Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Los últimos acontecimientos de violencia han escalado preocupantemente en Zacatecas, puesto que el primer trimestre del año, con todo y Cuarta Transformación, han puesto de manifiesto el desbordamiento de la inseguridad en el país y en el estado, motivo por el cual el gobierno estatal erogaría 100 millones de pesos para que lleguen elementos de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad.
Está claro que el crimen organizado no respeta nada y a nadie. Los 30 millones de votantes que pensaron y creyeron que con AMLO iba contenerse o hasta desaparecer la violencia, hoy manifiestan su desencanto y decepción.
El cambio de gobierno y los compromisos de campaña se han estampado contra la pared de la realidad. La derecha panista, el otrora liberalismo priísta y la izquierda populista, no han podido hasta el momento frenar el deterioro social, la impunidad y la brutalidad de del crimen organizado en México.
La semana pasada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dio a conocer que los tres primeros meses del año se significaron como los más violentos en la historia del México moderno, al registrarse 7 mil 242 homicidios, lo que se traduce en 743 crímenes más que en el primer trimestre de 2018.
Cabe señalar que en los primeros cuatro meses de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se cometieron 11,360 asesinatos, a los que habría que agregar los 14 asesinatos en Minatitlán, Veracruz.
En Zacatecas la situación de inseguridad y violencia está desbordada a causa de la lucha por el control de los 58 municipios del estado que se disputan cinco organizaciones criminales.
En el pasado mes de enero se generaron 39 homicidios, en febrero 35 y en marzo 46, lo que mantiene una tendencia al alza con respecto al año 2016, aunque similar a la de 2018, que ha sido el año más violento en la entidad, hasta el momento.
Por otro lado, el estado de Zacatecas ha destacado entre los tres primeros lugares del país con el mayor número de fosas clandestinas. El año pasado se contabilizaron hasta el mes de noviembre 29 fosas clandestinas que, sumadas a las halladas a partir del año 2010, suman 228, de acuerdo con el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses.
La violencia no sólo no ha disminuido, sino que ha escalado en cuanto a la crueldad de los hechos de impacto, pero hay otro factor que preocupa tanto a las autoridades como a la sociedad: la agresión con personajes e instituciones que antaño no habían sido tocados.
El pasado 10 de abril un asesino entró a las instalaciones de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ejecutó a una joven estudiante que cursaba el décimo semestre, a quien por una denuncia de secuestro, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado le había asignado dos escoltas mujeres que, por cierto, en ese momento le acompañaban.
Ese mismo día el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, se encontraba con sus escoltas en la misma Unidad Académica de Derecho de la UAZ en una reunión con el director, y al escuchar las detonaciones, sus guardaespaldas salieron e iniciaron la persecución en contra del sicario, al que no pudieron atrapar, por lo que pidieron refuerzos de la SSP estatal.
Por la noche, la vocería de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) emitió un boletín en el que dio cuenta de los hechos y también de la muerte de una segunda persona, de Marcos García Benavides, de 30 años de edad, quien, de acuerdo al peritaje y a la necropsia, su deceso fue causado por el sometimiento de cinco policías investigadores y de los golpes que recibió.
Sobre este último episodio tiene conocimiento el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien entrevistado en Zacatecas, a donde asistió al Congreso nacional y asamblea general ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, pidió al gobernador, Alejandro Tello Cristerna, su colaboración en la investigación de la muerte del joven Marcos García Benavides.
Estos últimos acontecimientos muestran el escalamiento de la violencia en el estado, y que han derivado en el incendio de una casa con una familia en su interior en Loreto, el rafagueo a edificios de presidencias municipales, el secuestro y asesinato de elementos de seguridad pública, entre otros hechos de impacto.
El pasado 24 de abril el gobierno del estado envió el comunicado 501, en el que informa que la Guardia Nacional llegará a Zacatecas durante el segundo semestre del presente año, luego de la reunión que sostuvo el mandatario estatal, Alejandro Tello, con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quienes acordaron que Zacatecas entrará en la primera etapa.
Empero los costos por la llegada de la Guardia Nacional al estado no estarán a cargo de la Federación, como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de corregir la versión de que los estados pagarían alimentación, hospedaje y gastos de operación. El gobierno estatal erogará aproximadamente 100 millones de pesos que cubrirían las operaciones de esta recién formada corporación.
El viernes pasado, el secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, afirmó en entrevista con los medios locales que para la operación de la Guardia Nacional en Zacatecas “el gobierno tendrá que invertir un presupuesto anual cercano a los 100 millones de pesos para cubrir los gastos de operación, traslados y alimentación de los elementos que lleguen a territorio estatal”.
El gobierno de Zacatecas paga los costos de la inseguridad tanto económica, como social, jurídica y políticamente.
Al tiempo.
