Por Juan Gómez
La violencia desatada el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, puso sobre la lona no solo la imagen del gobierno federal, sino que evidenció su incapacidad para enfrentar a la delincuencia organizada en el país, lo que coloca en una zona de riesgo no solo la estabilidad de México, sino que lo pone en los umbrales de un Estado fallido.
El gobierno mexicano no ha sabido resolver y mucho menos enfrentar dos crisis que lo mantienen hasta este fin de semana en una situación verdaderamente preocupante:
1.- La crisis de seguridad
2.- Crisis de información y comunicación.
México se convirtió en noticia mundial el pasado jueves no solo por la desbordante violencia desatada en Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa, sino por la forma como fue solucionada al liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante “Chapo” Guzmán, preso en una cárcel de alta seguridad en Nueva York.
La aprehensión del hijo del “Chapo” desató una escalada de violencia que permitió tomar el control al cártel, a grado tal que liberaron a 51 reos peligrosos de la cárcel de Aguaruto, tres de los cuales se entregaron voluntariamente.
El gobierno mexicano argumentó que por proteger la vida de los ciudadanos se decidió aprobar la propuesta del Gabinete de Seguridad y liberar al hijo del narcotraficante de 29 años de edad.
El Estado Mexicano tiene bajo sus atribuciones el uso legítimo de la fuerza y la violencia, así como la aplicación de la Ley a quienes la transgredan, y el jueves sucumbió ante estos preceptos y obligaciones constitucionales.
Este fin de semana se dio a conocer en un comunicado que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y contra quienes resulten responsables de la puesta en libertad de Ovidio Guzmán López.
El comunicado panista establece que “al haber liberado al hijo del Chapo se condenó a todos los mexicanos a mayores riesgos por su vida, su patrimonio y tranquilidad, esto es sumamente delicado porque al claudicar el gobierno, nos somete a todos, ante una delincuencia creciente, cada vez más violenta y organizada”.
La noticia que ocupó los principales espacios de los medios de comunicación internacionales, mostró críticamente el sometimiento del gobierno mexicano a la fuerza reactiva de la delincuencia organizada.
No ha quedado duda de la debilidad para enfrentar al crimen organizado y de la estrategia fallida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su administración se había pronunciado a favor de una amnistía para los criminales, y después disfrazó su discurso con sarcasmos, ironías y burlas para combatir a la delincuencia que cada vez se fortalece más en el país.
La estrategia gubernamental del “fuchi, guácala” desnuda el discurso facilón presidencial y la falta de una estrategia eficaz y contundente contra la delincuencia; el llamado a los papás y a las abuelitas para que regañen a sus hijos asesinos y delincuentes, es solo la muestra de la ausencia de un estadista que México necesita y al que le urge.
Lejos de reunirse con el Gabinete de Seguridad para analizar las medidas a tomar para enfrentar la gravedad de la situación, el presidente decidió irse de gira a Oaxaca, para hacerse una limpia y recibir porras de los niños oaxaqueños.
Pero como el presidente de la República continúa concentrando el poder, cuando la prensa le preguntó sobre los acontecimientos y la liberación del capo, respondió que al siguiente día daría información en su conferencia mañanera.
Mientras tanto la carencia de la información de la presidencia de la República brilló por su ausencia. Los medios de comunicación transmitieron información que después sería reforzada por los abogados de Guzmán Loera, quienes al siguiente día darían una conferencia de prensa para agradecer al gobierno la liberación del hijo del Chapo. Increíble!.
El problema de fondo va más allá de la imagen del presidente de la República. La gravedad de la situación llega a los umbrales del Estado fallido o Failed State, producto del fracaso total o parcial de las estructuras o instituciones responsables de mantener el orden, la estabilidad y sobre todo, el imperio de la Ley en un país.
Ante esta situación de nada sirven los altos índices de popularidad que manejan las encuestas, o los millones de trolls que inundan las redes sociales en contra de quienes cuestionan las acciones o decisiones del gobierno en turno.
Tampoco es con un juego de palabras o de sermones como se enfrentará a una delincuencia que supera en los estados de la federación en número de elementos y capacidad de fuego al gobierno, estatal o federal.
Por el bien de todos los mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está obligado a cambiar sustancialmente no solo de discurso, sino de estrategia y de actitud, para conducir al país con certeza, con mano firme y con claridad, porque el colapso social y político está a la vuelta de la esquina.
Al tiempo.
