El zacatecano Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de coordinación de delegaciones de la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y colaborador cercano a Rosario Robles Berlanga, es uno de los tres testigos que aportaron testimonio a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la ex funcionaria, a quien se le imputa daño al erario público por 5 mil 073 millones de pesos.
El testimonio del zacatecano se suma al de José Antolino Orozco Martínez y María del Carmen Gutiérrez Medina, funcionarios que trabajaron estrechamente con Robles Berlanga, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración priista de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a la investigación periodística realizada por el portal informativo animalpolitico.com Marcos Salvador Ibarra Infante en su calidad de director general adjunto de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, firmó el convenio UCD33901.014/2015 con la Universidad Autónoma de Zacatecas en el año 2015, durante el rectorado del ingeniero Armando Silva Cháirez, lo que forma parte de la denuncia interpuesta en el año 2017.
En la misma información de referencia se asienta que en la Sedatu, cuando ya fungía como director general de coordinación de delegaciones, Marcos Salvador Ibarra Infante firmó convenios con la Universidad Politécnica del estado de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015 y uno más con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, que sumaron 313 millones de pesos.
Cabe mencionar que tanto Ibarra Infante como José Antolino Orozco Martínez y María del Carmen Gutiérrez Medina, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones sobre la triangulación de recursos públicos documentada en lo que se ha conocido mediáticamente como “La Estafa Maestra”.
El portal informativo de la revista Espansión.mx da a conocer que entre abril y mayo del presente año la FGR desistió de la acusación en contra de los tres exfuncionarios mencionados -a quienes señalaba de presuntos desvíos a través de convenios con universidades- para después negociar, según el diario Reforma, un acuerdo de criterio de oportunidad.
