Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
La LXII legislatura entró en un callejón oscuro por la opacidad de sus acciones pero sobre todo, por las contradicciones entre sus propuestas y la realidad que impera en el ámbito público zacatecano.
La fracción parlamentaria priista y sus aliados, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, impulsan modificaciones al fuero constitucional en Zacatecas, pasando por encima de iniciativas de oposición que proponen su desaparición y la revocación de mandato.
Plagado de una serie de inconsistencias de procedencia normativa, la fracción priista se cobija en su mayoría parlamentaria y confía, en que en los próximos días sacarán adelante dicha reforma sin importar evadir la reglamentación interna, y el proceso parlamentario de ley que les obliga a dictaminar únicamente en la Comisión de Puntos Constitucionales y no dar conocimiento a la de Función Pública y Seguridad que nada tienen que ver.
Eso es lo de menos. Los congresistas zacatecanos no toman en cuenta la coherencia del discurso parlamentario con la función esencial fiscalizadora que desempeñan en este momento en el Poder Legislativo, puesto que más allá de las discusiones jurídico y procedimentales en el congreso, evitan obligar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a que paguen los créditos fiscales derivados de observaciones no solventadas por sus ejecutores.
En días pasados el diputado panista, Arturo López de Lara, presidente de la Comisión de Vigilancia de la actual legislatura, dio a conocer a la opinión pública que el gobierno del estado de Zacatecas, adeuda un crédito fiscal por el orden de los $41, 909,488. 90; en tanto que las 58 administraciones municipales deben resarcir $438, 019, 051.55.
Tanto gobierno del estado como presidencias municipales acumulan más de 479 millones de pesos que, ni la administración estatal, ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) a cargo de Raúl Brito Berumen o la Procuraduría General del estado que encabeza Francisco Murillo Ruiseco, han querido recuperar.
El Poder Legislativo zacatecano no ejerce su función de control de la Hacienda Pública estatal o municipal, puesto que ante la falta de solventación de las observaciones emitidas por la ASE o de la propia Secretaría de la Función Pública estatal, no emplea los mecanismos de apremio administrativo o judiciales para evitar el daño al patrimonio público.
En el documento dado a conocer a los medios de comunicación se consigna que los municipios con mayor rezago social en el estado, son los que sus administraciones presentan más irregularidades.
En este contexto el municipio de Genaro Codina adeuda por ejemplo más de 65 millones de pesos, en tanto que el de Mazapil, 20 millones de pesos; Pinos, 20 millones 681 mil pesos; Trancoso, 27 millones 668 mil pesos; Villa González Ortega, 16 millones de pesos y después viene una larga lista de municipios con cantidades millonarias descendentes. Los ejercicios fiscales van del 2009 al 2014.
¿Cuáles son las causas por las que se establecieron los créditos fiscales que nadie se atreve a hacer efectivos, a recuperarlos para la hacienda pública estatal?
Estos son algunos conceptos: sobreprecio en las obras; sobreprecio en las glorietas y centros cívicos construidos con motivos del Centenario de la Toma de Zacatecas; erogaciones sin soporte documental o que carecen de documentación fiscal; obras pagadas y no ejecutadas; deficiencias en la construcción; pagos sin soporte de facturas; préstamos personales a miembros del ayuntamiento y no recuperados; obras edificadas sobre terrenos que no son del municipio; erogaciones de recursos federales sin soporte documental justificativo, entre otros.
Entre los cientos o quizá miles de “expedientes abiertos o carpetas de investigación” que tiene la Procuraduría de Justicia del estado de Zacatecas, destacan denuncias penales en contra de funcionarios municipales o alcaldes, que por acuerdos políticos no han sido ejecutados.
El propio gobierno del estado tiene un crédito fiscal de 41 millones 909 mil 488.90 pesos, de los cuales se guarda un sepulcral silencio en la actual administración.
A las cantidades que se enuncian y que no han sido recuperadas por la Secretaría de Finanzas ni por la Procuraduría General de Justicia del estado en donde se han presentado denuncias penales en contra de los responsables, habría que tomar en cuenta las revisiones de las cuentas públicas del 2015 y 2016, además de las observaciones que han formulado la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, que aún se encuentran en su fase de solventación.
Es por ello que más allá de la desaparición o modificación del fuero constitucional el tema de las sanciones resarcitorias, es parte de las acciones de fondo que debería ejecutar la LXII legislatura, pero que no hará absolutamente nada por que es parte del mismo entramado de complicidades de corrupción que se da en el tráfico entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Y es que en el Poder Legislativo no existe la transparencia necesaria para aplicar la Ley, puesto que también evidencian debilidades y excesos: por ejemplo, a principios del mes de julio de 2015 el diario La Jornada Zacatecas dio a conocer mediante una investigación periodística, la existencia de empresas fantasmas que fueron utilizadas por la pasada legislatura para desviar poco más de nueve millones de pesos.
La delegación de la Procuraduría General de la República en el estado abrió en su momento una “carpeta de investigación”, pero ello bastó para enterrar el problema porque hasta el momento no se ha dado a conocer el resultado de la “investigación”.
Por otro lado cabe recordar que a principios del mes de diciembre del año pasado la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Zacatecas, Soledad Luévano Cantú, presentó ante la PGR una denuncia en la que se asienta que el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, desvió recursos del erario público por el orden de los 307 millones de pesos, presuntamente a través de 24 empresas fantasma.
Con base a los resultados de las carpetas de investigación que cotidianamente se abren para las investigaciones de corrupción, no hay resultados que exoneren o castiguen a los y las responsables del desvío o malversación de fondos públicos.
Tampoco el Poder Legislativo, en uso de sus funciones de fiscalización, ejecuta las sanciones correspondientes. Todos son cómplices. Algunas callan y otros simulan, pero el resultado es el mismo: impunidad y complicidad.
¿Cuándo resarcirán el daño a la hacienda pública estatal y municipal y se castigará a los infractores?
Al tiempo.
