Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
De dos temas se habla en Zacatecas: inseguridad y corrupción. Van alternándose uno a otro día a día. En ambos, el desborde es el denominador común, pero en el caso del segundo, la impunidad es lo preocupante; la protección de las autoridades tanto federales como estatales.
La semana pasada el tema de la corrupción acaparó la atención de la opinión pública zacatecana, al trascender una información en el diario Reforma en la que se consigna una lista de bonos y compensaciones extraordinarias que localmente se le calificó de “nómina secreta”.
El calificativo anterior tiene que ver por el ocultamiento de dicha información durante la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, quien siempre negó la existencia de compensaciones extraordinarias durante su administración, pero que a final de cuentas se evidencia el cinismo de un gobierno que manejó discrecionalmente los recursos públicos para su beneficio.
De acuerdo a la información del diario en mención el gobernador Alonso Reyes, dispuso de más de dos mil millones de pesos en compensaciones a sus colaboradores de primer nivel, pero también a personal del Poder Legislativo, del priismo local y hasta de delegados federales en el estado y operadores políticos, considerados “aviadores”.
El primero que advirtió sobre las versiones populares de corrupción al entonces mandatario estatal fue su secretario general de Gobierno, Esaú Hernández Herrera, pero nunca lo tomó en cuenta, al contrario, lo marginó de la toma de decisiones y del primer círculo gubernamental que manejaba su sempiterno asesor, Esteban Herrera.
Ante la marginación política Hernández Herrera se vio obligado a renunciar y simultáneamente sería designado coordinador de asesores del gobierno estatal, desde donde publicó una carta en los medios de comunicación dirigida a Alonso Reyes, en la que explica los motivos de su dimisión.
El 12 de septiembre de 2010 durante su toma de posesión como gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes afirmó:
“La sociedad está agraviada por la insensibilidad, el abuso de poder, la indolencia, el nepotismo y la corrupción. Nuestra gente reprueba el lucro y el beneficio personal y familiar de sus gobernantes. Rechazamos la práctica irresponsable de quienes consideran que los bienes públicos y el gobierno son de su propiedad”.
Al término de su mandato tal parece que esas palabras que pronunció en contra de su antecesora, las dice en alusión a su propio ejercicio gubernamental, puesto que los hechos son contundentes.
El actual director de Fonatur es rehén de sus propias palabras. Las lanzó con odio político en contra de la perredista Amalia García Medina (2004-2010), quien lo nombró como primer secretario de Turismo en el estado y después lo apoyó para que ganara la elección de diputado local.
También en el discurso de toma de posesión el entonces incipiente mandatario estatal señalaba lo siguiente:
“Congruentes con el Acuerdo de Austeridad y Transparencia firmado durante mi campaña, iniciamos este gobierno con la aprobación de la ley de Salarios Máximos. Lo anterior permitirá que desde el comienzo contemos con un importante ahorro para destinarlo a satisfacer las prioridades de la población”.
Pero nunca fue congruente con la austeridad y menos aún con la transparencia. Tampoco hizo efectivo la mencionada Ley de Salarios Máximos. Peor aún, generó en paralelo una nómina que en mucho rebasaba los montos del salario nominal de funcionarios.
El citado diario Reforma de la Ciudad de México dio a conocer la semana pasada una información en la que da cuenta de la partida 1711 referente a pago de estímulos a servidores públicos, mediante la cual se ejercieron 2 mil 93.9 millones de pesos.
La denuncia también fue presentada por la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Zacatecas, Soledad Luévano Cantú, quien obtuvo la información mediante un recurso de petición al Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública (IZAI).
Cabe mencionar que la información pública requerida por un ciudadano le fue negada por la Secretaría de Finanzas de Miguel Alonso Reyes, puesto que desde el año 2015 se hizo la solicitud de manera oficial.
Durante la administración alonsista ocuparon dicha dependencia los siguientes funcionarios: Alejandro Tello Cristerna (actual gobernador); Fernando Soto Acosta y Guillermo Huizar Carranza (ex secretario de la Función Pública), quien actualmente se desempeña como director de Gestión Estratégica y Relaciones Interinstitucionales del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y el principal defensor de Alonso Reyes en los medios de comunicación tanto de Zacatecas como de la Ciudad de México.
Hasta este momento ningún ex gobernador o ex gobernadora de Zacatecas ha sido enjuiciado por presuntos actos de corrupción, aunque en la percepción social prevalezca la sospecha.
El caso de Miguel Alonso Reyes es paradigmático por la confianza que se tuvo en este joven político zacatecano, cuyo final de sexenio resultó un desastre en materia de infraestructura y de un eventual comportamiento de corrupción que se investiga en los tribunales, ya que la radicación de denuncias en su contra permanecen tanto en la Procuraduría General de la República como en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Por cierto la PGR investiga también los montos asignados por el gobierno de Alonso Reyes a empresas de comunicación en el estado, indagatoria que está en proceso y de la cual se podría derivar la posibilidad de actos constitutivos de delito.
El problema de la corrupción en el estado no es la denuncia o la percepción social que se deriva de los actos de gobierno, sino el daño que se le causa a la hacienda publica y la impunidad que prevalece a favor de gobernantes y políticos zacatecanos.
La corrupción no solo se ha dado en el ámbito de la administración estatal sino también en el ejercicio de las presidencias municipales, en donde existen una serie de irregularidades que no son sancionadas por los organismos locales.
Por ejemplo el pasado 3 de abril el diputado panista, Arturo López de Lara, presidente de la Comisión de Vigilancia de la 62 legislatura del estado, dio a conocer que alcaldes y funcionarios municipales deben regresar poco más de 480 millones de pesos, debido a que en la revisión de sus cuentas públicas no pudieron comprobar dicho gasto, lo que en su caso se convierte en “crédito fiscal”.
Pero las autoridades locales prestan oídos sordos a la denuncia.
¿Hasta cuándo se permitirá la impunidad económica en Zacatecas?
Al tiempo.
