El Senado aprobó por unanimidad la Ley General de Extinción de Dominio, con la que se pretende atacar la estructura financiera de la delincuencia organizada, que se estima en 50 mil millones de dólares, al agilizar el procedimiento para aplicarlo antes de concluir un proceso penal.
Sin embargo, de última hora se incluyeron controles para impedir el abuso de autoridad, como la “presunción de la buena fe”, por la que la persona demandada podrá acreditar sus propiedades en todo momento del proceso; también se reduce a 5 años el plazo para que un Ministerio Público pueda solicitar la extinción después de concluir el proceso penal.
Tras la discusión de las reservas, este lunes, con 109 votos a favor, la ley se aprobó en lo general y en lo particular, por lo que se enviará a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
Para los casos de corrupción del pasado, la ley determina que será imprescriptible. “En retroactividad, ya no será pretexto ser gobernador o huachicolero. Aquí ya no se valía que lo caído, caído y que las leyes sólo aplican a futuro. Cuando la Fiscalía tenga elementos para iniciar una acción de extinción de dominio, sobre actos de corrupción del pasado, tendrán toda la posibilidad jurídica de hacerlo”, resaltó Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano.
Al resaltar que esta ley permitirá pegarle a la delincuencia organizada en donde más le duele, que es una bolsa estimada de 50 mil millones de dólares “que tiene de valor el crimen organizado, y no los 17 millones de dólares que obtuvo el año pasado”.
La ley faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) a tomar medidas cautelares para inmovilizar acciones, cuentas bancarias, títulos valor o inversiones, además de bienes muebles e inmuebles; se termina con el secreto fiscal bancario, cambiario y tributario que impedían obtener información y se crean los jueces especializados en la materia “para ir por los bienes de los corruptos”.
También permite que el Ministerio Público obtenga órdenes de cateo “secretas” para agilizar el ingreso a terrenos o inmuebles donde se cometen delitos, como el huachicoleo. Además de que los congresos de los estados deberán legislar sus propios delitos, conforme a sus necesidades particulares.
En tribuna, el panista Damián Zepeda, la priísta Claudia Anaya y el morenista Cruz Pérez resaltaron los alcances de esta ley, que permitirá golpear en los bolsillos a los integrantes de la delincuencia organizada, corruptos, ladrones de autos, secuestradores, extorsionadores y otros delincuentes.
📌 Te compartimos algunos de los asuntos aprobados en la sesión extraordinaria de #HoyEnElSenado. https://t.co/AkDnjtbOQT pic.twitter.com/wyNJbTui8q
— Senado de México (@senadomexicano) July 2, 2019
