Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
La designación de 32 superdelegados federales que serán los únicos vínculos con los gobiernos de los estados, y que por ende desaparecerá la figura de delegados federales, desató ya una serie de impugnaciones por el control que tendrán en todos los ámbitos de la actividad pública, puesto que hasta en materia de seguridad podrán intervenir.
El todavía presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia personal de control sobre los estados y sus respectivos gobernadores, con lo que de facto se condicionará el pacto federal que permitía un equilibrio en el ejercicio del poder público.
La designación de delegados federales en las demarcaciones estatales siempre se dio en el ámbito de la discrecionalidad política. Formó parte de los acuerdos entre el gobierno federal en turno y los estatales, mediante lo cual se pagaron compromisos en algunos casos y en otros, se mandó al ostracismo a ciertos políticos.
Las delegaciones federales en los estados han formado parte del aparato burocrático y costoso del gobierno federal, a través del cual se toleró la corrupción y la inducción del voto en los procesos electorales.
Los usos y costumbres en la designación de un delegado ha sido la consulta al gobernador en turno para que apruebe el nombramiento, acción en la que en algunas ocasiones se le respetaba el derecho de veto al mandatario estatal. Así operó durante muchos años, en medio de la cortesía política.
En el caso de las designaciones durante el sexenio pasado se le permitió al ex gobernador Miguel Alonso Reyes, designar a delegados que formaran parte de su esfera de amigos cercanos, con los que hubo una especie de pacto de incondicionalidad, con quienes fueron sus operadores estratégicos en los procesos electorales y en los negocios.
En la actualidad el nombramiento de delegados en Zacatecas ha contado con la aprobación del mandatario Alejandro Tello Cristerna, aunque en algunos casos, la influencia ha venido de manera ajena a la voluntad del ejecutivo estatal.
La cuarta transformación lo que plantea en este momento es la centralización de las decisiones y por consecuencia, del poder presidencial. Andrés Manuel López Obrador cumplirá todos y cada uno de sus propósitos, de sus objetivos, pues su experiencia así se lo indican.
La relación del gobierno de Zacatecas con algunas delegaciones federales no solo ha sido complicada sino que ha ido más allá de lo institucional. El 23 de noviembre del 2016 el gobierno del estado interpuso una denuncia ante el Órgano de Control Interno de la Sedatu, en contra del delegado Rolando Garza y su secretario particular, por el presunto condicionamiento en la entrega de recursos derivados de los programas Fondo Minero, Habitat y Rescate de los Espacios Públicos.
En aquella ocasión la secretaria de la Función Pública del gobierno zacatecano, Paula Rey Ortiz Medina, demandó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que fincara responsabilidades administrativas en contra de los mencionados funcionarios federales, luego de interponer las pruebas correspondientes en el documento de la denuncia.
Semanas después el funcionario fue destituido del cargo pero se ignora si recibió algún tipo de sanción administrativa. A finales de octubre del 2017, el ex alcalde de Zacatecas y hombre cercano al ex gobernador Miguel Alonso, Arnoldo Rodríguez Reyes, rindió protesta como nuevo delegado.
A partir del 1 de diciembre la superdelegada en el estado de Zacatecas será Verónica del Carmen Díaz Robles, actual diputada por Morena en la LXIII legislatura estatal, quien junto con otros 31 homólogos, será la interlocutora directa con el presidente López Obrador.
Al respecto ya afloran las primeras manifestaciones de rechazo a la nueva figura. Gobernadores panistas a través de una carta pública cuestionaron que se les excluya de los planes de seguridad y se les trate a ellos y a los fiscales estatales como invitados de los próximos coordinadores estatales.
Y es que a los superdelegados se les aprobó que tengan a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.
En ese contexto los 12 gobernadores albiazules firmantes argumentaron que para resolver los problemas de inseguridad en los estados, se requiere del conocimiento del territorio y un acercamiento con la población.
Pero no han sido los únicos. El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, también rechazó la figura de los superdelegados. Afirmó que violan la soberanía de los estados y el pacto federal.
No es para menos. La nueva figura política del próximo gobierno federal desplaza totalmente a los mandatarios estatales. Los relega de una sus funciones estratégicas que es la gestoría de los recursos públicos, pero además, los margina de todo trato directo e interlocución social.
Los gobernadores se convertirán en simples administradores de los presupuestos que aprueben la fracciones parlamentaria de Morena y sus aliados, quienes les etiquetarán los recursos y el poder estatal menguará progresivamente.
En contraparte los superdelegados fortalecerán a los grupos políticos de Morena a los que pertenecen, para afianzar el poder o bien, como es el caso de Zacatecas, buscar que en la próxima contienda electoral el PRI sea derrotado y alcanzar el poder estatal.
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