Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Los sueldos de la clase política lastiman no solamente al erario público sino también a una sociedad zacatecana que padece la discrecionalidad y la incoherencia discursiva, porque enriquecen a unos cuantos que muestran la ambición por el enriquecimiento personal.
El gobernador Alejandro Tello Cristerna puso el dedo en la llaga al exhortar a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial a disminuir sus percepciones, en aras de ajustarlas a la realidad de un estado con muchos rezagos sociales y económicos que atraviesa por una crisis de liquidez financiera.
Hasta este momento en el que redacto esta colaboración, no he escuchado una sola muestra de adhesión a la propuesta gubernamental, sino solamente “justificaciones” para mantener las canonjías de las percepciones salariales.
La situación es preocupante no solo por la falta de solidaridad con la propuesta del Ejecutivo del estado, sino por la ausencia de sensibilidad con la situación que prevalece en las finanzas estatales, que se encuentran debilitadas por los excesos del pasado inmediato que dejó al estado en la precariedad económica.
Los diputados zacatecanos se enfrascaron en la discusión por las “herramientas” legislativas que les dejan más de 200 mil pesos mensuales para usarlos de manera discrecional, pero ninguno habló de la reducción de sus percepciones salariales que se ubican en aproximadamente 180 mil pesos mensuales, integradas por la dieta parlamentaria y a la que habría que agregarle los gastos de telefonía móvil, automóvil, seguro de gastos médicos mayores, gastos de representatividad y bonos.
En este poder se incorporan también los gastos de trabajadores sindicalizados que cobran sin realizar una actividad laboral, por el status de comisionados en el Sutsemop (Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales), quienes no rinden cuentas a nadie, empezando por su dirigente, Armando Moreira.
El año pasado, por ejemplo, el gasto de la nómina del congreso zacatecano fue de 161 millones 72 mil pesos, lo que representó un gasto diario de 441 mil 294 pesos, que comprendió el sueldo de 30 diputados y 230 trabajadores.
Ante la invitación de la reducción del sueldo de los poderes estatales los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron los integrantes del Poder Judicial, quienes en voz de su presidente magistrado, Armando Ávalos Arellano, argumentaron que constitucionalmente es improcedente reducir el sueldo de magistrados.
Pero el asunto no queda solamente en los poderes estatales sino también en los representantes de algunos organismos autónomos, quienes también obtienen percepciones que son discordantes en un estado donde prevalece la inequidad salarial y los rezagos sociales.
Es el caso de la presidenta del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública, Julieta del Río Venegas, quien de acuerdo a una publicación del diario NTR, recibe un salario de 79 mil pesos mensuales, solo 11 mil pesos menos a las percepciones del titular del Poder Ejecutivo del estado.
La respuesta de la comisionada presidenta fue el envío de una carta al diario citado en la que argumenta el sustento legal “toda vez que deriva del presupuesto aprobado por la H. Legislatura del estado y depende de las responsabilidades de cada uno”. (http://ntrzacatecas.com/2016/10/06/intenta-el-izai-aclarar-sueldos/).
Sin embargo en entrevistas para la radio estatal la comisionada presidenta del IZAI argumentó que para eso había estudiado, lo que le acarreó una serie de críticas debido a que muchos investigadores universitarios no perciben ese tipo de percepciones salariales.
También en algunas instituciones académicas los sueldos se consideran desproporcionados por la realidad económica y social de Zacatecas.
Es el caso del rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) que percibe 81,400 pesos mensuales de acuerdo a la página de transparencia del gobierno del estado.
El tema de los las percepciones salariales puesto en la mesa del análisis y la discusión por parte del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, ha levantado una fuerte discusión social y mediática, pero sobre todo, una fuerte inconformidad entre la élite de quienes ostentan estos ingresos.
El tema es relativamente nuevo porque en el pasado tanto servidores públicos como legisladores, regidores, representantes sindicales y hasta miembros honorarios de los sistemas estatales y municipales del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) no percibían los sueldos que hoy obtienen.
Por ejemplo los regidores y las presidentas de los DIF municipales no recibían remuneración alguna, pero la alternancia perredista de 1998 cambió las reglas del juego.
En la actualidad es más remunerativo ser alcalde o regidor que diputado federal, puesto que la expectativa local les ofrece mejores márgenes económicos, además de que no tienen que gastar en rentas o en compras de departamentos en la Ciudad de México.
El negocio de las permutas y apropiaciones de las áreas verdes o de donación representan, para presidentes municipales y regidores, un área de aprovechamiento personal y de usufructo patrimonial, gracias a la discrecionalidad en los cabildos.
Si a lo anterior le agregamos la opacidad en la asignación de la obra pública, tanto estatal como municipal, podríamos concluir que, independientemente de los generosos sueldos que se aprueban en Zacatecas, el sector público representa un gran negocio para muchos políticos, líderes y funcionarios.
Controlar y ordenar este entramado de intereses políticos y económicos no es una tarea fácil y menos aún su erradicación, debido a la oposición de los poderes institucionales y fácticos del estado.
A pesar de todo ello, en la presente administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna, se pretende sentar las bases, sobre todo jurídicas mediante el Sistema Estatal Anticorrupción, para que en Zacatecas prevalezca una mayor disciplina y eficiencia en el ejercicio presupuestal.
Al tiempo.
