Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
La corrupción es para muchos un mal endémico en nuestro país, lo que suena muy familiar para todos los mexicanos, puesto que nos hemos acostumbrado a convivir y padecerla de manera cotidiana.
Pero no por ello deja de ser preocupante sobre todo cuando observamos que en la actualidad la corrupción no solo tiene un alto costo económico, sino que su incontrolable presencia debilita cada día más a las instituciones del país, desde la presidencia de la República, pasando por gobiernos estatales, congresos, sectores policíacos, hasta los ínfimos niveles de la creciente burocracia gubernamental.
A México le cuesta aproximadamente 100 mil millones de dólares al año la corrupción, y de acuerdo al Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el lugar 105 de entre 176 naciones.
Este fenómeno histórico cobra mayor relevancia en estos momentos debido al blindaje institucional que algunos gobernadores han hecho, para evitar que sus antecesores inicien un proceso de sanción en contra de los actos de corrupción que hicieron en sus respectivas administraciones.
Los casos más emblemáticos en estos momentos de alternancia política los constituyen los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, en donde sus respectivos gobernadores están bajo amenaza de sus relevos para fincarles responsabilidades de carácter penal.
Javier y César Duarte, gobernadores de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, así como Roberto Borge de Quintana Roo, no son los únicos mandatarios estatales que han utilizado sus poderes institucionales para dejar un cerco de protección en las entidades que han gobernado.
Prácticamente todos los mandatarios utilizan el monopolio del poder para someter no solo a su burocracia, las contralorías estatales por ejemplo, sino a los que se suponen son el contrapeso para el Poder Ejecutivo: los congresos y el Poder Judicial, en donde procuran siempre tener el control de la mayoría legislativa y designar a los magistrados o procuradores (fiscales en algunos casos) de justicia.
La impunidad, en ocasiones, va más allá de la esfera estatal, se aloja en la red de complicidades con la federación o directamente en la residencia oficial de Los Pinos, desde donde sale también el velo protector de las trapacerías y abusos sexenales.
El ejemplo más reciente de la impunidad es el caso del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien no solo no se le ha fincado responsabilidad por las irregularidades en el estado que gobernó, sino que incluso se le brindó apoyo legal cuando fue aprehendido en España por lavado de dinero.
El escándalo de la “Casa Blanca” en donde una investigación periodística mostró la trama de los conflictos de intereses en la casa presidencial, es el botón de muestra del tráfico de influencia y la asignación de obras millonarias a empresas que tienen la fortuna de gozar de la preferencia sexenal.
Lo políticamente correcto en estos casos es nombrar a un nuevo secretario de la Función Pública, para que investigue “a fondo” los casos de corrupción, pero son hombres con correa que obedecen la voz de mando y no a la sociedad.
Cuando el escándalo de corrupción y abuso de poder desborda a los aparatos de gobierno, cuando el enriquecimiento es total y absolutamente explicable, en algunos estados los ciudadanos castigan a esos gobernantes como sucedió en el pasado proceso electoral, pero aún se está muy lejos de que se les aplique la ley, porque falta la voluntad política del Presidente de la República en turno.
El derroche y mal uso de los presupuestos públicos y de las excesivas deudas contraídas con la complicidad de los congresos estatales, carecen de un freno institucional o político y de sanción ejemplar que evite contagio en otros estados.
Situación similar se vive en otras entidades como Zacatecas, aunque la exposición mediática ha sido diferente, pero no ajena a la práctica que se genera como en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
En el caso Zacatecas el gobernador Miguel Alonso Reyes también utiliza sus facultades para cerrarle la puerta a cualquier intento que pretenda alterar su tranquilidad, puesto que existe una denuncia en su contra en la Procuraduría General de la República.
El mandatario zacatecano tiene el control del congreso por dos años más, así como del Poder Judicial; pero además, mantiene una gran amistad de muchos años con el gobernador electo, Alejandro Tello Cristerna, a quien llevó a la vida pública cuando fue presidente municipal de Zacatecas (fungió como tesorero del ayuntamiento) y después al gobierno del estado, en donde fue su primer secretario de Finanzas.
Con mayor sutileza pero el fondo es el mismo: asegurarse que cualquier indicio de investigación o persecución no prospere.
El actual es un escenario muy complicado para el Presidente Enrique Peña Nieto, porque le quedan menos de dos años a su administración, y además, el panorama de la política interna lo debilita cada día más y desgasta su imagen pública.
El conflicto magisterial en Oaxaca, donde no se ha esclarecido el asesinato de nueve personas, no solamente cuestiona la viabilidad de la reforma educativa, sino que constituye una muestra del hartazgo social al escalar a otras entidades y generar las movilizaciones que vemos todos los días.
Hasta el momento las reformas estructurales no han dado los resultados que proyectaba su equipo de trabajo, y ya no hay tiempo para que los mexicanos vean y sientan los beneficios en sus economías familiares.
El fin de sexenio solo acelerará la sucesión presidencial, el relevo en Los Pinos y la máquina del desarrollo del país, tal parece que se está descarrilando; y menos aún, habrá sanción sin distingos para quienes infrinjan la Ley.
Castigar a quienes abusaron de sus atribuciones constitucionales y dañaron a la hacienda pública, conlleva riesgos políticos y venganzas, pero también podría ser el inicio para la limpiar la casa y fincar una nueva cultura de la legalidad en nuestro país.
Al tiempo.
