Alguien debería asesorar al gobernador Miguel Alonso Reyes sobre la tirantez que se ha generado con la fracción opositora en la LXI legislatura del congreso zacatecano, porque en el saldo, los dividendos políticos no favorecen al mandatario estatal.
El gobernador zacatecano estiró de más la liga en el conflicto por la aprobación del dictamen mediante el cual, se autorizaría endeudar más al estado para poder pagar pendientes y sobre todo, la deuda a corto plazo contraída por la actual administración, más el pago de 90 días de aguinaldos a maestros y su respectiva quincena y bonos de fin de año.
La ausencia de acuerdos con el bloque opositor en el congreso zacatecano generó en el presente mes que las posturas parlamentarias se radicalizaran, y que la aprobación del empréstito se colocara en una situación irreductible.
La filtración de la llamada entre el actual diputado federal priista y ex secretario de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas y el legislador local panista, Mario Cervantes, puso el dedo en la llaga sobre las fallidas negociaciones entre un sector del Ejecutivo y el bloque opositor compuesto por perredistas, panistas, petistas y de Morena.
En la mencionada filtración telefónica protagonizada por ambos legisladores, el diputado de Acción Nacional Mario Cervantes manifiesta su renuencia para apoyar con su voto la aprobación del empréstito en cuestión, debido a que “no se cumplieron los compromisos” que le habían prometido en una negociación pasada.
En esta acción de cabildeo se cometieron dos errores fundamentales: la negociación telefónica y la desinformación sobre acuerdos pasados.
En primer lugar las negociaciones no se hacen por la vía telefónica sino de manera personal, sea cual fuere su objetivo y éstas, no se realizan con una persona a la que se le engañó. Es elemental.
Este último error es el que ha complicado aún más las negociaciones entre el Ejecutivo y las distintas fracciones parlamentarias en la LXI legislatura, puesto que ningún legislador se atreverá a proporcionar su voto a una propuesta que se manchó con la filtración de una llamada telefónica interceptada.
¿Quién interceptó ilegalmente la llamada y la filtró a las redes sociales?
Pero en el trasfondo político no solo se observa la inexperiencia en el cabildeo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino la debilidad institucional de una administración que entra de lleno en los últimos meses de su período sexenal.
Esta debilidad institucional es la que no ha medido la actual administración y a la que no le han prestado atención y por tanto, importancia, pero que de prolongar su presencia podría generar una fuerte inestabilidad social y política en el estado.
Muestra de lo anterior son las constantes movilizaciones urbanas que hemos visto en las últimas semanas tanto en el Centro Histórico como en el Boulevard Adolfo López Mateos y en Ciudad Gobierno, por conflictos de distinta naturaleza pero en el que prevalece el factor económico y laboral.
Modificar la propuesta del Presupuesto de Egresos del 2016 es a todas luces una derrota parlamentaria, si es que la vemos en el escenario de la tirantez entre el Ejecutivo y el bloque opositor parlamentario, sobre todo a causa de la prolongación del conflicto para la aprobación del empréstito, cuya aceptación o rechazo se podría definir hasta el 30 del presente y último mes del año.
La prolongación del conflicto para la implementación de obras de remodelación o infraestructura le ha generado a la actual administración algunas victorias sobre las voces vecinales disidentes o inconformes en la realización de obras como la intervención de la Plaza de Armas, la remodelación de la Alameda Trinidad García de la Cadena o la calle Torreón.
Pero esas victorias le han generado un alto costo social a la imagen y relación de la actual administración con los ciudadanos, puesto que la entrega de la obra se ha hecho a destiempo, de manera tardía, y con modificaciones a los proyectos originales.
Lo mismo está sucediendo con la entrega de la administración al Grupo Modelo y remodelación que pretende hacer en el mercado González Ortega, en donde la oposición de un grupo de comerciantes, temerosos de ser desplazados de los locales que rentan al municipio de Zacatecas desde hace varios años, se oponen al posible cambio de giro comercial que se pretende ejecutar.
Lo que sucede en la relación del Ejecutivo con un sector opositor parlamentario en la LXI legislatura, es solo la muestra de la falta de asesoría política y en materia social que ha tenido el gobernador Miguel Alonso, y que en las postrimerías de su administración le están generando una crisis en su acción gubernamental y en su imagen social y política.
Estirar la liga en los conflictos no siempre arroja dividendos satisfactorios para los ejecutores de una política que está en la recta final de su ejercicio gubernamental y que será la responsable de la transición política en el estado.
¿Se entenderá esto?
Al tiempo.
