Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
Con un escaso apoyo social y con un endeble respaldo político pero sobre todo, con un débil soporte jurídico, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, envió una recomendación al gobierno estatal que fue rechazada por la Secretaría General de Gobierno.
La presidenta de la CDHEZ no ha logrado construir una base social en torno al organismo autónomo que preside, porque su llegada a la citada Comisión fue una recomendación personal y compromiso político de la ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Lucía Alonso Reyes, con quien hizo compromiso durante su estancia como regidora del partido Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento de Zacatecas del perredista Gerardo de Jesús Félix Domínguez.
En aquel momento Lucía Alonso Reyes era la síndico municipal del ayuntamiento capitalino y experimentaba uno de los enfrentamientos más fuertes con el alcalde Félix Domínguez, hombre cercano al entonces gobernador Ricardo Monreal (1998-2004), quien lo haría después director de los Servicios de Salud del gobierno estatal.
María de la Luz Domínguez Campos era en ese tiempo una de las regidoras aliadas a la síndico municipal, junto con la actual diputada federal, Aracely Guerrero Esquivel (ex presidenta municipal de Villa García, su tierra), la panista Georgina Ramírez y otras regidoras del Partido del Trabajo que lideraba entonces José Narro Céspedes, quienes hicieron un frente en contra del alcalde perredista que incluso, entabló una demanda en contra de la síndico por las pertenencias que albergaba en su casa y que eran propiedad del compositor zacatecano, Manuel M. Ponce y que el ayuntamiento capitalino le reclamaba su pertenencia.
Es por ello que la designación de María de la Luz a la Comisión de Derechos Humanos, tuvo el apoyo de la ex presidenta honorífica del DIF que ejerció una gran influencia en su hermano, el ex gobernador Miguel Alonso Reyes y actual director de Fonatur, quien con su apoyo la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos logró llegar a esa posición.
El arribo de María de la Luz Domínguez Campos a la dirección de Concertación Política de la Secretaría General de Gobierno durante la administración de Miguel Alonso Reyes, obedece a esa lógica de compromisos políticos, puesto que desde ahí se le encomendó realizar los foros sobre Derechos Humanos en los municipios zacatecanos, en donde nunca hubo resultados y acciones.
El manejo político de la llegada a la presidencia de la CDHEZ es una de las debilidades de la actual ombudsman zacatecana, quien ahora se enfrenta a la administración de Alejandro Tello Cristerna, pero que no ha logrado estructurar una base social que le dé soporte para cumplir su función al frente del organismo autónomo, lo que la convierte en una figura frágil en las decisiones que toma.
En ese contexto Domínguez Campos ha cuidado celosamente la organización de su equipo de trabajo y la incorporación de los nuevos consejeros, al procurar solamente una relación política y de identidad personal, pero no profesional e independiente.
Sin embargo en la toma de decisiones ha descuidado el factor jurídico en la integración de sus recomendaciones, por lo que algunas de ellas no le han sido aceptadas plenamente y por lo tanto, aún están en revisión.
En la mencionada recomendación se le pide a la Secretaría General de Gobierno que inscriba en el registro Estatal de Víctimas, a los habitantes de Salaverna que fueron desalojados de las viviendas de la comunidad el 23 de diciembre del año pasado.
Sin embargo el gobierno del estado acepta las recomendaciones dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, pero el punto de controversia es la no aceptación de la Secretaría General de Gobierno, que considera sin sustento normativo la indemnización a víctimas “ya que no demuestra un interés jurídico del pueda derivarse la afectación de otros derechos”.
En este punto y que constituye uno de los principales de la recomendación de marras, la dependencia gubernamental inconforme argumenta en el boletín de prensa enviado a los medios de comunicación, que “En el expediente integrado por la CDHEZ no se acredita plenamente la identidad de la quejosa, ni de las seis personas que considera agraviadas, y a quienes solicita se indemnice y se les integre en el registro de víctimas”.
La argumentación es fundamental porque si la Comisión no acredita plenamente la identidad de la quejosa y la ratificación de la denuncia, el caso no tendría el sustento jurídico concerniente para consolidar la recomendación.
Por otro lado la presidenta de la Comisión gozó del apoyo de la legislatura pasada para su nombramiento y ratificación pero en la actual, se obedece a otra lógica en la que no se garantiza su preeminencia ni el apoyo necesario para respaldar su recomendación.
Si la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas no tiene el sustento jurídico y el debido proceso en su resolución sobre el caso Salaverna, tendrá un fuerte descalabro del que difícilmente podrá salir adelante en la difícil misión de defensa de los derechos humanos de los zacatecanos.
Lo anterior obliga a reflexionar sobre el carácter político y no social de los organismos autónomos, pero también alerta a sus responsables a cuidar los aspectos jurídicos para que, en caso de que la autoridad y los congresos estatales rechacen sus recomendaciones o lineamientos, tengan la oportunidad y defensa de acudir a los organismos nacionales e internacionales para hacer valer su función.
La actual LXII legislatura está en receso y su agenda contempla por el momento otros temas en un período extraordinario ya aprobado para el próximo 12 de julio, como las iniciativas de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Ley de Justicia Administrativa y la iniciativa de Decreto que autoriza la edificación de una tienda de auto servicio, por lo que la petición de comparecencia ante el congreso local de la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, tendría que consensarse entre las fracciones parlamentarias y analizar la urgencia de su realización.
De no contemplarse en el presente período extraordinario, podría analizarse la comparecencia después del 8 de septiembre, cuando se inicie el último período ordinario de la actual legislatura y el Primer Informe del gobernador Alejandro Tello Cristerna, pero para entonces el caso habrá tomado otra ruta y otros derroteros.
Al tiempo
