Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
La filtración de un par de fotografías a medios televisivos al inicio de semana pasada y la renuncia de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Mara Muños Galván, quien hizo una serie de revelaciones de presunta violación a los derechos humanos, pusieron en evidencia el control de estos derechos bajo la dictadura de la política.
Existen dos momentos y dos fotografías que son muy distintas: las primeras que circularon son en color y en ellas aparecen reclusos del penal de Cieneguillas acostados boca abajo.
La segunda fue una serie de fotografías blanco y negro en donde todo indica que fue una revisión hecha por la policía estatal al mando del secretario de Seguridad Pública, general Jesús Pinto Ortiz, quien aparece en una de las incursiones que se hicieron en el sexenio pasado, en donde algunos los internos aparecen desnudos y otros con ropa.
En dichas fotografías los reclusos se encuentran sometidos a la revisión de la policía antimotines, al parecer, en una de tantas que se realizaron al interior del Centro de Reinserción Social de Zacatecas.
En ambos casos hubo un largo y prolongado silencio institucional durante la semana pasada y fue hasta el jueves cuando el caso llegó al congreso del estado, en donde los diputados de oposición cuestionaron sobre todo, la presencia del ex secretario de Seguridad Pública Estatal de la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes y exigieron una investigación a fondo del tema.
Cabe reiterar que son dos fotografías que corresponden a hechos y momentos distintos. No se puede asegurar que sendas gráficas corresponden a la administración gubernamental pasada.
Sin embargo dichos testimonios gráficos no fueron tomados por reos ni por custodios, sino que todo parece indicar que corresponden a cámaras de seguridad interna, lo que podría interpretarse como un ajuste de cuentas institucional.
Pero el tema fue rápidamente rebasado por la denuncia que hiciera la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Mara Muñoz Galván, quien en una larga carta de renuncia expone la presunción de obstrucción de la justicia en la Procuraduría General de Justicia del estado.
El caso no es menor sino todo lo contrario. Expone una serie de irregularidades tanto en el ámbito administrativo como en el de impartición de justicia, en el que estarían involucrados un alto mando de la Policía Ministerial y un recién nombrado sub procurador de Justicia.
En este último caso el gobernador Alejandro Tello afirmó que la ahora ex funcionaria es su amiga y que no existe nada en contra de ella, al tiempo que la exhortó a presentar de manera formal las denuncias que hizo ante los medios de comunicación zacatecanos.
Ambos casos seguramente caerán rápidamente en el olvido de la opinión pública, debido por un lado al período vacacional de Semana Santa y por otro, el cúmulo de acontecimientos de alto impacto que se generan en el estado.
Sin embargo es importante hacer algunas consideraciones al respecto, en especial por la responsabilidad y función de los órganos de investigación e impartición de justicia en la entidad:
En primer término los zacatecanos no observan a un órgano estatal de defensa de los derechos humanos que actúe con independencia y menos aún, con celeridad ante situaciones que deberían ser de oficio cuando trascienden en los medios de comunicación.
Esta actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas a cargo de María de la Luz Domínguez Campos, provocó un a serie de cuestionamientos e ironías en la tribuna de la 62 legislatura en la sesión del jueves pasado, puesto que diputados y diputadas de oposición señalaron que cómo era posible que la mencionada comisión estuviera esperando la ratificación de la denuncia de reos del penal de Cieneguillas para que pudiera actuar.
El caso de la ahora ex directora del Centro de Justicia para las Mujeres, organismo dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado es también delicado, no solamente por las denuncias hechas ante la prensa local, sino por el silencio que guardan organismos como la propia CDHEZ y la Secretaría de la Mujer.
En la citada misiva de su dimisión la ex funcionaria especifica que “cabe mencionar que, en un caso de presunta violación equiparada, actué para que el ministerio público de delitos sexuales integrara con diligencia la carpeta de investigación y solicitara la prisión preventiva a la autoridad jurisdiccional, atendiendo al principio de que la justicia debe ser pronta y expedita. En este caso, por actuar de manera inmediata se interpuso en mi contra una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual se encuentra en trámite”.
Agrega al respecto que “el imputado se encuentra en prisión preventiva siguiendo el debido proceso, no obstante, la negativa de la víctima a conceder el beneficio del proceso abreviado, con el cual el imputado saldría libre, el ahora subprocurador se empeña en beneficiar al presunto responsable”.
La ex funcionaria pública hace referencia también a lo que llama “la enorme descomposición de los cuerpos policiales ministeriales pertenecientes a la Procuraduría pues son varios los casos de violencia familiar y abuso sexual que se siguen en contra de elementos de esta corporación, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas contundentes para reprender y erradicar estas conductas de quienes se supone tienen el objetivo de proteger a la ciudadanía”.
Mara Muñoz Galván, quien fuera la primera directora del Instituto de la Mujer Zacatecana (Inmuza) creado durante la administración del gobernador, Ricardo Monreal Ávila y que constituye el antecedente inmediato de la Secretaría de la Mujer, señala en la parte final de la multicitada carta que “me niego a ser parte de la simulación, del discurso que dice estar a favor de las mujeres y que en los hechos se queda hueco, sin resultados tangibles”.
Ambos casos expuestos constituyen una muestra de la fragilidad institucional en materia de derechos humanos en Zacatecas que, lejos de emprender acciones de reconstitución institucional, pareciera que son rehenes de la política.
En el caso de la CDHEZ también habría que exigirle a su consejo consultivo un mayor compromiso con la sociedad y sobre todo, una mayor participación activa en las decisiones que se dan al interior del organismo autónomo.
Los consejeros también son corresponsables de las decisiones que se toman al interior de dicho organismo y por tanto, deben asumir su responsabilidad, no solo por la imagen institucional, sino por el compromiso que tienen al ser representantes de la sociedad zacatecana.
