Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
La presidencia de la República a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos, promovió una controversia constitucional en contra del Impuesto de Responsabilidad Ecológica, popularmente conocido como “impuesto minero” aprobado por la 62 legislatura zacatecana en el pasado mes de diciembre, lo que pone en la mesa de la discusión del centralismo político que prevalece en México de manera ancestral, pese a la autonomía de los estados federados.
El tema no es nuevo en nuestro país, puesto que después de la independencia de México en 1821, se inició un largo proceso por establecer un régimen político y jurídico propio para la nueva Nación de aproximadamente seis millones de habitantes, y con más de cuatro millones de kilómetros cuadrados de territorio.
La transición del régimen monárquico al de una república federada y representativa que sería la base para la constitución del Estado Mexicano, ha sido contradictorio, debido a que en el fondo prevalece la proclividad de permanencia en el poder por el grupo político gobernante, pero sobre todo de control hegemónico sobre la voluntad de los estados.
El Estado Mexicano a través del gobierno en turno ha intervenido en distintos estados del país para deponer a gobernadores del Sur, centro y Norte del país, en donde el control de los congresos estatales se dio mediante la sujeción de las fracciones mayoritarias del partido gobernante, el Revolucionario Institucional.
De las últimas dimisiones de los gobernadores priistas (o solicitudes de licencia, por decirlo políticamente correcto) como Víctor Manzanilla Shaffer en Yucatán y Enrique Velasco Ibarra en Guanajuato, son ejemplos de la intromisión directa del centralismo del poder sobre la soberanía de los estados, en donde la Secretaría de Gobernación juega un papel preponderante.
Pero la acción del centro en Zacatecas data desde la época de Antonio López de Santa Anna en su período presidencial de 1835, cuando reprime a las milicias cívicas del entonces gobernador del estado, Francisco García Salinas “Tata Pachito”, considerado por su lucha contra el centralismo, el precursor del federalismo en nuestro país.
La orden del gobierno centralista de Santa Anna era acabar con los cuerpos de seguridad y defensa organizados por los estados y por ello, él personalmente encabezó el ataque contra los 4 mil hombres que formaban las milicias cívicas zacatecanas, a las que derrotó con lujo de violencia.
El castigo que aplicó Santa Anna fue dividir al partido de Aguascalientes, perteneciente entonces al estado de Zacatecas, para constituirlo como territorio de la federación el 23 de mayo de 1835.
La alternancia política debilitó las atribuciones metaconstitucionales del presidencialismo autoritario en México, pero aún se conservan rasgos importantes para el control social, político y económico, aunque en este esquema también influyen los poderes fácticos.
En este contexto se inscribe parte de la historia de controversia constitucional que interpuso la consejería de la presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cancelar la aplicación y vigencia del Impuesto de Responsabilidad Ecológica aprobado por la 62 legislatura del estado de Zacatecas.
En este contexto la federación argumenta, entre otras razones jurídicas, su atribución sobre el subsuelo, lo que impide a los gobiernos estatales legislar y generar gravámenes al respecto.
Más allá de la postura de las poderosas empresas mineras asentadas en territorio zacatecano, en donde tienen cuantiosas inversiones los empresarios Carlos Slim Helú y Alberto Bailleres, así como Godcorp Peñasquito que tiene el apoyo y respaldo del gobierno canadiense, la intervención presidencial en Zacatecas se da sin el más mínimo respeto no solo a la autonomía estatal, sino al propio gobernador en turno, quien no fue informado sobre la medida jurídica. Conoció de los hechos a través de los medios de comunicación.
Fue hasta el siguiente día de la notificación electrónica publicada por el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, cuando el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, fue convocado a una reunión por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tratar asuntos de seguridad pública e interna.
En Zacatecas el Partido Revolucionario Institucional perdió la elección de 1998 frente al Partido de la Revolución Democrática que postuló a Ricardo Monreal, quien había renunciado a ese partido por no haber sido postulado a la gubernatura estatal durante la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).
Cuando Ricardo Monreal Ávila (1998-2004) llegó a la gubernatura encontró las arcas vacías, pero recopiló información para fincarle responsabilidad a su antecesor, Arturo Romo Gutiérrez y a colaboradores cercanos.
En su encuentro con el presidente Zedillo esgrimió sus argumentos en contra de las irregularidades de la administración romista, pero el mandatario le advirtió primero “si tu actúas contra alguien del gobierno anterior, sobre ti vamos” y después le preguntó “¿cuánto necesitas para empezar tu gobierno?”.
El incipiente gobernador le dijo que habían gastado 30 millones de pesos en la campaña, ante lo cual Zedillo le canalizó en ese momento 70 millones de pesos. Monreal nunca actuó contra su antecesor.
Las revelaciones del entonces gobernador Monreal las proporcionó en una entrevista radiofónica en el programa “Todas las Voces” que conducía este tecleador en XHEPC Sonido Estrella y que fueron publicadas por el corresponsal de La jornada, Alfredo Valadez, el 11 de agosto de 2002. http://www.jornada.unam.mx/2002/08/11/025n1est.php
Con la gobernadora Amalia García la relación con el centro fue diferente: gobernaba Acción Nacional y el entonces presidente Vicente Fox había formado parte del Grupo San Ángel con la entonces asambleísta de la Ciudad de México. La relación fue extraordinaria, aunque con claroscuros en la canalización de recursos. Con el panista Felipe Calderón, se mantuvieron las buenas relaciones y los apoyos generados por el excedente petrolero.
La historia cambió cuando el PRI regresó al poder en Zacatecas. Miguel Alonso argumentó que su gobierno no tenía el apoyo de la administración panista. Cabe mencionar que el entonces candidato de militancia perredista había sido impulsado por el tricolor, debido a que el PRD había registrado a Antonio Mejía Haro, entonces compañero de banca en el senado de la República de Claudia Corichi García.
En la elección presidencial del 2012 el gobernador Alonso Reyes prácticamente encabezó la campaña a favor del candidato Enrique Peña Nieto en la entidad, bajo el argumento electoral de que si el PRI regresaba a Los Pinos, “los astros se van a alinear” y Zacatecas recibiría más recursos y apoyo del centro.
Peña Nieto recibió, proporcionalmente hablando, el mayor apoyo electoral en Zacatecas en la elección presidencial.
Sin embargo nunca se recibió el apoyo esperado y Miguel Alonso tuvo que generar la deuda más enorme en la historia de la administración pública zacatecana.
Alejandro Tello Cristerna encuentra prácticamente las arcas vacías y una deuda de su antecesor de 7 mil 400 millones de pesos, más lo que se acumule, pero carece del apoyo de la federación.
En su última entrevista para el noticiero Pórtico Online después de conocerse la controversia constitucional ordenada por la presidencia de la República, señaló que así como el presidente había recibido el apoyo de los zacatecanos y de él como senador en la reforma energética, esperaba reciprocidad.
Tello no solo no ha recibido hasta el momento el apoyo de la federación para sacar de la “asfixia” económica al estado, sino que su antecesor, Miguel Alonso Reyes, fue “premiado” con la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el el SAT (Sistema de Administración Tributaria) le retuvo participaciones federales por el orden de los 136 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas y ahora, la controversia constitucional en contra del Impuesto minero.
Al tiempo.
