EFE.- El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”, según un informe presentado este martes por el centro de análisis México Evalúa.
En 2019, la impunidad se situaba en un 92.4%, por lo que el dato de 2020 indica un aumento en la impunidad.
“A nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100,000 habitantes, en promedio”, detalló la organización.
En el informe “Hallazgos 2020” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP) en México.
De acuerdo con el análisis de México Evalúa, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
El informe detalla que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%.
Por otro lado, la octava edición de dicho informe también revela un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21% y de los procedimientos abreviados en un 16%.
Estos “vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas”.
“En la práctica, ningún delito se esclarece realmente y solo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país”, expusieron.
Con esto, se permite la fabricación de culpables y se niega la verdad para las víctimas, consideraron.
México Evalúa también recogió que una de cada cuatro detenciones en México son ilegales.
El informe, que se presenta habitualmente de manera anual, integra en esta ocasión una evaluación con enfoque de género “a la operación y resultados del sistema penal”.
