La Procuraduría General de la República, PGR, tardó 85 días en iniciar la averiguación previa por el homicidio de civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a pesar de que tenía indicios que contradecían la versión del Ejército, sobre que los decesos se debían a un enfrentamiento, de acuerdo con la recomendación emitida el pasado martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La PGR inició la averiguación por los homicidios hasta el 23 de septiembre, a pesar que los hechos se dieron el 30 de junio, como señala la recomendación del organismo de derechos humanos.
La averiguación por las muertes se dio una semana después de que la agencia AP y la revista Esquire publicaron testimonios y evidencia de que un grupo de militares asesinó a presuntos criminales cuando ya se habían rendido.
Para esa fecha, de acuerdo con la recomendación, la PGR ya había realizado una prueba pericial desde el 5 de julio, la cual reforzaba la hipótesis de que un número reducido de los fallecidos disparó armas de fuego y que la mayoría se rindió a los militares.
No obstante que se habían rendido, los militares tomaron las armas de los presuntos criminales para asesinar al menos a 15 de ellos, de acuerdo con el organismo de derechos humanos. En total, hubo 22 decesos.
Pasaron más de dos meses entre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, y el inicio de la averiguación previa por homicidio, abierta por la PGR el 23 de septiembre.
El 10 de octubre, en este espacio informativo, el procurador Murillo Karam dijo que el ejército le notificó de violaciones al protocolo castrense, inmediatamente después de que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya.
Sin embargo, Murillo Karam no pudo precisar las fechas en que la PGR comenzó a investigar.
En la recomendación emitida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló lo siguiente sobre la PGR.
“Este Organismo Nacional observa que la investigación por los delitos cometidos por personal militar en contra de las víctimas que fallecieron fue iniciada hasta el 23 de septiembre de 2014… Ello a pesar de que desde el 3 de julio del presente año la Procuraduría estatal le remitió la carpeta de investigación, que se inició con motivo del fallecimiento de las 22 personas…”
Para la propia CNDH, la autoridad ministerial federal debió iniciar la investigación por homicidio desde que conoció de los hechos, pues se trataba de un delito que involucraba a autoridades militares.
Además, la Comisión señala que la PGR contaba con indicios previos que permitían presumir que la muerte de los civiles no se dio durante un enfrentamiento.
Este miércoles 22 de octubre, el procurador Murillo Karam respondió así a la pregunta expresa de por qué inició la averiguación previa por homicidios 85 días después de los hechos:
“Hasta ese momento era un problema de protocolos y la misma Ley y la Constitución señalan que eso se ve en la defensa. Cuando la propia Secretaría de la Defensa, en el análisis del rompimiento de sus protocolos, le dice a la Procuraduría que hay posibilidades que el rompimiento de los protocolos tenga algunas deficiencias en cuanto a la información sobre los hechos, nos lo plantea y empezamos a investigar sobre este asunto”.
Si bien la PGR inició dos averiguaciones previas por delincuencia organizada desde el 3 de julio, la que tiene que ver con el delito de homicidio se inició hasta el 23 de septiembre, después de lo publicado por AP y la revista Esquire, y dos meses después de que la propia PGR realizó pruebas periciales que ponían en duda la versión del Ejército sobre un supuesto enfrentamiento.
