Zacatecas. – Colectivos feministas piden la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que interceda en el cumplimiento de justicia en el caso de una niña que fue violada sexualmente el pasado 2 de abril de este año por un adolescente de 16 años de edad.
Igualmente se hace la petición al Congreso de la Unión, para que se revise y se corrijan las anomalías por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJEZ). Además de denunciar que el “error de logística” entre los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación dejarán sin efecto el juicio de amparo presentado el pasado jueves 28 de agosto.
Aparentemente de seguir sin que se presente una pronunciación por parte del segundo tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, no se podrá continuar con la medida cautelar al adolescente, que podría salir libre el próximo 5 de septiembre, derivado de que, por ser un adolescente, no puede seguir más de cinco meses en prisión preventiva.
El juez segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación que resolverá del amparo interpuesto por la niña es Juan Antonio Gutiérrez Gaytán y los integrantes de este tribunal colegiado son los magistrados Carlos Arturo González Zarate y Francisco Olmos Avilés.
Además, señala que la directora de la unidad de adolescentes en conflicto con la ley lleva el mismo apellido que el imputado, presunto violador de la niña, de quien no se dieron datos al respecto ni apellido que lo liga al victimario.
Por ello, en el comunicado imperan que se debe resolver el amparo con apoyo de la intervención de las autoridades federales, pues de no ser así, se cumpliría un escenario en contra de los derechos humanos al acceso a la justicia de la menor violada sexualmente.
A pesar de que se movió la audiencia para el próximo 21 de septiembre de este año, la medida cautelar expira el próximo día 5 de este mes, con lo cual se cumpliría que el imputado salga en libertad sin que se haya dictado justicia, gracias a las ilicitudes cometidas durante todo el proceso de investigación por parte de las autoridades del estado.
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