ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
SemMéxico, Ciudad de México. Sí fue alarmante cuando la periodista aseguró que hay presencia de la delincuencia organizada en ese bosque que ella defiende apoyando a los vecinos. –Tienes que duplicar tus medidas de autoprotección—se le insistió con vehemencia.
El sobresalto por esa presencia es que entre 2022 y 2023 la mayoría de los 36 periodistas asesinados lo fueron con la violencia extrema de estos grupos, de acuerdo con datos hemerográficos. Y el reporte más reciente del Instituto para la Economía y la Paz indica que desde 2015, “la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado un 64.2 por ciento” y que con violencia extrema se han ultimado a 54 activistas ambientales tan solo en 2021 y a 403 policías en 2022.
Por esos datos y otros se infiere que grupos de la delincuencia organizada paulatinamente también han colocado a periodistas como objetivos a eliminar; igual que lo han hecho con personas que presumen como competidoras, policías y defensores de derechos humanos, singularmente ambientalistas. Esto debieran tenerlo muy presente los operadores del mecanismo federal de protección.
Contra periodistas
El director de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque informó el 15 de agosto a la Cámara de Diputados que oficialmente se habían contabilizado 58 asesinatos de periodistas durante este gobierno federal: 2 en diciembre de 2018; 14 en 2019; 17 en 2020; 9 en 2021; 23 en 2022 y 13 en 2023.
Reportó que hasta ese momento había más de 600 periodistas integrados al Mecanismo, la mayoría de seis entidades del país que coinciden con los registros de alta violencia por la delincuencia organizada. Añadió que en conjunto con defensores se han aprobado 72 servicios de escolta y que existen 82 refugios de seguridad.
De los 36 periodistas asesinados entre 2022 y 2023, los datos obtenidos en notas de prensa indican la violencia extrema ejercida en la mayoría de los casos. Ejemplos:
En 2022 así fueron ultimados en el primer trimestre José Luis Arenas Gamboa en Veracruz (los autores fueron identificados); Margarito Esquivel en Tijuana (3 vinculados a proceso); Lourdes Maldonado también en Tijuana (3 vinculados); Roberto Toledo en Zitácuaro; Heber López Vásquez en Salina Cruz (2 vinculados); Jorge Luis Camero en Empalme; Juan Carlos Muñiz en Fresnillo (1 detenido) y Armando Linares en Zitácuaro (3 identificados).
De mayo de 2022 en adelante fueron asesinados con premeditación Luis Enrique Ramírez en Culiacán; Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García en Cosoleacaque; Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria; Allán González en Ciudad Juárez, Chihuahua con tres trabajadores de la radio donde trabajaba y Fredid Román en Chilpancingo.
De los 13 casos de 2023 también se registra violencia extrema en la mayoría: en Tula Hidalgo así fue con el reportero independiente y ambientalista Abisaí Pérez Romero; a José Ramiro Araujo en Ensenada le quitaron la vida a navajazos; Gerardo Torres Rentería, fue ultimado a balazos en su domicilio de Acapulco; igual que Marco Aurelio Ramírez, en Puebla; a Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en Nayarit lo embolsaron y le dejaron un mensaje; Nelson Matus Peña, también fue baleado en Acapulco.
Por eso y más se hace indispensable que la fiscalía especial y el Mecanismo de protección realicen mejor y se compartan las tipologías de agravios y de victimarios para que se apliquen políticas públicas de prevención en zonas de alta violencia y no solo medidas precautorias contra los amenazados.
Imparable esa delincuencia
Quien revise el décimo Índice de paz México 2023 que realiza el grupo independiente del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) sabrá que no obstante que “La paz en México mejoró un 0.9 % en 2022 por tercer año consecutivo” dos indicadores se deterioraron en 2022: los delitos con violencia y los crímenes de la delincuencia organizada”.
Se subraya que la violencia contra las fuerzas de seguridad, periodistas y activistas sociales en México ha ido en aumento en los últimos años. Una de las causas es que “el 2022 estuvo marcado por cambios continuos en el panorama de la delincuencia organizada en México” por “una mayor competencia en los últimos años entre los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa”
En 2015, se contrasta en el reporte, “los enfrentamientos que involucraron al menos a uno de esos dos cárteles más poderosos del país representaron el 42 % de todas las muertes por conflicto de cárteles, pero para 2021 ya representaban el 95 % de los homicidios”.
El informe indica que “en 2022, fueron asesinados 403 policías, siendo Zacatecas el estado más mortífero para la policía. El año pasado también fue testigo del asesinato de 13 periodistas, convirtiendo a México en el segundo país más mortífero para los periodistas, sólo detrás de Ucrania. Este número es el más alto registrado en el país y representa casi el 20 % del total mundial. Además, un estudio de 2022 determinó que ha habido un número creciente de activistas ambientales asesinados en México durante la última década, con un récord de 54 asesinados en 2021”.
El informe indica que “En 2022, la tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado, con 167 delitos por cada 100,000 habitantes. Los deterioros fueron impulsados por aumentos en las tasas de extorsión y delitos de narcomenudeo, que aumentaron 14.9 y 4.1 %, respectivamente. La tasa de secuestro y trata de personas también registró un ligero aumento del 2.2 % en 2022, después de haberse reducido a menos de la mitad entre 2015 y 2021.
“La actividad de la delincuencia organizada sigue siendo el principal impulsor de los homicidios y la violencia con armas de fuego en México. Estimaciones recientes de la proporción de homicidios asociados con la delincuencia organizada han oscilado entre 68 y 80 %, frente a aproximadamente 44 % en 2015.
“Esto significa que, en los últimos ocho años, el número anual de homicidios relacionados con la delincuencia organizada aumentó de unos 8,000 a más de 23,500, mientras que el número no relacionado con la delincuencia organizada se mantuvo prácticamente igual”. (Ver https://www.indicedepazmexico.org/)
Con estos datos se concluye que la inseguridad causada por la delincuencia organizada es el tema de mayor atención y preocupación de la ciudadanía y de todo tipo de funcionarios; también debiera serlo de todas y todos los periodistas y de quienes intentan protegerles, especialmente a quienes realizan cobertura de corte policiaco, de justicia y corrupción de servidores públicos en municipios y estados de mayor violencia.
Ya se tienen suficientes evidencias para cambiar de métodos de análisis y comenzar a aplicarpolíticas públicas efectivas de protección integral para periodistas y activistas por los derechos de la gente. Expongo estos argumentos para que aumenten sus protocolos de autoprotección mis colegas, en especial quienes defienden esos derechos (como la periodista ambientalista). Mirada de reportero.
Enmienda. En la columna anterior de nombre “Proceso reveló que Morales Lechuga si reportó el enriquecimiento ilícito de Zorrilla”, redacté que en 1989 el procurador general de la República era Antonio Lozano Gracia. Fallé, porque el titular de la PGR entonces era Jorge Madrazo Cuéllar (PRI) quien sí recibió el reporte de la PGJDF sobre las riquezas mal habidas del ex Director de la Federal de Seguridad y de las que no hubo informe público de su destino. Disculpas.
