Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online.
La avalancha de despidos en algunos municipios del estado que se encuentran todavía en su etapa de transición y acomodo, puso de manifiesto no solamente los excesos de todos conocidos en la contratación indiscriminada de personal administrativo, sino la falta de control y las desaveniencias entre los órganos de impartición de justicia laboral en el estado.
Las presidencias municipales aún no se recuperan de la ola de cuestionamientos por las acciones de despidos que ejecutaron en días pasados algunas administraciones municipales, lo que abolló la corona de algunos alcaldes triunfadores en el pasado proceso electoral, sobre todo del Movimiento de Regeneración Nacional.
La presidencia municipal que cerró la semana en medio del escándalo y la confrontación fue sin duda Guadalupe, en donde el secretario de Gobierno municipal, Carlos Alberto de Ávila Barrios, no pudo contener la serie de reclamos que le hicieran trabajadores despedidos por la presidencia de Julio César Chávez Padilla.
Y es que mientras el funcionario afirmaba a reporteros que habría menos de cien despidos y que se respetarían los derechos laborales, los empleados que ya habían recibido una notificación de separación de su área laboral, puntualizaban que eran alrededor de 300 los que habían sido informados de causar baja.
En Zacatecas la semana pasada sucedió algo similar, debido a las contradicciones que imperaron en el conflicto laboral que, con motivo del cambio de administración municipal se generó.
En otros municipios como sombrerete, Valparaíso y Ojocaliente la situación es parecida, pues enfrentan una transición en la que la permanencia laboral, no está segura.
Pero este escenario solo ejemplifica una sola parte de lo que sucede prácticamente en los 58 ayuntamientos del estado.
En cada cambio de administración el nuevo alcalde llega con su equipo que le acompañó en la campaña electoral para tomar posesión del cargo, sin importar los derechos adquiridos de quienes ahí laboran y menos aún, si hay experiencia o capacidad administrativa.
Los ayuntamientos atraviesan por una situación de quiebra financiera a causa de las nóminas infladas que, cada año es imposible mantener y que por tanto, tienen que pedir el consecuente adelanto presupuestal para poder pagar aguinaldo y prestaciones en el fin de ejercicio anual.
Lo peor del caso es que los despidos se hacen de manera irresponsable, sin cuidar las formas y derechos laborales de los trabajadores y además, sin dar un seguimiento jurídico a cada caso, lo que obliga no solo a las presidencias municipales sino a los gobiernos estatales, pagar enormes cantidades de dinero en laudos laborales.
Esta serie de irregularidades e irresponsabilidades ponen de manifiesto también una gran desatención al interior del gobierno estatal, en donde se ha descuidado el orden y la disciplina institucional.
El viernes pasado la magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Griselda Fabiola Flores Medina, en una entrevista con distintos medios de comunicación, informó que se ha generado una gran crisis laboral y burocrática, al registrarse en la actualidad más de mil
despidos y que a nivel estatal son más de cuatro mil.
La magistrada responsabilizó al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, recientemente nombrado en el cargo por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, a quien pidió saque las manos y no mueva títeres en el Tribunal.
Flores Medina ejemplificó que desde el 25 de septiembre se pidió nombrar a un nuevo magistrado que sustituyera a Alejandro José González Saldaña, quien había estado solicitando y obteniendo permisos, para poder mantenerse como director jurídico de la Secretaría de Administración del gobierno del estado, en donde fungía como juez y parte. Fue una irregularidad que se toleró.
Finalmente la ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez ya no le aprobó un nuevo permiso el pasado 11 de septiembre, por lo que Jehú Eduí Salas Dávila hizo efectiva la negativa y Alejandro José González Saldaña tuvo que renunciar a la magistratura, y solo quedarse como director jurídico de la dependencia mencionada.
Pero el pleito va más allá y es que la magistrada Flores Medina argumentó que se le ha presionado para que no se liquide conforme a la ley, a la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Irene Ruedas Sotelo, quien ganó la demanda en contra del gobierno del estado, pero el anterior director del Issstezac, Víctor Rentería (secretario particular del gobernador en funciones) y el actual, Francisco Javier Martínez Muñoz, no han querido otorgarle la indemnización por el orden de un millón y medio de pesos y pensión superior a los 32 mil pesos.
En entrevista con Pórtico Online el secretario de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila se mostró sorprendido por las acusaciones emitidas por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas. Para el funcionario es importante que esta instancia de justicia laboral obtenga su plena autonomía para que funcione de manera independiente.
Hasta este momento aún no se nombra al relevo de Francisco José González Saldaña en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Algo está pasando en el ámbito de la impartición de justicia laboral en Zacatecas y todavía no termina de aflorar.
Al tiempo.
