Este 7 de mayo la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza el foro denominado “La ley de atención, asistencia y protección a las víctimas: situación actual, perspectivas y desafíos”.
Bernardo Hernández/PórticoOnLine
Los servicios debidos por el estado a las personas que sufren las consecuencias de algún delito han sido motivo de críticas para la dependencia estatal. Zacatecas aparece en los listados de entidades que han incumplido compromisos con la Federación en materia de atención a víctimas de la delincuencia.
La ceremonia inaugural, programada para las 9 de la mañana, dará paso a una serie de paneles con temas como: Desafíos y retos para la aplicabilidad de la Ley General de Víctimas y su homologación en el estado de Zacatecas o La política pública en el diseño e implementación de los estándares y modelos de atención, asistencia y protección a víctimas de delitos en la entidad.
Un panel más estará enfocado a la participación de las organizaciones sociales para la aplicación de la ley de atención a víctimas del delito.
Además se llevarán a cabo un par de mesas de discusión con los temas Perspectiva de las aportaciones y la participación del sector social, educativo y e salid en la implementación de la ley para atender a víctimas de ilícitos y La participación del Poder Judicial en la ejecución de dicha norma.
El pasado 30 de abril la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano federal, difundió un diagnóstico en el que Zacatecas aparece dentro de un grupo de 16 estados que muestran avances irregulares en la armonización de sus leyes a la norma federal -pese a que el plazo vencía el 3 de mayo- y que presentaron informes incompletos, confusos o parciales sobre la atención a víctimas.
En mayo, pero del año pasado, fue creada la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, la necesidad de instalar esta dependencia surgió a raíz de la introducción de los juicios orales en Zacatecas.
El estado también ha sido señalado a nivel nacional por carecer de protocolos para atender la desaparición y la trata de personas.
Las últimas experiencias con foros destinados a recoger opiniones para la creación de leyes no son alentadoras. En el caso de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad una opinión general de sus detractores fue que no se incluyeron las propuestas de usuarios, concesionarios del servicio público, organizaciones civiles y agentes de tránsito.
