Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Los asesinatos y agresiones a los periodistas mexicanos no terminarán con un discurso presidencial o con la publicación de una “ley de protección” al ejercicio periodístico o a la libertad de expresión.
¿Cómo se puede creer en las promesas del Presidente o de los gobernadores, cuando es de todos conocidos que lo que siempre procuran es el control de la información?
El asesinato de Javier Valdez Cárdenas tuvo un impacto no solo nacional sino internacional, no solo porque se ultimó a un comunicador de larga trayectoria e influencia en la opinión pública, sino porque México es el país con mayor riesgo para ejercer el periodismo.
En el fondo lo que prevalece no solo respecto al crimen de periodistas en el país, sino en cuanto a la impartición de justicia, es la insultante impunidad en los tres niveles de gobierno.
Los órganos e instituciones responsables de impartir justicia está condicionados a la política, a los intereses gubernamentales, en tanto que la ciudadanía en general no solo no se le toma en cuenta, sino que se le excluye de sus derechos.
El problema de la impunidad no es exclusivo de la actual administración peñista, pero es en este gobierno priista en el que más se ha agudizado esta carencia de honestidad y transparencia para aplicar la ley o para abrir una objetiva y profesional investigación.
Basta decir, por ejemplo, que durante el gobierno del veracruzano Javier Duarte de Ochoa, encarcelado en Guatemala por corrupción, entre el uno de diciembre de 2011 y el 12 de octubre de 2016, fecha en la que solicitó licencia al congreso jarocho para separarse del cargo, fueron asesinados 17 periodistas en el estado, de acuerdo con la organización Artículo 19.
En el colmo del cinismo y la complicidad mediática Duarte de Ochoa creó la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, por lo que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. le otorgó un reconocimiento.
Hasta el momento de la creación de la citada comisión habían sido asesinados nueve periodistas en el estado de Veracruz. Ni el premio ni la comisión frenaron los asesinatos de comunicados veracruzanos.
Ante la serie de asesinatos de periodistas en México el gobierno federal creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) en el año 2010 y desde aquél momento se abrieron 700 expedientes por diversos delitos cometidos en contra de comunicadores de los cuales, más del 50 por ciento eran denuncias de amenazas en contra de periodistas.
Cabe mencionar que a pesar de la creación de la mencionada Fiscalía Especial, se han cometido una veintena de asesinatos de periodistas en el país, lo que evidencia que este organismo no tiene razón de ser.
Basta decir que en los últimos 17 años se han cometido aproximadamente 114 asesinatos de periodistas mexicanos, de los cuales la Fiscalía sólo ha atraído 48, de acuerdo a la información proporcionada a la Procuraduría General de la República por la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación en el Senado de la República.
El pasado miércoles el presidente Enrique Peña se reunió con gobernadores integrantes de la Conago en la residencia oficial de Los Pinos, en donde anunció una serie de medidas para garantizar la libertad de expresión y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Al encabezar un minuto de silencio en memoria al periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y fundador del influyente semanario Ríodoce de Culiacán, Sinaloa, reporteros de la fuente de Presidencia empezaron a corear ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Peña Nieto anunció las siguientes medidas:
- Fortalecer la estructura y el presupuesto para el mecanismo de protección de activistas y periodistas.
- Establecer un protocolo para reducir las situaciones de riesgo contra periodistas. Estará a cargo del mecanismo federal.
- Fortalecer a la Fiscalía con mejor personal, Ministerios Públicos, policías y peritos; y con mejor coordinación entre policías locales y federales.
¿Por qué ahora sí podría funcionar la Feadle cuando en 17 años sus titulares sólo han cobrado sus respectivos salarios?
El presidente Peña Nieto está a unos cuantos meses de la elección presidencial, en un escenario de crisis económica y devaluación de su imagen y de la de su partido. No tiene el tiempo suficiente para generar una estrategia a la que acompañen acciones certeras para castigar a los asesinos materiales e intelectuales de periodistas y peor aún, no hay suficientes recursos para una Fiscalía arrumbada en el olvido.
El presidente Peña Nieto tiene un problema mayor: carece de credibilidad tanto de los gobernados como de los periodistas.
Los discursos y las promesas no detendrán jamás los ataques y la violencia en contra de los periodistas en el país. La demagogia al final del sexenio ya no tiene el mismo efecto mediático en la opinión pública y menos entre el gremio periodístico.
Insisto, el gobierno y los grupos de poder fáctico siempre harán todo lo posible por controlar a la prensa, por condicionarla y someterla a sus intereses, con la finalidad de tener un amplio margen de maniobra para manipular a la sociedad en su favor y ocultar sus trapacerías, el enriquecimiento explicable de políticos y gobernantes.
En Zacatecas el gobernador Alejandro Tello Cristerna convocó a los representantes de los medios de comunicación locales para dialogar con ellos, escucharlos e incorporar sus planteamientos a una iniciativa de ley para la protección a periodistas que enviaría a la 62 legislatura, una de las más opacas del país y que en los últimos meses ha sufrido reveses importantes, para su análisis, discusión y aprobación.
Solo se escucha el bla bla bla en Ciudad de México y en los estados del país, pero está ausente el compromiso real, auténtico para respetar la libertad de expresión y de prensa en el país.
Ni el presidente Peña puede detener la impunidad que prevalece en el fondo de los asesinatos a periodistas.
Al tiempo.
