Por Juan Gómez
Director general de Pórtico.mx
La pandemia del COVID-19 corre paralela a la tragedia económica que empezamos a vivir en México, y traerá consecuencias lamentables en lo social y en la inseguridad que padecemos y que hasta ahora, ningún gobierno ha podido atemperar.
El manejo tardío de la pandemia en nuestro país y las señales contradictorias de López Obrador con llamados a salir a las calles y darse de abrazos en las plazas, labraron una imagen de irresponsabilidad presidencial en un escenario de contingencia sanitaria.
La mayoría de los gobernados se quedaron con la sensación de que el presidente se ocupa más de su proyecto personal de gobernar, que del bienestar general de los ciudadanos, pese al reiterado mensaje de “primero los pobres” que obedece más a una lógica populista que apuesta más por lo electoral.
Pero, así como la característica del coronavirus es su frenética propagación y letalidad en personas con padecimientos crónico degenerativos y bajas defensas orgánicas, así corre en paralelo la economía nacional en su deterioro progresivo.
El año 2019 lo cerramos con cero crecimiento económico y la aparición de la pandemia en territorio mexicano a principios de año, es un golpe casi mortal para la subsistencia empresarial y familiar.
¿Cómo puede reactivarse el cuerpo de una economía cuando sus principales venas de su crecimiento están prácticamente bloqueadas?
La caída en los precios del petróleo y la crisis en su paraestatal, así como el desempleo que empieza acelerarse a causa de la inmovilidad de su fuerza de trabajo y el bajo consumo, ponen contra las cuerdas a la economía mexicana.
La situación de las finanzas nacionales no es provocada solamente por los efectos del Coronavirus, sino que traen un comportamiento negativo desde que la actual administración federal inició sus funciones.
La cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco fue el primer golpe asestado a la confianza de inversionistas, quienes ven con asombro a un país que no respeta el Estado de Derecho (los acuerdos firmados y créditos contraídos) y que los macro proyectos están sujetos al vaivén de los caprichos de palacio.
El otro factor no menos desdeñable es la creciente inseguridad que padecemos prácticamente en todos los rincones del país, en donde ni la pandemia logra mitigar los asesinatos y hechos de violencia.
Un ejemplo: El pasado mes de marzo fue el más violento desde que las autoridades comenzaron el conteo oficial de la violencia en México, en donde cada 15 minutos y 14 segundos se registra un homicidio doloso o feminicidio, según el informe de Delitos de Alto Impacto de agosto de 2018.
Entre enero y agosto de 2018 se generaron en México 22 mil 411 víctimas. La violencia en el país es la peor de los últimos 20 años.
Pero la violencia durante la Cuarta Transformación está rompiendo record. El mes de marzo del presente año 2020 se significó como el más violento de lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 2,585 homicidios dolosos, de acuerdo al informe de Seguridad que da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Es decir, que se comete un crimen cada 20 minutos en el país.
Ni el coronavirus que mantiene en confinamiento voluntario a gran parte de la ciudadanía y menos aún la Guardia Nacional, han logrado disminuir los índices de violencia. Todo lo contrario.
Es más, algunos cárteles aprovechan la ocasión para repartir despensas entre la población depauperada, al igual que la hija del mayor narcotraficante encarcelado en un centro penitenciario de máxima seguridad en Nueva York.
Por supuesto que ninguno es detenido y menos molestado. Desde Palacio Nacional solo se les conmina a no caer en provocaciones. “Eso no ayuda, mejor bájenle”, les dijo el mandatario en la conferencia de prensa que tiene habitualmente por las mañanas. Eso fue todo.
Lamentablemente el presidente ha cometido varios dislates. Sin duda, las contradicciones en la venta del avión presidencial, a la que primero dijo que subastaría y después terminó siendo una rifa que no es rifa, le ha generado un alto costo a su credibilidad.
Demasiado rápido se ha ido gastando su alto bono democrático ganado en las elecciones del 2018. Las últimas mediciones así lo señalan.
El Gabinete de Comunicación Estratégica publicó a principios de este mes que solamente el 37.4% de la población tiene una opinión favorable al gobierno en turno, lo que significa una caída de cuatro puntos con respecto al mes de enero que se ubicaba en el 41.4 por ciento y de 10.6 puntos con respecto al mes de enero que era de 48%.
Por su parte GEA (Grupo de Economistas y Asociados) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) señala que la aprobación de Andrés Manuel López Obrador pasó del 57% al 47%.
La desaceleración que nos lleva a una crisis económica irá devaluando la popularidad presidencial, por lo cual se llegará muy débil a la apertura del proceso electoral en septiembre próximo.
El presidente tiene como adversarios al comportamiento económico (la baja calificación de las calificadoras internacionales así lo confirman), a la errática estrategia sanitaria inicial contra la pandemia del Coronavirus y a su partido, literalmente partido por la lucha por el control de la dirigencia en Morena.
Aún bajo este escenario impulsa modificaciones y reformas presupuestales en el Congreso para mantener sus macro proyectos de infraestructura gubernamental (algunos le llaman terquedad), y financiar sus programas sociales.
El presidente tiene prisa, pero la pandemia corre en paralelo a la tragedia económica que ya empezamos a vivir en el país.
¿Quién ganará la carrera?
Al tiempo.
