El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo que turnará la iniciativa a la Cámara de Diputados.
Luego de más de 17 horas de debate, con 85 votos a favor y 12 en contra, los legisladores avalaron en lo particular reformas a Ley Federal de Telecomunicaciones, así como del Código Penal Federal.
Asimismo, el Pleno del Senado aprobó con 72 votos a favor y 25 en contra los artículos 3, 9, 15 y 217 del proyecto de dictamen; mientras que con votos 71 a favor y 26 en contra aprobaron los artículos que fueron reservados y no se modificaron.
En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva de la cámara Alta, Raúl Cervantes Andrade, indicó que el dictamen se remitirá a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
“Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, afirmó.
Luego de una larga discusión iniciada poco después del mediodía del viernes, los senadores rechazaron más de 350 reserva del dictamen y aprobaron 28 cambios del proyecto.
El proyecto de dictamen a discusión en comisiones señala que el objetivo de la legislación es establecer las condiciones y el entorno legal que propicie la transformación de las telecomunicaciones y la radiodifusión a sectores más competidos y con mayores niveles de inversión, lo que necesariamente se traducirá en mejores servicios públicos, con mayor diversidad, calidad y a menores precios.
Establece que el objeto de regulación serían el uso, aprovechamiento, explotación del espectro, las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la convergencia entre estos.
El decreto propuesto dota al Instituto Federal de Telecomunicaciones del marco legal para regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión, como órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
