La semana pasada se realizó la primera lectura del Decreto que envió el gobernador Miguel Alonso Reyes a la 61 legislatura, en el que solicita autorización para contraer un nuevo crédito por 3,200 millones de pesos con la banca privada, con lo cual se elevaría a 8,900 millones de pesos.
Es una cantidad económica importante que sería utilizada para la homologación de los trabajadores del sector salud, para atender el déficit financiero educativo; para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial y para la reestructuración general de la deuda pública con la banca privada.
La actual administración ha destacado dos acciones que son el eje argumentativo sobre el estado que guardan las finanzas públicas, pero sobre todo, la causa para acelerar el mayor endeudamiento del estado de Zacatecas:
1.- La contratación de PPS (Proyecto de Contratación de Servicios) para la construcción de Ciudad Gobierno, y
2.- El no pago de un crédito contraído con Banamex, que causó sanción por parte de las aseguradoras.
Inicialmente y de acuerdo al contrato firmado con la empresa Lara Diseño y Compañía, Constructora y Edificación GIA, GN Desarrollos y Maíz Edificaciones, el costo para construir Ciudad Gobierno ascendía a un monto de 2,400 millones de pesos pagaderos a 20 años.
Pero el gobernador Miguel Alonso lo consideró ventajoso y abusivo por lo que no permitió que se hiciera la entrega-recepción de las instalaciones. Aproximadamente 18 meses después el mandatario estatal cubrió con un crédito bancario del orden de los 1,545 millones de pesos a las empresas constructoras, con lo cual, argumentó, se ahorrarían 1,208 millones de pesos del erario público.
A pesar de todo lo anterior la contratación de deuda pública de la actual administración será el tema más polémico el próximo año electoral, puesto que Zacatecas se ha colocado entre los diez primeros estados más endeudados del país.
De acuerdo a la explicación que proporcionó a distintos medios de comunicación el Secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, el nivel de endeudamiento de la actual administración sería similar al de la ex gobernadora Amalia García Medina, que fue de 8 mil 109 millones de pesos (La Jornada Zacatecas/ 12 de noviembre de 2015/Pag. 3).
“Fernando Soto detalló que en 2010 Zacatecas tenía una deuda pública de 8 mil 109 millones de pesos; en 2011, tras la puesta en marcha del proyecto de rescate financiero, Miguel Alonso la bajó a 2 mil 212; en 2012 aumentó a 4 mil 551 millones de pesos; en 2013 subió a 4 mil 765 millones de pesos; en 2014 alcanzó los 5 mil 106 millones de pesos y este 2015 son 5 mil 963 millones de pesos los que se adeudan a la banca privada. Esta última cifra es el 21 por ciento de los ingresos totales de Zacatecas”. (La Jornada Zacatecas/12 de noviembre de 2015/ Pag. 3).
Las cifras que ha dado a conocer Fernando Soto Acosta no han sido desmentidas o corregidas por la ex gobernadora Amalia García Medina, ni por quienes fueron sus secretarios de Finanzas: Nicolás Castañeda Tejeda, Javier Calzada (representante de Movimiento Ciudadano en Zacatecas) y Jorge Miranda Castro (asesor en finanzas del presidente municipal de Zacatecas, Carlos Peña Badillo).
Por otro lado hay un dato muy interesante que aporta la organización “México Máxico” y es el referente a la deuda de las entidades federativas y la proporción que por ella le corresponde a los habitantes.
La información corresponde a lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En lo referente al estado de Zacatecas señala lo siguiente:
En el año 2000 la deuda era de 39.4 millones de pesos y tenía 1, 353, 610 habitantes que proporcionalmente tenían una deuda de $29.11 pesos; en el 2010, la deuda ascendía a 682 millones de pesos y había una población de 1, 490, 668 habitantes con una deuda respectiva de 457 pesos, y en el año 2014 la deuda contraída era de 7 mil 243 millones de pesos y la población se elevó a 1, 563, 324 habitantes que habrían contraído por consecuencia una deuda por 4 mil 633. 26 pesos. (http://www.mexicomaxico.org/Voto/DeudaEstatal.htm).
Sin embargo no queda claro, porque hace falta mayor precisión en la información, cuál es la deuda a largo plazo y cuál la de corto plazo. También es necesario especificar la ponderación económica de acuerdo a la tasa bancaria con la que se haya contraído la deuda respectiva.
Estas y otras dudas campean en la opinión pública y seguramente que el secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, las detallará en la comparecencia que tenga ante el pleno de los diputados en los próximos días, porque las cifras van de una interpretación a otra.
Empero es importante señalar que a la actual deuda que ha sido abordada en el congreso habría que agregar el recurrente “adeudo histórico” que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas y la situación tan apremiante por la que pasa el Issstezac que está, sin exagerar, en una situación verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista financiero, a causa de la pésima administración que ha tenido.
La actual solicitud de empréstito que hoy se analiza en el congreso zacatecano serviría también para reestructurar la actual deuda pública, y poder de esa manera trasladarla en período de pago, de diez a 15 años, además de que se solicita un período de “gracia” de dos años, a fin de que la actual administración no realice ningún pago por concepto de deuda, pero quien tendría que afrontar esta presión financiera sería el próximo gobierno que será de cinco años, debido a la reforma electoral que empató los comicios estatales con los federales.
El debate y la manipulación de la deuda zacatecana será uno de los instrumentos políticos estratégicos en el próximo proceso electoral 2016, año en el que se perfila un estancamiento en el Presupuesto de Egresos del estado.
Es por ello que el 2016 será un año de desafío económico y electoral.
Al tiempo.
