Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
Entre tomas del congreso, bloqueos a Ciudad Gobierno y carreteras; marchas ciudadanas y sindicales; rectificaciones mediáticas; aprobación polémica de nuevos impuestos estatales y finanzas quebradas, han transcurrido los primeros cuatro meses y 23 días de la actual administración gubernamental.
Son muchos los expedientes abiertos en Zacatecas que meten no solamente ruido al gobierno priista de Alejandro Tello Cristerna, sino que encienden las luces rojas en la conducción política y administrativa del estado.
Desde la toma de protesta el pasado 12 de septiembre del 2016 el gobierno priista ha estado bajo la presión de los acontecimientos y sobre todo, en el escenario del conflicto recurrente, sin que el equipo gubernamental pueda resolver cada uno de los problemas que se le han presentado.
De entrada el mandatario estatal tuvo que rendir protesta en un recinto alterno –el auditorio del Poder Judicial del estado- porque los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenían tomada la sede del Poder Legislativo, desde donde amenazaban con impedir el protocolo legal de la asunción al poder.
La primera decisión del mandatario fue la designación de su equipo de trabajo integrado mayoritariamente por jóvenes con poca experiencia en la administración pública, por dos operadores políticos, Otilio Rivera Herrera en la Secretaría de Desarrollo Social y Víctor Armas Zagoya en la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, en tanto que en la Procuraduría de Justicia nombró a Francisco Murillo Ruiseco, con escasa experiencia en el área y a Jorge Miranda Castro, en la Secretaría de Finanzas, quien desempeñara ese cargo durante la administración de Amalia García Medina.
La primera presión la recibió cuando abrió las arcas estatales y constató que no había dinero suficiente para pagar la nómina magisterial y que la Secretaría de Hacienda notificaba a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) la retención de las participaciones federales por el orden de los 136 millones de pesos, además de los 1,200 millones de pesos faltantes para pagar nómina, prestaciones y aguinaldo del sector educativo estatal.
El 16 de diciembre pasado la 62 legislatura de Zacatecas aprobó el paquete fiscal 2017 en el que se incluyen nuevas figuras tributarias y aumento en servicios, entre las que destacan: el Impuesto Ecológico (Impuesto Minero) para las empresas altamente contaminantes; el aumento del Impuesto a la Nómina que pasa de 2% a 2.5% y el incremento del Impuesto para apoyar a la Universidad Autónoma de Zacatecas que pasó del cinco al 10 por ciento; además del nuevo Impuesto a Infraestructura y el incremento en el pago de la tenencia vehicular también irritaron a la sociedad.
Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del 2017 Alejandro Tello se fue de vacaciones y tardó 20 días para reaparecer en un acto público, durante la toma de protesta de la presidenta municipal de Zacatecas, Judit Magdalena Guerrero López.
De ahí en adelante el mandatario estatal ha tenido conflicto tras conflicto que han tensado no solamente las relaciones con el sector empresarial minero, sino con el sector educativo y social del estado.
Las empresas mineras y la cámara que las agrupa reaccionaron de inmediato al rechazar el impuesto aprobado por mayoría en el congreso y después, amagaron con ampararse en contra de dicha imposición gubernamental.
Días después el líder del Sindicato Nacional Minero y Metalurgista Frente, Carlos Pavón Campos, manifestó su rechazo a la nueva figura impositiva porque pone en riesgo los empleos de miles de obreros, por la merma a las utilidades y rentabilidad de las empresas. A la siguiente semana, los mineros bloquearían la carretera federal 45 a la altura del aeropuerto de Zacatecas y después reventarían un acto público del gobernador Tello Cristerna en Fresnillo, donde entregaría equipo técnico en el Hospital General de esa localidad.
En este contexto de presiones el gobernador comentó en un noticiero radiofónico local que empresas mineras habían intentado sobornarlo con dos, tres y hasta cinco millones de dólares, pero que no iba a ceder para mantener la aplicación del Impuesto Minero.
Sin embargo en breve tiempo el escenario cambiaba y modificaba la expresión. En entrevista con los medios de comunicación declaraba: “fue un error de mi parte y lo asumo, pero quiero declarar que no me sobornaron. Fue una mala expresión de mi parte”.
La rectificación del gobernador se generaba al término de la ceremonia conmemorativa por el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada en el Hemiciclo a Juárez durante la mañana, con un congreso tomado por organizaciones civiles y sociales, que impidieron que la sesión solemne se hiciera en el salón de plenos del congreso zacatecano, donde no se pudieron colocar las letras doradas alusivas al festejo.
Fue por esa causa que el gobernador Tello Cristerna no asistió a la sesión solemne que se llevaría a cabo en el auditorio del Poder Judicial, a la que mandaría en su representación al subsecretario de Desarrollo Político, Catarino Martínez Díaz, y no a la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres.
Previo a toda esta secuencia de sucesos el mandatario estatal había declarado a mediados de enero la posibilidad de “liquidar” al los Colegios de Bachilleres (Cobaez) debido a que las prestaciones plasmadas en el Contrato Colectivo de Trabajo son insostenibles, además de las millonarias deudas que tiene la institución con el Seguro Social (IMSS) y el Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas).
La declaración del mandatario se dio después de que el Supdacobaez bloqueara las oficinas de la Secretaría de Finanzas, en demanda del pago complementario de 50 días de aguinaldo pendientes. Después se desencadenarían las movilizaciones y el paro en los 40 planteles en el estado.
Alejandro Tello Cristerna está obligado a hacer alto en un camino minado por conflictos a los que se suman la controversia en la Casa Hogar del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), en donde la directora, Guadalupe Álvarez, fue captada en un audio en el que da la orden para bañar con agua con hielos a una menor del albergue, por haberse orinado con la ropa puesta.
Con el recinto congreso tomado por miembros de organizaciones civiles y sociales y sin el apoyo oportuno de su fracción parlamentaria, ni de la dirigencia estatal de su partido, el gobernador navega entre yerros, cuestionamientos, rectificaciones, presiones, movilizaciones, bloqueos carreteros y de oficinas gubernamentales, a poco más de cuatro meses de su mandato, lo que deteriora aceleradamente no solo su imagen pública, sino que debilita el ejercicio de su gobierno e impide la interlocución con la sociedad.
¿Quién pondrá orden en este complejo escenario y evitará una crisis no solamente política sino institucional?
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