El incontables veces referido en las frases “Gracias Pedro de León”, grafiteadas en fincas del estado, cuando todavía era precandidato a gobernador por el sol azteca, allá por 2015, resultó imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades al causar presunto quebranto a la hacienda pública por 124 millones 100 mil pesos.
Durante la audiencia inicial, el juez de control, Fernando Payá Ayala, concedió al imputado, excoordinador de la Unidad de Delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrallo Social (Sedesol), la duplicidad del término para que se determine su situación jurídica y ordenó que de nuevo se notifique para que comparezca Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol, y José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), ya que no se han presentado.
Este viernes, en los datos de prueba que el Ministerio Público Federal expuso contra De León Mojarro, cercano al exoficial mayor Emilio Zebadúa y cuñado del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, quien también se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, se señaló que el 5 de marzo de 2015 suscribió el convenio UCD/33901/010/2015 con la UIEM y la extinta Sedesol.
Fue un contrato indebido
Para las autoridades fue un contrato indebido, ya que las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero. Respecto del pago de la prestación del servicio, la Sedesol desembolsó más 124 millones de pesos que se registraron presupuestalmente en la partida Subcontratación de Servicios con Terceros.
Además, se comprobó que ésta subcontrató la totalidad de los trabajos que entregó a la Sedesol a un precio de 61 millones 222 mil pesos con dos empresas, equivalente a 49.3 por ciento del monto contratado con la dependencia, de lo cual se desprende que la universidad no contaba con la capacidad técnica, material ni humana para la realización de los servicios convenidos, aunque el importe de éstos se ajustara a 49.3 por ciento del total del convenio. Por ello se violaron varios artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El acuerdo consistía en el servicio integral de aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas para identificar y localizar a pobres extremos alimentarios en las 32 entidades federativas del país, conforme a los términos y condiciones indicados en su anexo técnico, y así contribuir a alcanzar la meta de atender mediante programas sociales a aproximadamente 7 millones de mexicanos identificados en pobreza extrema alimentaria. De acuerdo con la Fiscalía, dicho levantamiento no se llevó a cabo.
Vía La Jornada
