Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Víctima de las erráticas políticas administrativas que privilegian el corporativismo electoral en las corrientes académicas y por un crecimiento basado en la rentabilidad política, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” atraviesa nuevamente por una crisis financiera que la coloca en la incertidumbre y en la impunidad disfrazada de “autonomía” universitaria.
Este crecimiento desproporcionado a los recursos que recibe la institución del subsidio federal y estatal, derivó en el financiamiento irregular, arbitrario, al apropiarse de las cuotas obrero patronales que deberían ser reportadas al Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) y al Fovissste), lo que alcanzó una deuda de aproximadamente 1,500 millones de pesos.
La entonces llamada “deuda histórica” que acumulaba casi 15 años de vigencia, fue enfrentada primeramente por los rectores Rogelio Cárdenas y después por Alfredo Femat, quienes sucesivamente idearon un plan de rescate al proponer la construcción de lo que llamaron el campus “UAZ Siglo XXI” que comprendía la venta de edificios antiguos, propiedad de la Máxima Casa de Estudios.
Para tal efecto el entonces rector Alfredo Femat Bañuelos (2004-2008) cabildeó un acuerdo con la gobernadora Amalia García Medina (2004-2010), con quien logró la condonación de dicha deuda con la Secretaría de Hacienda y el ISSSTE, lo que en aquel momento saneó las finanzas de la institución.
Para lograr este acuerdo la UAZ se comprometió al pago oportuno del SAR, a una reingeniería administrativa, ordenamiento del gasto presupuestal y a la entrega de los edificios comprometidos con el ISSSTE.
Sin embargo durante el rectorado del doctor Francisco Javier Domínguez Garay no se cumplieron los compromisos pactados y al contrario, se inició la construcción de campus universitarios y preparatorias en otros municipios del estado, así como la contratación de más personal académico sin el aval de la Secretaría de Educación Pública, lo que obligaba a la Universidad a pagarles sueldos y prestaciones con recursos propios, de los cuales carecía presupuestalmente.
Durante la transición rectoral con el ingeniero Armando Silva Cháirez (2012-2016) hizo crisis la situación financiera, pero lo peor fue la indolencia de su administración, puesto que nunca se responsabilizó de presentar un plan de reordenamiento administrativo y tampoco realizó gestiones ante la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino que solo buscó el respaldo de la Anuies (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), pero sin el apoyo del gobernador Miguel Alonso Reyes (2010-2016).
El 23 de junio de 2013 en una entrevista colectiva con la prensa zacatecana, el rector Silva Cháirez, afirmó que la deuda de la Universidad era “impagable”. En ese momento ascendía a 600 millones de pesos. Argumentó entonces que el subsidio era de un mil 18 millones de pesos y que por lo tanto, no se estaba en condiciones de subsanarla.
Pero nunca hizo nada para resolver ese grave problema.
Es por ello que el primer reto que tiene el actual rector Antonio Guzmán Fernández (2016-2020) es el financiero, puesto que la semana pasada la Secretaría de Hacienda le retuvo a la institución 136 millones de pesos por el adeudo con el SAR, lo que dejó a la Máxima Casa de Estudios en la insolvencia para pagarle a más de cinco mil maestros y más de mil administrativos.
Al asumir la rectoría de la UAZ, Antonio Guzmá Fernández, delineó que el reto mayor de la institución era el déficit financiero, por lo cual, propuso un plan de austeridad que comprende la reducción de los salarios de funcionarios de la administración central universitaria.
La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene una deuda de casi 2,000 millones de pesos y para cerrar el presente año fiscal requiere 500 millones de pesos. Este lunes 17 de octubre, maestros, administrativos y funcionarios, podrán cobrar su quincena, gracias a la negociación en la ciudad de México ante Hacienda, pero ello solo matiza un problema estructural que tiene la máxima institución educativa de Zacatecas.
¿A qué está obligada la Universidad para regularizar su problemática financiera?
La respuesta parece sencilla: a presentar un plan de reordenamiento y disciplina administrativa.
Lo anterior significa que deberá depurar su planta docente y administrativa, lo que podría obligar a una renegociación de algunas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo; suprimir escuelas y preparatorias, al cumplimiento de lo pactado con el Issste y a una mayor transparencia en el ejercicio presupuestal; dar de baja las dobles plazas y evitar la fragmentación del recurso presupuestal federal.
El diario La Jornada Zacatecas publicó el pasado 17 de junio de 2015 lo siguiente: “De acuerdo con la Cuenta Pública 2013 emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) muestra irregularidades en el ejercicio de más de 47 millones de pesos, en especial en pago de prestaciones injustificadas, otorgamiento de becas, entre otros, para lo cual iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias”.
También el mismo diario publicó el 29 de febrero de 2016 que “un total de 1,428 millones 600 mil pesos en Zacatecas resultaron con alguna observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras la revisión de la cuenta pública 2014 y, en concreto, a la aplicación de los fondos y programas federales que se ejercieron en la entidad durante ese ejercicio fiscal”.
La Auditoría concluye que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por casi 470 millones de pesos.
De la anterior el gobierno de Zacatecas encabezado por Miguel Alonso Reyes tiene 365 millones 388 mil pesos en los que se ha requerido una aclaración por parte de la ASF, mientras que se calculan en cerca de 440 millones los “probables daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal”.
En la citada información también aparece la administración universitaria con un total de 581 millones 35 mil pesos observados, de los cuales casi 16 millones 500 mi pesos constituyen un probable daño al erario público.
Universidad y gobierno del estado son hermanos de la misma insolvencia financiera, puesto que sus antecesores no actuaron con apego la normatividad y régimen financiero adecuado, por lo que, hoy son sujetos de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo que en parte mantiene en una “quiebra técnica” a la administración estatal, como le calificó el gobernador Alejandro Tello a la situación financiera que prevalece en el estado.
El gobernador Tello tiene un problema mayúsculo con el sector educativo del estado, puesto que no solo es la Universidad, sino todo el sistema de educación básica, media y superior el que atraviesa por deudas que arrastran, a las que habría que agregar a los colegios de bachilleres.
Son más de cuatro mil millones de pesos los que se requieren para sanear a este sector en lo inmediato.
¿Y cuándo se aplicará la ley a los responsables del “quebranto” financiero?
Al tiempo.
