casa Hogar del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la familia (Sedif), Guadalupe Álvarez, pedirle a una trabajadora del albergue que castigue a una niña por haberse orinado en la ropa. La sanción consistía en bañarla con agua fría y además ponerle hielos.
De acuerdo a las versiones oficiales que fueron emitidas a través de un boletín de prensa y que después serían reiteradas por la ahora ex funcionaria, la sanción nunca se ejecutó. La acción se enmarcó, se argumentó, en el uso de “lenguaje coloquial”.
En su informe sobre la Recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, especifica su intervención el día 19 de enero, fecha en la que trasciende el audio en mención en un medio de comunicación digital, pero este organismo autónomo no lo dio a conocer ese día, sino tiempo después cuando el tema era viral en redes sociales.
En el primer informe de la presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos, el gobernador le solicita “respetuosamente” emita una recomendación sobre el caso, lo que después deriva en la destitución de la directora de la Casa Hogar y del sicólogo del albergue.
En este contexto la CDHEZ informó sobre una investigación y sobre las conclusiones de la misma. Por ejemplo dictaminó lo siguiente sobre la permanencia de la directora:
“Primero.- Sea removida del cargo a la Directora de la Casa Hogar para jóvenes de Zacatecas, por las omisiones en el ejercicio del cargo que le fue encomendado, toda vez que de la investigación realizada por este Organismo se acredita la vulneración de los derechos humanos de los albergados, al permitir la reiterada agresión física y verbal hacia los menores ahí albergados, por parte de un ex integrante de la propia Casa Hogar. De igual manera, por la utilización de lenguaje inapropiado hacia las jóvenes residentes de la Casa Hogar” (Sic).
“Asimismo al ser omisa en la supervisión del adecuado cumplimiento de las funciones del Psicólogo adscrito a la Casa Hogar.”
Y el segundo dictamen de la resolución fue el siguiente:
“
“Sea removido del cargo al Psicólogo adscrito a la Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas, por no cumplir con máxima diligencia en el cargo que le fue encomendado y con ello vulnerar los derechos humanos de los menores”.
Y es que la investigación arrojó que este último no mantenía “la confidencialidad de las manifestaciones vertidas por los jóvenes durante el proceso terapéutico, además de mostrar una actitud indiferente y que denota burla y por lo tanto hay resistencia a participar en las sesiones terapéuticas. Por lo que se acreditó la vulneración de los derechos humanos de los menores”(Sic.).
También la CDHEZ recomienda se adopten “medidas presupuestales para la contratación de médico general, pedagogo y personal especializado para la atención de albergados con discapacidad”, pues se carece de dicho personal.
Y también recomienda “Se tomen las medidas correspondientes para evitar la divulgación pública de videos, audios, fotografías o cualquier otro medio que signifique la injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada e intimidad de los menores
albergados, y en caso de presentarse, se realicen las denuncias ante la autoridad competente, a efecto de salvaguardar en todo momento la integridad, vida privada e intimidad de los menores”.
La recomendación fue emitida el sábado 11 de febrero y una semana después trascendió la fuga de 12 adolescentes de la citada Casa Hogar, quienes escaparon de la escuela donde son llevados por una unidad móvil del Sedif. La explicación que dieron las autoridades fue en el sentido de que los niños habían sido afectados por la remoción de la directora.
Esta situación muestra por un lado los conflictos laborales, de relaciones humanas, de ausencia de capacitación y de perfiles profesionales adecuados para dirigir un albergue para niños(as) y adolescentes en situación extraordinaria; pero también la falta de atención a la institución para que cumpla con su fin social, puesto que prevalece la relación personal sobre el cuidado y preservación de la institucionalidad.
A los funcionarios de primer nivel de la administración pública habría que recordarles que la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Zacatecas establece en el artículo 31 lo siguiente: “Se prohíbe cualquier práctica que reconozca como lícita la aplicación de un castigo corporal en contra de niñas, niños o adolescentes; asimismo todo castigo denigrante incluyendo la humillación, el acoso, el abuso o agresión verbal, aislamiento o cualquier otra práctica que pueda causar daños sicológicos”.
El segundo caso lo ocupó la declaración que diera a los medios de comunicación la secretaria de la Mujer Zacatecana (Semujer), Adriana Rivero Garza, quien reveló la existencia de prostitución en algunas escuelas secundarias del estado de Zacatecas.
La declaración que molestó al interior de la administración pública sobre todo a la Secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, quien las consideró desafortunadas, trascendieron en el ámbito mediático nacional e internacional.
¿A qué obedeció la revelación de dicha información? ¿Qué motivó dar a conocer una información tan delicada y exponer la imagen de adolescentes en las instituciones de enseñanza secundaria?
La funcionaria expone abiertamente una problemática en el ámbito educativo que se detecta mediante la ejecución de talleres, pero no se da a conocer la muestra científica completa que se aplicó, tampoco se ofrecen lineamientos de atención de la problemática y menos aún, establece mecanismos de coordinación entre instituciones educativas y sociales.
En ambos casos se observa la falta de protocolos para la atención de conflictos tanto en organismos de atención social como en el sistema educativo, lo que evidencia no solo un trabajo superficial y problemática laboral, sino la falta de profesionalización que contribuye a la fragilidad institucional.
Al tiempo.
