Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
En Zacatecas operan cinco cárteles de la delincuencia organizada que se disputan el control del trasiego y distribución de las drogas ilícitas, y que además incurren en el robo, secuestro y cobro de piso, para poder financiar y proteger sus actividades.
La delincuencia organizada hizo su aparición violenta en Zacatecas durante la administración de la gobernadora perredista Amalia García Medina (2004-2010), período en el que se desnudó la impreparación y debilidad de las corporaciones policíacas en el estado.
Después de aquellos acontecimientos que modificaron las estructuras, equipo, operaciones y capacidad de fuego y de elementos policíacos, no ha sido posible contener la tendencia al alza de los crímenes, secuestros, robos, feminicidios y cobro de piso en el estado de Zacatecas.
El gobernador priista que derrotó al perredismo en el estado, en el que militó y le permitió gobernar la capital zacatecana y encabezar la Secretaría de Turismo estatal, Miguel Alonso Reyes, creyó que con dinero se terminaría la inseguridad y por ello, invirtió más de 5,000 mil millones de pesos durante su período gubernamental en materia de seguridad.
El relevo de Alonso Reyes en el gobierno estatal, Alejandro Tello Cristerna, advirtió desde su campaña electoral que dos serían sus prioridades: seguridad y empleo. Pero hasta el momento no ha podido contener los altos índices de percepción de inseguridad y de homicidios dolosos en el estado.
El actual mandatario estatal es un buen administrador, tiene ese perfil profesional y laboral, pero encontró un estado “asfixiado” por la situación financiera en que lo dejó su antecesor, por lo que no ha podido emprender las obras de infraestructura que requiere el estado y, menos aún, invertir en materia de seguridad para contener la grave situación en la que se encuentra el estado que gobierna.
El próximo año se avizora más catastrófico porque lejos de invertir en materia de seguridad, se perfila una disminución presupuestal y la perspectiva es altamente preocupante.
El Secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Ismael Camberos Hernández, dio a conocer a Pórtico Online que habrá una reducción en el presupuesto para seguridad pública el próximo año 2020, lo que afectará las estrategias de contención, investigación y de respuesta inmediata por parte de las corporaciones estatales en contra del crimen organizado y la delincuencia común.
Camberos Hernández consideró que habrá un recorte importante al Presupuesto, y que habrá menos recursos que limitará operaciones y la planeación estratégica que ya estaba contemplada para el 2020.
Pero no solamente en la Secretaría de Seguridad Pública se avizora una reducción presupuestal para el próximo año, también en la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, en donde se estima una disminución de casi el cinco por ciento, lo que se traduciría en una disminución de 31 millones de pesos.
El impacto mayor se generaría en los capítulos 2000 y 3000 en los que habría 27 millones menos para la operación, mientras que para el capítulo 5000 la reducción es mayor de tres millones de pesos.
Plantearlo administrativa y genéricamente no se dimensionan los efectos negativos de la disminución presupuestal, pero la realidad es que habrá menos recursos, por ejemplo, para la compra de combustible, para la adquisición de equipo de inteligencia (uno de los rubros claves y estratégicos para el combate a la delincuencia organizada y común); también habrá menos capacidad financiera para la realización de operativos, asesorías en materia de secuestro y de material de laboratorio.
En materia de impartición de justicia también se vislumbra una reducción drástica en el Poder Judicial de Zacatecas, debido a que se prevé una disminución de aproximadamente 35 millones de pesos, lo que impedirá la suspensión de su crecimiento y la atención a los temas pendientes en impartición de justicia.
Una de las áreas que serían más afectadas serían la instalación de los juzgados laborales que por mandato de Ley deberán instalarse en el año 2020, para dar cumplimiento con la normatividad laboral.
El Poder Judicial zacatecano tendría solamente capacidad para pagar prácticamente la nómina, pero sin contemplar un incremento salarial para su personal, particularmente para los jueces, si es que no se modifica el presupuesto que envió el Ejecutivo del estado.
De no sufrir modificaciones el paquete presupuestal enviado a la LXIII legislatura del estado por parte del Ejecutivo, la estrategia en materia de seguridad y de impartición de justicia, sufriría un estancamiento que podría repercutir en un mayor incremento de los índices de violencia en el estado, y de impartición de justicia, así como de incumplimiento con las reformas de la Ley Federal del Trabajo.
El escenario complicado se daría en la antesala de la renovación del Ejecutivo del estado, del congreso estatal y de los 58 ayuntamientos zacatecanos, lo que vulneraría la eficacia administrativa y debilitaría el término quinquenal de la actual administración gubernamental, lo que presentaría un escenario favorable para el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) en la sucesión o alternancia gubernamental.
¿Cuál será la decisión que tomen los diputados de la LXIII legislatura cuando sometan a discusión y aprobación el Paquete Presupuestal 2020?
¿Decidirán a favor de Zacatecas o en atención a la estrategia de sus partidos e intereses políticos?
Al tiempo.
