Código Político
Debilitamiento del Estado Mexicano
Por Juan Gómez
Los últimos acontecimientos que han estremecido al país y al mundo entero son una muestra clara del debilitamiento de las instituciones nacionales que, a través de los años y de los gobiernos, se han ido corrompiendo y perdiendo su legitimidad.
El asesinato de jóvenes normalistas y el secuestro de 43 de estos en el municipio de Iguala en el estado de Guerrero, así como el caso de las ejecuciones en Tlatlaya, ponen el dedo sobre las íes en cuanto al Estado de Derecho que priva en nuestro país pero sobre todo, en la impunidad encubierta con el manto de la política para imponer justicia.
A pesar de todo ello el gobierno mexicano ha actuado no con mesura sino con dilación ante estos acontecimientos que demandan una acción inmediata, lo que pone también de manifiesto la ausencia de respeto a los derechos humanos en México, la connivencia entre las bandas del crimen organizado y los gobiernos.
Pero aún más lo que observamos es una crisis profunda en los partidos políticos, en este caso particularmente en el de la Revolución Democrática, que postuló a un candidato que en el ejercicio del poder, dio muestras fehacientes de su íntima relación con el crimen organizado en Iguala.
En este contexto la dirigencia nacional que encabezó Jesús Zambrano hizo caso omiso de las denuncias de sus propios militantes y de las evidencias mostradas por los asesinatos de dirigentes populares que se atrevieron a abrir los casos de represión, intimidación y corrupción del alcalde guerrerense.
El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, pidió perdón por los acontecimientos en un municipio gobernado por un alcalde de extracción perredista, pero no apoya la permanencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero, lo que constituye una seria contradicción del acto de contricción pública.
Navarrete debería pedirle públicamente al gobernador Aguirre que presente su renuncia al congreso guerrerense, ante su incapacidad para mantener la paz y el respeto a la impartición de justicia en el estado, no perdones contradictorios.
Ante los acontecimientos de barbarie nadie hizo nada, ni la Procuraduría General de la República, ni el gobierno de Guerrero y menos aún el partido que postuló a José Luis Abarca Velázquez, el PRD. Todos miraron la forma de capitalizar políticamente los recursos, la capacidad de fuego, la movilización la coyuntura política y los acuerdos políticos de alto nivel, para dejar hacer y dejar pasar.
Es por ello que esta forma de gobernar, de absorber la impunidad, la corrupción; de voltear la mirada hacia otro lado cuando se violan los derechos humanos, hoy empieza a hacer crisis no solo en los gobiernos federal, estatal y municipal, sino en el Estado Mexicano.
El debilitamiento de las instituciones responsables de guardar el orden, de proteger la integridad y el patrimonio de los mexicanos y de propiciar su desarrollo integral, es una clara muestra de una crisis profunda del Estado Mexicano que, a pesar de la globalización de la problemática, no ha resuelto tomar una acción que restituya el deterioro provocado por este episodio y por los que le antecedieron.
El Presidente Enrique Peña Nieto se ha preocupado por la aprobación de las reformas estructurales que le han hecho trascender como un estadista con visión innovadora y con arrojo, pero se ha descuidado el respeto al Estado de Derecho.
Después del mensaje en cadena nacional el Presidente Peña Nieto no ha emprendido ningún tipo de acción de mando y lo que es peor, se ha permitido que el gobernador Aguirre y el procurador Jesús Murillo Karam, se enfrasquen en una reyerta verbal en la que el primero dice, sin presentar pruebas palpables, que los cuerpos hallados en narcofosas no corresponden a los estudiantes, en tanto que el fiscal nacional responde que aún no se da a conocer el resultado del análisis de los forenses.
La guerra contra el narco ha generado narcocorridos, dinero, mantas, ejecuciones, secuestros, impunidad, corrupción, penetración en las corporaciones policíacas y el ejército, pero también historias de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas.
El caso Tlatlaya evidenció, después de una denuncia anónima, la existencia de por lo menos una ejecución de presuntos delincuentes. Es un caso que aún está en investigación pero ya existen militares que son presuntos responsables de no haber respetado el protocolo de las Fuerzas Armadas.
Para colmo de dichos acontecimientos la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) mostró serias contradicciones en el caso de la ejecución de presuntos delincuentes en Tlatlaya, en el estado de México, lo que también fue una muestra clara del condicionamiento y sometimiento de su acción a la política al Poder Ejecutivo.
Este cúmulo de acontecimientos deberán generar cambios en la conducción del país, en los gobiernos estatales, en las instituciones autónomas, en los partidos políticos o bien, el endurecimiento gubernamental ante las demandas de mayor transparencia, respeto a los derechos humanos y democracia.
¿Cómo podrá detenerse el debilitamiento del Estado Mexicano
Al tiempo.
