Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
La violencia que no cesa en el país y particularmente en Zacatecas pone de relieve en el primer lugar, al tema de la seguridad, no solo como slogan de las campañas electorales que tendrán verificativo este año, sino como una demanda social y exigencia ciudadana, ante la incapacidad del Estado mexicano para garantizarla.
En Zacatecas la primera semana del año inició con un reguero de víctimas entre los que destacan mujeres, mandos policíacos y una menor de edad, mientras que algunas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizan más conferencia de prensa y abren carpetas de investigación, pero no muestran resultados en la política de contención de este tipo de delitos dolosos que marcaron al estado con el índice más alto en su historia.
La incidencia del delito en Zacatecas se agravó de manera exponencial y prácticamente, concluyó el año como la sexta entidad federativa con mayor incidencia en homicidios dolosos.
De acuerdo a las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) el estado de Zacatecas registró hasta el mes de noviembre de 2017, una tasa de 32.87 muertes intencionales por cada 100 mil habitantes, en tanto que la media nacional fue de 22 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes en ese período.
Pero el año comenzó con delitos de alto impacto, con ejecuciones de mando policíaco en Guadalupe y en crímenes en Fresnillo. En este último municipio se registró el daño colateral en una pequeña de tan solo tres años de edad.
Y aunque el gobierno estatal desplegó el año pasado una campaña mediática de prevención del delito, hasta el momento no se registran resultados positivos y menos aún, acciones de contención que frenen esta ola de violencia que envuelve a la sociedad zacatecana.
Desde la llegada del gobernador priista Alejandro Tello Cristerna en el 2016 los crímenes han ido a la alza, sin que hasta el momento se disminuya sustancialmente este fenómeno, lo que obligó al mandatario estatal a comprometer en que el presente, será el año en el que la prioridad de su administración será la seguridad y el empleo.
El pasado sábado 16 de diciembre de 2017 la 62 legislatura aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, lo que transforma a la actual Procuraduría en Fiscalía General, acción de transformación del marco jurídico pero que no avizora cambios sustanciales inmediatos en la impartición de justicia y menos aún, en la investigación del delito.
Durante el presente año, por cierto, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal ejercerá un presupuesto de 1 mil 42 millones de pesos, con lo que se esperan mejores resultados en la materia.
Pero la economía zacatecana no atraviesa por un buen momento. La situación de “asfixia” financiera en la que la postró el ex mandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, ha complicado la conducción financiera del estado y frenado el desarrollo de la economía local.
En ese contexto el año pasado ante el impedimento de solicitar un empréstito a la banca comercial, el gobernador Tello Cristerna planteó al congreso del estado, la solicitud de nuevas figuras impositivas en materia de ecología a empresas mineras y a la cervecera; de infraestructura al contribuyente e incrementó el impuesto a la nómina y el de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Mientras que en el 2017 el paquete de Ingresos aprobado por el congreso fue de 35 mil millones de pesos, el del presente año fue de solo 30 mil 463 millones de pesos, integrado de manera más realista, sin la expectativa del Impuesto de Remediación Ambiental que se proyectó, pero que fue controvertido por la presidencia de la republica el año pasado.
Aunado a lo anterior los incrementos en energéticos como gasolinas y gas doméstico ya repercuten en las economías de los zacatecanos, pues el alza en tortillas y otros productos básicos ha sido inmediata.
Será un año difícil el 2018 en materia económica pero lo político y social no están exentos de complicaciones, como se puso de manifiesto durante los trabajos de intervención del Centro Histórico ordenados por el ayuntamiento de Zacatecas, y que fueron bloqueados por los comerciantes, al considerar que la medida, como estaba proyectada inicialmente, afectaba a la actividad económica en esa zona, sobre todo en temporada alta de turismo.
La anterior no es la primera decisión polémica que se toma en el cabildo capitalino, habría que recordar el proyecto de destrucción del rastro municipal y construcción de un estacionamiento en la central de abastos, cuya obra ya había sido licitada por la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) pero sin la aprobación del ayuntamiento de Zacatecas, lo que además de ser una invasión a la autonomía municipal, se encontró también con la oposición del gremio de los tablajeros.
Estas decisiones, quizá necesarias pero que no han sido consensadas adecuadamente con los gremios afectados, catapultan el cuestionamiento a la autoridad municipal y la someten a un severo proceso de desgaste en un año electoral.
Habría que recordar en este contexto que en el proceso electoral estatal del 2016, la capital del estado fue conquistada por el Movimiento de Regeneración Nacional, triunfo impugnado por el PRI y arrebatado a aquel partido político, por lo que en la reposición de la elección por parte del Trife, el tricolor obtuvo una estrecha victoria gracias a que Morena no participó.
Es por ello que la capital zacatecana representa en estos momentos un alto riesgo para el priismo gobernante, y una gran oportunidad electoral para la oposición, lo que no conviene a la actual administración que tendrá un año político muy complicado en el cual, por primera vez en su historia, registrará comicios concurrentes.
El gobernador Alejandro Tello estará muy ocupado en el presente año puesto que además de meterse al cien por ciento para frenar o contener los hechos de impacto que agreden a la sociedad, pero que además afectan al estado que gobierna, deberá no descuidar el aspecto financiero y menos aún el político, en donde el ex gobernador Miguel Alonso Reyes le sigue metiendo ruido en su afán por pretender mantener una influencia política en el estado y obtener una candidatura por el senado de la república.
El mandatario estatal tendrá que exigir mejores resultados a su equipo de trabajo, mantener la disciplina financiera y fortalecer el control político en los próximos días, lo que será la base que le de viabilidad a su quinquenio.
Al tiempo.
