El viernes pasado, el Consejo Nacional del INE aprobó el proyecto del titular del organismo, Lorenzo Córdova, en una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, que se traducirá en la suspensión de la contratación de capacitadores de funcionarios para las más de 161,000 colegios electorales que se tenían previsto instalar para la jornada.
Córdova insistió en que el instituto no cuenta con presupuesto suficiente para realizar la consulta, después de que el Congreso, con mayoría del oficialista Morena, aprobara un recorte de 4,913 millones de pesos (unos 235.000 dólares) al ente electoral.
El INE presentó el 7 de diciembre una controversia constitucional ante el alto tribunal contra el recorte presupuestario, pero los magistrados resolvieron que el instituto reajustara sus fondos ya aprobados por el Congreso.
Sin embargo, la Corte dejó en claro que no puede atender la queja del organismo hasta que se confirme que se realizará la consulta, que, de acuerdo con la Constitución mexicana, necesita el 3 % del censo electoral, distribuidas en al menos 17 estados del país.
Los políticos, todos ellos integrantes del oficialista partido Morena que promueve la consulta, dijeron que la decisión del Consejo General del INE no solo va contra lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el sondeo, sino que “atenta contra los derechos políticos consagrados en la constitución”.
Criticaron que para “algunos consejeros” del INE fue más fácil explicar las razones en contra de la consulta “que encontrar “cómo sí” pudiera garantizarse” dicho ejercicio.
Y aseguraron que lo que está en juego no es el resultado de la consulta en sí, sino saber si las y los mexicanos “tenemos el derecho a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales de nuestra patria”.
La revocación de mandato, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del presidente López Obrador y ha sido criticada por la oposición por utilizarla como una ratificación y no una revocación de mandato, además de limitar el presupuesto del INE para poder llevarla a cabo.
Finalmente, las y los gobernadores, dijeron que la democracia no es un proceso que se vive solo cada seis años, sino que “debe ser un sistema en donde todos los días el pueblo ejerce sus derechos de participación y decisión” y pidieron a los consejeros reconsiderar la decisión.
Reacciones diversas
La decisión del INE ha provocado diversas reacciones. El sábado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se sumó a la polémica y en su cuenta oficial de Twitter defendió la consulta.
“Posponer la revocación de mandato busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del Presidente López Obrador. Prevalece un cálculo político. El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten. A nadie conviene”, escribió.
Mientras que representantes de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Internacional (PRI) respaldaron la resolución del ente electoral.
