La Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado a un juez federal citar a audiencia a Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con relación a una serie de contrataciones irregulares para levantamiento de encuestas y conformación de padrones de beneficiarios.
Según informes judiciales, la Subprocuraduría de Delitos Federales pidió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte fijar una fecha para la audiencia inicial donde será imputado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. De acuerdo con dichos informes, se pretende imputarle la contratación de encuestas “fantasma” que ocasionaron un daño al erario de 77.8 millones de pesos.
El contrato de ese servicio se firmó el 1 de septiembre de 2014, entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), institución que realizaría encuestas a los beneficiarios de los programas sociales, que también se encargaría de verificar la información y datos personales de los beneficiarios en el Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Veracruz.
La investigación inició en agosto pasado en contra de Rosario Robles, ex titular de la Sedesol, con el argumento de que las encuestas serían aplicadas a más de seis millones de personas, pero de las cuales sólo fueron entrevistados un millón 48 mil 575.
La investigación relacionó a Pedro de León Mojarro, encargado de darle seguimiento a los trabajos, y al ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, responsable de las bases de datos.
Ya en abril de este año la FGR se inconformó por la determinación de un juez del mismo reclusorio, quien resolvió no vincular a proceso a Pedro de León por la investigación realizada en el caso de la Estafa Maestra.
De acuerdo con la investigación, el servidor público imputado autorizó indebidamente la contratación entre dos entidades públicas, una federal y otra local, lo que el juzgador argumentó como legítimo.
En su momento, la Fiscalía General de la República hizo saber al juez, con toda claridad, que la operación efectuada entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México, fue utilizada para otorgar un contrato por 124 millones 100 mil pesos, para la elaboración de un padrón de beneficiarios sociales, a través de una herramienta denominada Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).
