Por Juan Gómez (@juangomezac)
El presente año agoniza pero ya muestra las primeras imágenes y estrategias de precandidatos que se disputarán los más de 3,400 cargos de elección popular que estarán en juego el domingo 1 de julio del 2018.
Nuevamente el país se verá inmerso una gran batalla electoral en la que se generarán miles de spots (304 mil), toneladas de propaganda política, mensajes en medios tradicionales y digitales de comunicación.
Los estrategas en imagen política y las empresas encuestadoras consolidarán y expandirán su influencia entre los protagonistas, y llevarán los mensajes, posturas, estadísticas y tendencias electorales, al gran mercado de la manipulación electoral.
Desde antes del registro de precandidaturas en los distintos partidos políticos, los aspirantes al gobierno de la república, al senado, diputaciones locales y federales, presidencias municipales, etc., se mueven no solamente en los medios de comunicación en general, sino a través de redes sociales, donde pueden transitar libremente.
El ciudadano recibe un bombardeo constante de todo tipo de mensajes, desde el que promociona al sujeto hasta las más mezquinas estrategias de propaganda negra, sobre las cuales, no existe recato ni autoridad electoral que pueda si no detenerla, al menos contenerla.
Ya estamos inmersos en la propaganda política que concluirá tres días antes del domingo 1 de julio del 2018, lapso que transcurrirá rápidamente, en el cual, escucharemos ataques, filtraciones, la aparición de bots en las redes sociales, la publicación de algunas encuestas sobre tendencias electorales y, espero, el debate de los candidatos que saturarán los espacios informativos de triunfalismos prematuros y de dudosa credibilidad.
Cuando contemplamos este escenario de lucha por el poder en México, en el que la ética, los valores de transparencia de recursos en el financiamiento de procesos electorales son inexistentes, podemos deducir que a la democracia mexicana le falta mucho para madurar y para convertirse en una verdadera competencia electoral.
El cinismo, la traición, la opacidad, la mentira repetida miles de veces en medios de comunicación y en las redes sociales, son los antivalores democráticos que hasta este momento prevalecen en las elecciones mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal o municipal.
Los mexicanos no hemos podido construir una democracia en la que el ciudadano vea auténticamente reflejada su voluntad en la urna y en el resultado, en la calificación que haga el órgano electoral correspondiente.
Quizá ese sea uno de los motivos por el que las elecciones registran un alto porcentaje de abstencionismo; quizá esa sea a causa de que las elecciones en un país en vías de desarrollo, sean más caras que las que se realizan en el primer mundo, donde los procesos democráticos están más consolidados.
El comportamiento de ciudadanos y autoridades electorales es contradictorio. Los primeros no incrementan sustancialmente su participación y los segundos elevan los costos de la elección, como si este factor fuera determinante para lograr la credibilidad de los mexicanos en los procesos electorales.
En este sentido la prospectiva es que las elecciones del 1 de julio en las que se votará por el presidente de la república, 500 diputados federales y 128 escaños en el Senado, así como la organización de comicios en 30 entidades federativas, se estima que se gastarán 2 mil 138.3 millones de pesos, cuando en las campañas de 2012, los partidos políticos recibieron 1,680.5 millones de pesos.
Pero si sumamos el financiamiento para las elecciones de este año que se realizaron en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, así como el presupuesto para el INE (Instituto Nacional Electoral), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y las entidades federativas donde habrá comicios, el costo será superior a los cuatro mil millones de pesos.
Lo anterior significaría que el costo por las elecciones será el más grande en la historia democrática del país y que podría rebasar en casi 30 por ciento, al costo de las elecciones realizadas en 2012.
Habría que recordar que a partir de 1997 los partidos políticos en México empezaron a recibir financiamiento público, con la intención de incentivar la competitividad electoral y evitar la supremacía de un partido político, el PRI, que había gobernado al país hasta esa fecha.
Desde 1997 y hasta el 2015 los partidos en México habían recibido una cantidad cercana a los 80 mil millones de pesos, pero en la actualidad esa cantidad se verá sustancialmente modificada.
En Estados Unidos el financiamiento de las elecciones proviene prácticamente de las empresas y los ciudadanos, en tanto que en Europa de las arcas públicas. En México el financiamiento es de origen público y se permite el dinero privado en menor cantidad, con el objeto de que los empresarios y el crimen organizado no influyan en los procesos electorales.
A pesar del costo millonario en partidos políticos y procesos electorales el Estado mexicano no ha logrado ganar la confianza de los electores y menos aún, la certeza en los resultados electorales.
Nuestra democracia no satisface a nadie, pero los partidos políticos lejos de procurar una mayor certeza y equidad en las contiendas electorales, han hecho un gran negocio patrimonial y personal, plagado de opacidad y derroche.
El 2018 será más de lo mismo.
