Por Juan Gómez
Director de Pórtico MX
¿Cuál será el precio político electoral que tendrá que pagar el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena por la desaparición de 109 fideicomisos la semana pasada?
En el escenario actual de crisis económica agudizada por el confinamiento provocado por la pandemia Covid-19, el gobierno federal podrá controlar y manejar discrecionalmente $68,400 millones de pesos aproximadamente, lo que dará una bocanada de oxígeno financiero a los proyectos presidenciales y a los programas sociales lopezobradoristas.
Empero el costo político y social no lo ha dimensionado el grupo político en el poder, porque la prioridad en este momento es asegurar el control económico para someter a los actores políticos y empresariales, en una palabra, condicionar a los grupos de poder fáctico del país para asegurar la mayoría en el congreso.
Pero se olvida el presidente López Obrador que todo tiene un costo, especialmente cuando se afecta a una sociedad en un proceso acelerado de depauperación económica, de crisis de inseguridad y sanitaria que no han sido atendidas eficazmente.
Al respecto no hay que olvidar que el 17 de marzo de 1995 el entonces líder de la bancada priista en la cámara de diputados, Humberto Roque Villanueva (íntimo amigo del presidente Ernesto Zedillo en esa época), festejaba con lo que se inmortalizó en la política mexicana -la roqueseñal- la aprobación de incremento del 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pasaba del 10 al 15 por ciento.
La roqueseñal indignó a una opinión pública que había estado expectante por el resultado en la cámara de diputados, y cuya economía se encontraba seriamente mermada por el “error de diciembre (1994)”.
El resultado de esta indignación que se conjugó con más de70 años de partidocracia, la crisis de inseguridad a causa de la ola de secuestros y crímenes en el país, condujo a una alternancia en el poder en el año 2000.
¿Qué sucederá con la extinción caprichosa de 109 fideicomisos que ha sido rechazada por la comunidad artística, científica, deportiva, periodística, social y por un amplio sector de una sociedad mexicana que se encuentra afectada las por erráticas medidas financieras que apuntan a un control unipersonal y político de la economía mexicana?
El primer aviso o ensayo lo dio el gobierno en mayo pasado con la pretensión de desaparecer el Fidecine (Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine).
La presión de los cineastas Quarón, González Iñárritu y Del Toro provocaron que Presidencia y el Senado recularan, a grado tal que el coordinador de la Junta de Gobierno la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, argumentara que no se tomaría una decisión precipitada.
Fue una decisión de cálculo político pero no de compromiso con la cinematografía mexicana a la que se le tomó el pelo y se le engaño.
La madrugada del jueves pasado la mayoría de los diputados de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del PES, aprobaron la desaparición de Fidecine, a pesar de las protestas de artistas que entregaron un legado de 75 mil firmas “por la no eliminación de fideicomisos que atenta contra diversos factores”, entre los que destaca el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.
En este contexto fue el festejo sobre la extinción de los 109 fideicomisos que hizo el senador Ricardo Monreal Ávila, político zacatecano que desde 1988 desarrolla una carrera parlamentaria y que, en la actualidad, ha sido en tres ocasiones senador de la República, pero su actuación en esta ocasión ha sido no solamente lamentable, sino de complicidad gubernamental en su carrera política rumbo a la presidencia de la República.
Monreal Ávila tiene ahora la misión de ratificar la aprobación que por mayoría hizo la Cámara Baja la semana pasada y, como político que solo busca el logro de sus intereses personales, no dudará en acatar la “Fe ciega” que el presidente López Obrador ha demandado de los integrante y protagonistas de la mal llamada Cuarta Transformación.
Este es el escenario que hoy vivimos en el ámbito político-legislativo en el marco del proceso electoral 2020-2021, pero el próximo año la oposición electoral y la ciudadanía, tendrán una enorme oportunidad para darle un revés a las intenciones presidenciales de controlar al país para sumergirlo bajo la conducción del autoritarismo presidencial y el populismo político.
Al tiempo.
